Sepes tendrá que pagar a Muface y Patrimonio Nacional por usar sus inmuebles para vivienda asequible

La Empresa Estatal de Vivienda Sepes tendrá que pagar a Muface y a Patrimonio Nacional por el uso de los inmuebles de ambas entidades para el desarrollo de vivienda asequible, ya que seguirán siendo las propietarias, a diferencia de los activos de Patrimonio del Estado, el Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), Adif y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), que se traspasarán a la sociedad dependiente de la ministra Isabel Rodríguez.

La proposición de ley registrada por el PSOE en el Congreso y redactada por los Ministerios de Vivienda y Hacienda contempla el paquete fiscal que dibujó el presidente Pedro Sánchez a principios de enero, cuando anunció un plan de choque de doce medidas para atajar los problemas en el mercado de la vivienda en España.

Pero, además, también establece el mecanismo por lo que se traspasarán gran parte de los inmuebles en manos del Estado a la nueva Empresa Estatal de Vivienda (cuya reconversión desde Sepes está prevista en los próximos meses) para efectuar políticas de vivienda asequible.

Así, una vez que Sepes considere que los inmuebles integrados en Patrimonio del Estado son aptos para el desarrollo de casas asequibles, el Ministerio de Hacienda los aportará a la entidad «en el estado en el que se encuentren», corriendo por parte de la Empresa Estatal de Vivienda su regularización registral y catastral. El procedimiento será similar en el caso de aquellos inmuebles que dependan de Defensa, de Transportes o de Interior.

La salvedad llega con los inmuebles de Muface, la mutualidad de los funcionarios, o de Patrimonio Nacional. En estos casos, Sepes podrá requerir aquellos inmuebles que considere aptos para el desarrollo de la política de vivienda asequible, pero la titularidad seguirá siendo suya y la Empresa de Vivienda tendrá que pagarles una parte de los gastos de explotación, «previa retención por SEPES de los gastos en que incurra en la gestión y rehabilitación de los mismos».

La ley, cuyo recorrido es incierto en el Congreso de los Diputados, contempla la posibilidad de que Sepes pueda conveniar con comunidades autónomas o ayuntamientos la puesta a disposición de estos inmuebles, de tal manera que puedan gestionarlas y ponerlas en el mercado «en régimen de alquiler asequible».

El Gobierno ha recurrido a la proposición de ley de un grupo parlamentario para acelerar los plazos y tratar de debatir esta norma cuanto antes, en la primera quincena de junio. La figura del proyecto de ley, reservada para el Ejecutivo, requiere de una maquinaria mucho más lenta y obligaría a llevarla a votación más allá del verano.

De esta manera, el Ejecutivo también se ahorra el coste político de aprobar un proyecto de ley y que la Cámara baja lo tumbe, como sucedió con la reforma de la Ley del Suelo, otra de las políticas clave de esta legislatura que fueron impulsadas por el Ministerio.

Sobre esta última, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo que «el Gobierno ya cumplió». «La Ley del Suelo, sobre todo, es un instrumento útil para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. Y ha sido el Partido Popular, que gobierna la mayor parte de las comunidades autónomas y de ayuntamientos, quien bloqueó esta ley«, recriminó en declaraciones a los medios de comunicación tras el registro de la norma.

Entre las medidas que se han incluido en el paquete fiscal están el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos, la creación de un nuevo Impuesto estatal sobre la compra de vivienda para extranjeros y extracomunitarios no residentes, la modificación del régimen fiscal de las socimi elevando su tipo al 25% pero con más supuestos de reducción, y varios cambios en el IRPF. Entre ellos, un aumento de la fiscalidad de las viviendas vacías para incentivar su puesta en el mercado de alquiler asequible.

Fuentes de Vivienda creen que el paquete está ganado en términos de opinión pública, pero ahora tendrán que batirse el cobre en sede parlamentaria. No solo por el PP, sino también por sus socios habituales. Las subidas impositivas pueden espantar a Junts o al PNV, aunque a estos últimos se les reconoce la capacidad de concertar el nuevo tributo con el País Vasco y Navarra. Y los partidos a la izquierda del PSOE criticaron las rebajas en el IRPF para los propietarios. Un encaje de bolillos, otro más, que afecta a la principal preocupación de los españoles.