Los grandes del Ibex dejan solo a Sánchez y carga al contribuyente la compra de Telefónica

Los intentos de Pedro Sánchez de convencer a otras empresas del Ibex en participar en la entrada en Telefónica han resultado infructuosos.

Pedro Sánchez, durante su discurso de investidura. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

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El Presidente del Gobierno cargará al bolsillo de los contribuyentes la compra del 10% de Telefónica por parte de la Sepi, valorada en más de 2.000 millones de euros. Los intentos de Pedro Sánchez de convencer a otras grandes compañías del Ibex de participar en la operación no han dado resultado, al menos de momento.

De acuerdo a varias fuentes empresariales, el Presidente del Gobierno ha tratado en las últimas semanas de que algunos de los empresarios más reconocidos del país se sumaran al Estado en la compra de Telefónica, recibiendo negativa como respuesta.

Sánchez trataría así de contrarrestar la entrada de la operadora saudí STC en Telefónica, que el pasado 4 de septiembre anunció la compra del 9,9% de la multinacional española.

Sin embargo, la compañía saudí por ahora tiene que conformarse con la compra del 5% del capital. El resto, hasta el 9,9%, está pendiente de que reciba las autorizaciones pertinentes del Ejecutivo, en particular del Ministerio de Defensa, que hasta ahora ha mantenido un silencio sepulcral sobre la operación.

La intención de STC es alcanzar ese 9,9% de Telefónica, pero tras el anuncio ayer martes de la entrada de la Sepi en la compañía española, las aspiraciones de los saudíes podrían haber cambiado.

Entre los empresarios tanteados por el Ejecutivo para apoyar el desembarco patrio en Telefónica estarían Amancio Ortega, el primer accionista de Inditex, o Florentino Pérez, el presidente de ACS, algo que las compañías niegan, pero que aseguran distintas fuentes empresariales.

De acuerdo a fuentes cercanas a Pontegadea, la sociedad de inversión de Amancio Ortega «nunca invertirá en Telefónica«.

La empresa, a través de la cual el fundador de Zara gestiona un patrimonio inmobiliario valorado en más de 18.000 millones, participa también en el capital de Enagas y Redeia, dos compañías controladas por el Estado y cotizadas, por lo que sería a priori un socio ideal para entrar igualmente en el accionariado de la operadora española.

Sin embargo, aseguran las fuentes cercanas a la firma de Ortega, Pontegadea solo invertirá en compañías que permiten a otras prestar un servicio.

Siguiendo esa filosofía de inversión, Pontegadea nunca invertirá en Telefónica, pero sí en Telxius (la filial de infraestructuras de Telefónica, que gestiona los cables submarinos del grupo), al igual que no entrará en el capital de Repsol o Iberdrola pero sí en negocios conjuntos con estas multinacionales.

Belén Gualda, presidenta de Sepi. EFE
Belén Gualda, presidenta de Sepi. EFE

También mencionan las fuentes consultadas a CaixaBank y BBVA, las dos entidades financieras españolas que ya forman parte del núcleo duro de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete, y que habrían sido contactadas para elevar su participación en Telefónica.

El presidente de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, se reunió con Sánchez en Moncloa hace dos semanas. En el encuentro, el Presidente del Gobierno habría asegurado a Fainé que no habría intromisión política en CaixaBank, por los rumores sobre un presunto asalto independentista a la entidad financiera. No obstante, ayer mismo, tras el anuncio de la entrada de Sepi en Telefónica, ERC requirió que la operadora sea «nacionalizada».

Deuda pública

La entrada de la Sepi en Telefónica ordenada por el Gobierno incrementará la deuda del organismo público hasta niveles récord, de más de 5.000 millones de euros. Como ha publicado este periódico, el organismo presidido por Belén Gualda finalizó el ejercicio pasado con una deuda de 3.040 millones de euros.

En el comunicado del martes de la Sepi a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el organismo no precisaba cómo tiene previsto financiar su entrada en Telefónica, si mediante financiación bancaria u otra alternativa. Tampoco quiso desvelar si pretende reclamar representación en el Consejo de Administración de la operadora, con uno o dos asientos.

La operación anunciada ayer martes, el primer regreso del Estado a los antiguos monopolios, elevará la participación pública en compañías españolas del Ibex hasta los 22.000 millones de euros.

El anuncio de la compra también coincide con las negociaciones enfrentadas entre Telefónica y los sindicatos, por el ERE anunciado por la compañía, que afectará a cerca de 4.000 empleados.

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