Telefónica y Digi, cara y cruz regulatoria
El regulador rumano obliga a Digi a compartir su infraestructura, mientras que Telefónica va camino de la desregulación completa
Marc Murtra, presidente de Telefónica, y Marius Varzaru, CEO de Digi en España
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El tablero regulatorio de las telecomunicaciones está cambiando de forma diferente para Telefónica y Digi. Mientras en España Competencia avanza hacia la desregulación del acceso mayorista a la red de Telefónica, en Rumanía el regulador ANCOM acaba de reforzar las obligaciones sobre Digi, imponiendo a la teleco compartir su infraestructura a sus rivales en miles de localidades.
Mientras que la teleco presidida por Marc Murtra empieza a liberarse de las obligaciones impuestas por su posición histórica en el mercado y su carácter dominante, a Digi le está pasando justo lo contrario en su país de origen.
El regulador rumano ha decidido intervenir sobre la actividad de Digi debido a su crecimiento y expansión en el país. Es por ello que ANCOM ha designado a Digi como operador con poder significativo de mercado en el acceso fijo en 5.894 localidades del país, según ha comunicado recientemente la propia compañía.
La medida también ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea, que había intervenido en el proceso abriendo una investigación exhaustiva por las «serias dudas» de la compatibilidad del proyecto con el derecho de la UE. Finalmente, consideró válida la decisión del regulador rumano.
La compañía dirige Serghei Bulgac y Marius Varzaru en España es considerada ahora lo suficientemente dominante en esas zonas como para poder influir en las condiciones de competencia.
Digi deberá ahora ofrecer acceso mayorista a su red fija de fibra óptica en esas localidades, es decir, deberá permitir que otros operadores utilicen su infraestructura para prestar servicios a clientes finales bajo condiciones reguladas.
En la práctica, esto significa que competidores como Orange, Vodafone o Telekom Romania podrán apoyarse en la red de Digi para ofrecer servicios de internet fijo en zonas donde desplegar infraestructura propia no es económicamente viable.
El objetivo del regulador es evitar monopolios locales y garantizar que los usuarios tengan alternativas reales, incluso en áreas rurales o menos densamente pobladas.
La CNCM avanza en la desregulación de la infraestructura de Telefónica
En el caso español, la protagonista es Telefónica, que durante décadas ha estado sujeta a un marco regulatorio muy estricto derivado de su antigua posición de monopolio.
Ese esquema obligaba a la compañía a compartir su red de fibra óptica con otros operadores mediante condiciones mayoristas reguladas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Ese modelo, conocido como NEBA, permitió la entrada y expansión de competidores como Orange, Vodafone o la propia Digi en España, garantizando acceso a la red en condiciones reguladas.
Sin embargo, la evolución del mercado ha cambiado la visión del regulador en el último año. La masiva inversión en fibra, la elevada cobertura y la existencia de varios operadores con redes propias han llevado a la CNMC a concluir que el mercado ya no requiere una intervención estructural tan intensa.
El resultado es la eliminación progresiva de la obligación general de acceso mayorista a la fibra de Telefónica en gran parte del territorio, tras el cambio en la regulación aplicado por el organismo que preside Cani Fernández el año pasado.
Asimismo, se espera que este año Competencia desregule también el acceso a las infraestructuras físicas de obra civil de Telefónica, es decir, los conductos subterráneos, arquetas, registros o postes telefónicos.
Lo que consigue Telefónica con estas concesiones es que el acceso a su red empieza a regirse por acuerdos comerciales, sin precios regulados por el Estado ni obligaciones automáticas de compartición, aunque la teleco sí tendrá que seguir permitiendo el acceso de sus rivales parte de su infraestructura.
Por otro lado, la compañía podrá subir los precios de sus alquileres a sus rivales si así lo considera, algo que ha desatado críticas de Masorange, Digi y Vodafone, entre otros, elevando las quejas a Bruselas.
Así, mientras España avanza hacia un entorno en el que la competencia entre redes es suficiente para reducir la intervención, Rumanía sigue utilizando herramientas regulatorias clásicas de acceso obligatorio allí donde detecta concentración de mercado.
En el país balcánico los operadores no están sujetos a la misma obligación general de apertura de red en fibra, precisamente porque el regulador no los considera dominantes en el acceso fijo en las mismas condiciones que Digi en esas zonas concretas.
La clave del contraste está en la estructura de los mercados. España ha desarrollado un ecosistema de fibra extremadamente competitivo, con múltiples redes paralelas y una elevada inversión de operadores alternativos.
Rumanía, en cambio, presenta una estructura más desigual a nivel local, donde Digi ha conseguido posiciones de dominio muy fuertes en determinadas áreas, especialmente fuera de los grandes núcleos urbanos.
