Los tribunales desestiman los recursos de El Corte Inglés para no pagar 120 millones del impuesto medioambiental

La justicia catalana y aragonesa tumban varios recursos presentados por la compañía para esquivar un tributo medioambiental aplicado sobre las grandes superficies

Una imagen de El Corte Inglés de plaza Cataluña, en Barcelona. EFE/ Marta Pérez

Una imagen de El Corte Inglés de plaza Cataluña, en Barcelona. EFE/ Marta Pérez

El Corte Inglés comienza a tener asumido que deberá pagar el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (IGEC). La compañía puso varios recursos al tributo que imponen Cataluña, Aragón y Asturias, pero los tribunales los rechazaron uno tras otro. La empresa ya tiene provisionados 122,2 millones para hacer frente al impuesto ante el escaso éxito en los juzgados.

Entre el mes de junio y principios de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y su homólogo aragonés desestimaron quince recursos presentados por el gigante de la distribución, según ha podido comprobar Economía Digital en registros judiciales. Estas negativas se sumaron a las que obtuvo ya antes de la pandemia.

En sus demandas, la empresa que preside Marta Álvarez denuncia que el impuesto de estas regiones va contra la libertad de establecimiento de la Unión Europea, que podría suponer una ayuda ilegal contra los centros que escapan a la tasa y que solamente el Estado tiene potestad para fijar nuevos tributos.

La sala de lo contencioso de ambos tribunales, sin embargo, negó este argumento, si bien la sentencia se puede recurrir.

Pero aunque a El Corte Inglés todavía le queda el margen del recurso en Cataluña y Aragón, no parece tener muchos visos de éxito pues el Tribunal Supremo se pronunció en la misma línea.

Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés.

En junio de 2019, la batalla legal vivida en Asturias por el mismo impuesto llegó al alto tribunal, que lo consideró ajustado al derecho. Además, condenó a la organización a hacerse cargo de las costas tras cinco años de enfrentamiento.

En la sentencia, el Supremo ya lanzó un aviso al gabinete jurídico de los grandes almacenes: tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el propio tribunal “se pronunciaron en numerosas ocasiones” sobre el impuesto tanto en Asturias “como sobre tributos similares en Aragón y Cataluña”.

El Corte Inglés tiene provisionados más de 120 millones ante el escaso éxito de la ofensiva legal

Ante la unanimidad que están mostrando las decisiones judiciales, El Corte Inglés tiene provisionado en sus cuentas el impacto económico que le supondrá hacer frente al pago de los tributos acumulados.

Al cierre del ejercicio 2019/2020 –hasta el 28 de febrero–, la dotación era de 122,2 millones, ligeramente superior a los 119,7 millones de la campaña anterior. De la cantidad total, 1,7 millones están previstos que deban abonarse en menos de un año al estar contabilizados a corto plazo.

Consultada por Economía Digital, una portavoz rechazó comentar “procedimientos judiciales abiertos”.

El impuesto a los grandes almacenes

El impuesto a los grandes almacenes es un tributo hecho a medida para los grandes centros comerciales superiores a 4.000 metros cuadrados –en el caso de Asturias– o de 2.500 metros cuadrados –en Cataluña y Aragón–.

Se aprobó a principios de década en los distintos territorios con el objetivo de gravar la capacidad económica de los establecimientos que, por su efecto de atracción al consumo, provocan un desplazamiento masivo de vehículos impactando negativamente en el entorno natural.

La tasa no afecta solamente a El Corte Inglés. En los últimos años, empresas como Alcampo, Carrefour, Ikea y Leroy Merlin también presentaron recursos, pero sus alegaciones corrieron la misma suerte que la de los abogados establecidos en la calle Hermosilla.