El Gobierno registra la ley para subir el IVA a los pisos turísticos y vetar la compra de vivienda a extranjeros

El Gobierno ha registrado en el Congreso de los Diputados, a través del grupo socialista, un paquete fiscal para cumplir con los compromisos en Vivienda que desgranó el presidente Pedro Sánchez a principios de año, entre los que se incluye un aumento de la fiscalidad a los pisos turísticos y a la compra de vivienda para extranjeros extracomunitarios, así como otros cambios en el régimen de socimis o el IRPF.

El Ejecutivo recurre a la proposición de ley de un grupo parlamentario para acelerar los tiempos de una norma en la que han trabajado los Ministerios de Vivienda y de Hacienda.

Para limitar los pisos turísticos, se va a elevar su tipo de IVA al 21%, de tal manera que tributen como una actividad económica y no hagan competencia desleal a hoteles; y se crea un nuevo impuesto estatal que complementa al de transmisiones patrimoniales para elevar la carga fiscal a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes. El objetivo de este nuevo tributo es evitar la compra especulativa.

Además, se modifica el régimen de las Sociedades Cotizadas de Inversión (Socimi), que pasarán de tributar del 15 al 25%, salvo que se trata de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible.

Igualmente, se elevará la carga fiscal de las viviendas vacías a través del IRPF, para fomentar su salida al mercado, al tiempo que se extienden las bonificaciones en la renta para aquellos propietarios que pongan sus pisos en el mercado del alquiler por debajo del precio de mercado. El Gobierno también modifica la Ley del IRPF para ampliar a 2025 las deducciones fiscales por obras de rehabilitación energética.

La proposición de ley socialista cambia la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de impulsar la colaboración público-privada en la construcción de vivienda y actualiza las tablas del Incremento de Valores de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).

El paquete incluye también medidas para asegurar la permanencia del parque público de vivienda, regulando la transmisión a Sepes de suelo y patrimonio del Estado, para que puedan destinarlos a políticas de vivienda asequible. También se modifica la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para limitar permanente del precio de venta de las viviendas bajo la titularidad de Sepes, para proteger así la asequibilidad de las mismas.