Garamendi (CEOE) reconoce diferencias con Foment sobre la opa BBVA-Sabadell y pide respeto a los accionistas
El presidente de la patronal ha reclamado plazos más cortos para evitar "incertidumbre" y no desincentivar la inversión
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reconocido diferencias con la catalana Foment del Treball sobre la opa hostil del BBVA al Banco Sabadell pero ha pedido «respeto» a los accionistas para que tomen su decisión cuando se abra el periodo de aceptación de la oferta si la entidad sigue adelante con la operación.
«La CEOE es una Confederación y, de verdad, que va de abajo arriba. Dentro de la Confederación muchas veces no podemos por qué tener decisiones unánimes y Foment. Respeto profundo a la opinión de Foment«, ha dicho durante una rueda de prensa en el marco del curso de verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), que patrocina el BBVA.
Garamendi ha recordado que tanto BBVA como Banco Sabadell son empresas asociadas a la gran patronal, por lo que ha rehusado entrar en el fondo del asunto: «Yo soy cliente de ambas entidades», ha manifestado.
Sin embargo, la patronal catalana ha sido muy contundente en su rechazo a la operación. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ya considera imposible la fusión de BBVA y Banco Sabadell: «Con las condiciones que pone sobre la mesa el Gobierno, esta opa hostil la podemos dar por amortizada, porque no interesa a los accionistas».
El líder patronal ha sido muy crítico con la intervención del Gobierno y ha reclamado celeridad, ya que, casi catorce meses después de su anuncio, la operación sigue tramitando por los reguladores.
«Lo que sí creo y lo digo abiertamente es que no podemos estar catorce meses en una inestabilidad de si sale para adelante o para atrás. Eso perjudica a las dos instituciones», ha zanjado.
En cuanto a la condición impuesta por el Gobierno de que BBVA y Sabadell deberían operar de manera autónoma y con patrimonios separados durante al menos tres años si la opa sale adelante, Garamendi ha asegurado que el Ejecutivo podría haber planteado esa solución hace un año: «Nos ahorra un montón de trabajo y de seguimiento».
«Se ha politizado mucho esta historia desde hace un año. Esto se puede hacer en un espacio más corto de tiempo, porque crea indefinición a las dos partes», ha opinado.
La ley solo faculta al Gobierno a intervenir en un proceso de concentración cuando la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) concluye una Fase 2 de análisis de una operación y el Ejecutivo puede mantener, eliminar o imponer condiciones adicionales basadas en el interés general. Un proceso, hasta llegar a la autorización de La Moncloa de este martes, que se ha alargado durante más de un año.
«Es bueno saber cuáles son las normas, cuáles son las reglas y cuando haces una cosa saber lo que tienes que hacer y no estar dependiendo de opiniones política. Me toca recibir a muchos fondos e inversores extranjeros y la gente de fuera estas cosas las mira«, ha subrayado.
