Nuevas incógnitas sobre las empresas en Dubái que el juez atribuye a Zapatero
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin. A 14 de mayo de 2026, en Cádiz (Andalucía, España).Nacho Frade / Europa Press
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El auto de la Audiencia Nacional menciona dos posibles nombres de sociedades creadas para canalizar el cobro de una comisión de 530.000 euros por el rescate de Plus Ultra, pero ninguno consta en las bases de datos internacionales.
La firma española desde la que habrían sido constituidas lleva sin presentar cuentas desde 2018
Las empresas offshore en Dubái que, según el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dio «instrucciones» de crear para «canalizar» el cobro de una supuesta comisión de 530.000 euros por el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra son un misterio. De las denominaciones de estas empresas no hay rastro en los registros oficiales de ese emirato.
La revelación procede de un análisis pormenorizado del propio auto judicial que el juez Calama utilizó para fundamentar la primera imputación de un expresidente del Gobierno español en democracia. Un documento que, en este punto concreto, presenta contradicciones técnicas y lagunas documentales que el instructor reconoce parcialmente pero que no impiden que el argumento forme parte de la acusación.
Lo que dice el auto del juez
El auto del juez Calama afirma que, «siguiendo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero, se creó al menos una sociedad offshore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica«, propiedad del amigo y supuesto testaferro del expresidente socialista, Julio Martínez Martínez, para canalizar el cobro de esa comisión equivalente al 1% del rescate de 53 millones otorgado por el Gobierno de Pedro Sánchez a esa aerolínea.
El razonamiento del instructor descansa sobre una premisa de ausencia: si no hay rastro de pagos en España, es porque el dinero se canalizó a través de estructuras offshore.
El propio auto reconoce que «no consta, según informe de la AEAT de febrero de 2026, que se haya efectuado pago alguno en ejecución de dicho contrato». «La ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad offshore podría haberse creado para canalizar ese cobro», afirma el auto.
Es decir: el juez no acredita que los pagos se produjeran, sino que infiere la existencia de una estructura offshore precisamente a partir de la ausencia de evidencia de cobro en territorio español. Un razonamiento que la defensa de Zapatero puede impugnar con cierta solidez.
El abogado que defenderá a Zapatero
Víctor Moreno Catena se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1975 y, posteriormente, se convirtió en doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1979. Además, fue uno de los socios fundadores de Moreno Catena & Venturi Abogados y desempeña actualmente labores como Of Counsel del Despacho.
Sus principales áreas de práctica son derecho procesal penal, derecho procesal civil y procedimientos administrativos y contenciones administrativos y tiene una amplia experiencia como jurista. De hecho, se dedica a ello desde hace más de 30 años como catedrático de Derecho Procesal.
Por otro lado, ha sido catedrático de las Universidades de Santiago de Compostela y Sevilla, y actualmente de la Universidad Carlos III de Madrid. También dirige varios másteres, es Doctor Honoris Causa por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) desde el año 2020 y habla cuatro idiomas: español, francés, portugués e italiano.
El caso de los ERE
El abogado elegido por Zapatero para su defensa fue el letrado de Carmen Martínez Aguayo y de otros ex altos cargos vinculados al PSOE en el caso de los ERE de Andalucía. Finalmente, la exconsejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía estuvo un año y medio en la cárcel, pero ganó parcialmente su recurso ante el Tribunal Constitucional.
Víctor Moreno Catena es uno de los mejores procesalistas de España. Según se indica en la página web de su despacho, «durante su carrera como abogado ha asesorado y representado a distintas empresas, incluyendo a empresas cotizadas, y a particulares en procedimientos ante todas las instancias del orden jurisdiccional penal –principalmente en delitos económicos-, civil y contencioso administrativo».
«Desempeñó durante seis años el cargo de Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, y de IberRed, Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, que está integrada por los Poderes Judiciales, los Ministerios Públicos y los Ministerios de Justicia de los 21 países iberoamericanos», añaden.
