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Ferraz quiso mantener “el control” de la SEPI de Belén Gualda tras lograr los rescates de Plus Ultra y Duro Felguera
El Gobierno nombra a Gualda en la SEPI justo después de que la FASEE autorizara el rescate de Plus, investigado también en la Audiencia Nacional
La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa, en el Hotel Novotel. Foto: Carlos Luján / Europa Press
El PSOE intentó que Leire Díez fuera nombrada Jefa del Gabinete de Belén Gualda tras su nombramiento como nueva presidenta de la SEPI en marzo de 2021. Según se refleja en el auto del juez, el «grupo» formado por la propia Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxón presionaron «para recuperar el control de SEPI. Aunque tenga que ser la que hable con el súper jefe».
El calendario descrito por el juez de la Audiencia Nacional sobre la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) arroja todavía más dudas sobre la legalidad de los grandes rescates públicos aprobados por el Covid. Según las conversaciones interceptadas por Santiago Pedraz, Leire Díez se ofrece para «recuperar el control» de la SEPI el día en que Belén Gualda es nombrada al frente de la SEPI. Este mensaje se produce, según el auto, un 3 de marzo. El 2 y 3 de marzo el SAFEE (el fondo de rescate de la SEPI para la crisis covid) da luz verde a los rescates de Plus Ultra y de Duro Felguera, respectivamente, para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros.
Es decir, una vez aprobados los rescates de Plus Ultra, Duro Felguera, y también Air Europa (unos meses antes), el Gobierno decide poner fin a la etapa de interinidad en la presidencia de la SEPI, que había durado dos años, desde 2019, cuando dimite su presidente, Vicente Cecilio Fernández, detenido hace tres meses en el marco de esta investigación y que también aparece en el auto como una de las personas que traman la operación ahora desarticulada.
El rescate de Plus Ultra está siendo investigado por el juez Calama en el marco de otra instrucción en la Audiencia Nacional que mantiene imputado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que declarará el próximo 17 o 18 de junio por posible tráfico de influencias y blanqueo. Plus Ultra ha costado al contribuyente 53 millones de euros, el de Duro Felguera otros 120 millones. El de Air Europa, unos meses antes, ascendió a 475 millones de euros, también bajo lupa judicial.
Ferraz intentó recuperar el control de la SEPI
El auto asegura que el objetivo del grupo formado por Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxón habría sido «valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública, orientar la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros y actuando siempre con una finalidad lucrativa; produciéndose su actividad fundamental desde el año 2021″.
La vinculación de Santos Cerdán se remonta al año 2018, ya que hay elementos documentales que lo demuestran. El exdirigente socialista mantuvo contactos con Vicente Fernández, que fue presidente de la SEPI entre el 23 de junio de 2018 y el 4 de octubre de 2019 y, posteriormente, con Leire Díez, con el objetivo de mantener su capacidad de influencia y decisión en el organismo.
Vicente Fernández dimitió en 2019 por su imputación por prevaricación en el caso Aznalcollar y Bartolomé Lora Toro asumió temporalmente las funciones y competencias de la presidencia en funciones hasta el nombramiento de Belén Gualda como nueva presidenta de la SEPI el 3 de marzo de 2021 (esta es la fecha que establece el auto de la audiencia, aunque la hemeroteca recuerda el nombramiento de Gualda unos días después, el 29 o 30 de marzo. Sea cual sea la fecha, no altera la secuencia de los hechos).

Leire Díez y Vicente Fernández mantuvieron contacto y una relación personal desde 2019, cuando la exmilitante del PSOE desempañaba funciones como responsable de Comunicación de ENUSA, la empresa pública participada por la SEPI y Vicente era todavía presidente de la SEPI. A finales del año 2020, conocieron a Joseba Antxón a través de Santos Cerdán y los cuatro habrían mantenido reuniones constantemente en 2021.
El auto destaca un mensaje del 20 de enero de 2021 de Leire a Vicente que le decía que estuviese «tranquilo con lo que iniciamos ayer», ya que lo importante era «saber que todos estaban alineados correctamente». Un día después, Leire mandó un mensaje a Santos Cerdán para tranquilizar a Vicente Fernández y le hacía saber que «lo está pasando mal» por la «situación y el tiempo que ha pasado». También mencionaba que «angustia que María Jesús no lo tome bien», posiblemente haciendo referencia a María Jesús Montero.
El 11 de febrero, Santos Cerdán, Vicente Fernández y Leire Díez volvieron a reunirse y la exmilitante del PSOE le envió el siguiente mensaje: «no merece la pena arriesgar con lo que hemos empezado hoy». Posteriormente, se produce el nombramiento de Belen Gualda como nueva presidenta de la SEPI y es cuando el grupo intenta que Leire fuera nombrada Jefa de su Gabinete.

Finalmente, ni Vicente Fernández ni Leire Díez lograron ocupar algún cargo en la SEPI. La exmilitante del PSOE fue contratada en Correos en noviembre de 2021, mientras que el expresidente de la SEPI fue contratado por la mercantil Servinabar el 1 de junio de 2021.
Ese mismo día se creó el grupo de Threema denominado «Hirurok«, que traducido al castellano significa «nosotros 3». Tanto Vicente Fernández como Joseba Antxón y Leire Díez habrían formado parte de él, siendo esta su principal vía de comunicación entre ellos.
Según se deduce de sus comunicaciones, cuando Santos Cerdán habría iniciado una relación con Leire Díez, le encargó en abril de 2024 «la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia del Presidente del Gobierno».
