Iberdrola se anota otra victoria contra GE Vernova y evita un arbitraje por su megaparque eólico en EEUU

El juez deniega los recursos del proveedor, que seguirá en el proyecto mientras se resuelve el litigio de 300 millones

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Iberdrola vuelve a anotarse una victoria judicial contra GE Vernova en el litigio por Vineyard Wind 1, el mayor parque eólico marino de Estados Unidos. Tras la negativa del tribunal a su intento de abandonar el proyecto alegando impagos superiores a los 300 millones de euros, el fabricante de turbinas pierde un recurso de apelación a la medida cautelar, así como su petición para elevar el litigio a un arbitraje internacional.

El juez Peter Krupp del Tribunal Superior del condado de Suffolk (Massachusetts) ha rechazado las dos de las principales ofensivas procesales desplegadas por GE Renewables, filial de GE Vernova, para levantar la medida cautelar que le impide abandonar el proyecto y obligar a Vineyard Wind a resolver el conflicto mediante arbitraje privado fuera de la justicia local.

La resolución judicial dictada el pasado 29 de mayo a la que ha accedido ECONOMÍA DIGITAL supone una importante victoria provisional para los promotores del parque eólico, Iberdrola a través de su filial Avangrid y el fondo Copenaghen Infraestructure Partners (CIP).

Ante la decisión de GE de dar por terminados los contratos, Iberdrola y CIP acudieron a los tribunales para solicitar una medida cautelar, una resolución temporal que busca evitar daños irreparables mientras se resuelve el litigio principal.

En abril, el juez Krupp aceptó la petición y bloqueó provisionalmente la terminación contractual, impidiendo a GE abandonar sus obligaciones dentro del proyecto mientras continuara la disputa judicial. La compañía estadounidense respondió con una ofensiva múltiple.

Así, presentó una solicitud para que el conflicto fuera trasladado a arbitraje, un procedimiento privado de resolución de disputas, y después solicitó formalmente que el magistrado reconsiderara la medida cautelar.

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Sin embargo, ambas iniciativas judiciales han fracasado finalmente. Uno de los argumentos centrales de GE consistía en defender que los contratos obligaban a resolver cualquier controversia mediante un sistema escalonado que incluía un comité técnico de resolución de disputas y, posteriormente, arbitraje.

Pero el juez ha concluido que las cláusulas contractuales permiten acudir a los tribunales cuando una de las partes solicita medidas urgentes de protección. En consecuencia, el procedimiento continuará en la jurisdicción ordinaria y no será trasladado, al menos por ahora, a un foro arbitral.

Krupp mantiene que la retirada del fabricante podría generar perjuicios muy difíciles de reparar para Vineyard Wind y pone especial énfasis en la dependencia técnica que todavía existe respecto a GE.

La resolución supone un duro golpe para la estrategia procesal de la compañía estadounidense, que buscaba recuperar la capacidad de ejecutar la rescisión contractual mientras se dirime el litigio de fondo.

Es la segunda victoria para la multinacional española que preside Ignacio Sánchez Galán y fundamental para mantener intacto el principal escudo jurídico que protege actualmente la viabilidad del proyecto.

Se trata de un parque vital para el sistema eléctrico de la población por valor de 4.500 millones de dólares y que ya paralizó la Administración Trump el año pasado, si bien la justicia falló también en favor de Iberdrola.

El fondo del litigio y los reclamos millonarios

El fondo de la disputa que enfrenta a GE Vernova con Vineyard Wind 1, sociedad participada al 50% por Iberdrola, a través de Avangrid, y por el fondo danés CIP. El desencadenante fue la decisión del fabricante estadounidense de rescindir varios contratos esenciales para el suministro, operación y mantenimiento de los aerogeneradores del parque.

GE sostiene que los promotores han retenido más de 360 millones de dólares (unos 310 millones de euros) que le corresponden contractualmente y que esa situación le habilita para resolver los acuerdos firmados entre las partes.

Iberdrola y CIP, por el contrario, defienden que esos pagos fueron retenidos como mecanismo de compensación por los importantes sobrecostes, retrasos y perjuicios derivados de los problemas técnicos sufridos por Vineyard Wind durante los últimos años, especialmente tras el fallo de una pala de una turbina ocurrido en 2024.

Los promotores han llegado a cuantificar los daños en 545 millones de dólares (470 millones de euros) e incluso 853 millones de dólares (735 millones de euros) si se contabilizan todas las penalizaciones contractuales, costes adicionales y pérdidas derivadas de los retrasos. Consideran que GE sigue siendo responsable de corregir problemas críticos pendientes en la instalación.

La última decisión judicial llega apenas unos días después de que GE recurriera la medida cautelar ante una instancia superior, en un nuevo intento por desbloquear su salida del proyecto.

La empresa argumentó entonces que Vineyard Wind ya había alcanzado la denominada fecha de operación comercial y que el parque estaba produciendo electricidad, por lo que su retirada no provocaría daños irreparables.

Los promotores, sin embargo, sostienen que la instalación continúa operando por debajo de su capacidad nominal y que todavía existen trabajos pendientes cuya ejecución depende directamente de GE.

Por ahora, el tribunal se inclina claramente por preservar el statu quo, primando el suministro eléctrico renovable de la región. Por su parte, GE sigue obligada a permanecer en el proyecto y el litigio continuará en los tribunales de Massachusetts.

Con este escenario, el proceso judicial sigue y aún queda por resolver si la el proveedor de turbinas tenía realmente derecho a romper los contratos o si será finalmente responsable de una parte sustancial de los costes derivados de los problemas que han sacudido el mayor parque eólico marino de Estados Unidos.

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