Los constructores exigen a Sánchez regular la actividad de Tragsa tras 7.000 millones en contratos a dedo
La CNC urge al Gobierno a reformar el marco legal de los medios propios de las Administraciones Públicas ante el crecimiento desbocado de los encargos directos
Montaje realizado por Economía Digital.
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La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha enviado cartas formales tanto a Presidencia del Gobierno como al Ministerio de Hacienda exigiendo que se clarifique y refuerce el marco legal que regula los denominados medios propios de las Administraciones Públicas, empresas públicas como Tragsa, ante la creciente preocupación por su uso reiterado y, en numerosos casos, injustificado.
El detonante de esta ofensiva no es menor: algunas de estas empresas públicas han llegado a triplicar los contratos adjudicados a dedo, superando en conjunto los 7.000 millones de euros, según las últimas cifras publicadas.
Una cifra que la patronal considera inaceptable en un mercado que debería regirse por los principios de libre concurrencia y competencia.
Los datos que maneja el sector son contundentes. Según un informe elaborado por la propia CNC, entre 2021 y 2023 los encargos de las Administraciones Públicas a medios propios dispararon su importe un 142%. Y lo más llamativo: solo diez entes públicos acapararon dos de cada tres contratos de este tipo durante ese periodo.
Ya el año pasado la patronal presentó un informe tras la carta remitida desde la CEOE a Bruselas denunciando el excesivo recurso de la administración a esta figura, lo que sirvió de detonante para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recabara datos y solicitara una reunión con el sector de la construcción. Sin embargo, la situación no ha mejorado; al contrario, ha seguido agravándose.
En sus cartas al Gobierno, CNC no se limita a denunciar. La organización plantea un paquete de medidas concretas para poner coto a lo que considera un abuso sistémico. Entre las más relevantes, la patronal pide que se precise con exactitud el alcance del objeto social de los medios propios y que sus estatutos se ajusten plenamente a la Ley de Contratos del Sector Público.
Además, propone establecer normas específicas para los encargos por razón de urgencia o emergencia, una vía que actualmente se emplea con frecuencia para eludir los controles habituales.
En concreto, reclama que cualquier encargo de este tipo vaya acompañado de una declaración motivada del órgano competente, así como de la formalización documentada del contrato una vez superada la situación crítica, para garantizar su control, fiscalización y transparencia.
Una de las medidas más ambiciosas que propone CNC es la de fijar un límite presupuestario máximo del 10% del presupuesto ordinario de la administración encargante para este tipo de contratos.
A ello se suma la petición de limitar las prórrogas de los encargos, vincular su procedencia a una programación anual de contratación, y excluir expresamente del ámbito de los encargos aquellos servicios que correspondan a contratos administrativos convencionales.
La patronal también solicita que los expedientes incluyan una justificación detallada de por qué se ha optado por el medio propio frente a la licitación abierta, documentando el personal adscrito a cada encargo y su participación efectiva en la ejecución real del trabajo.
Ante las posibles acusaciones de atacar a la empresa pública, la CNC se ha apresurado a aclarar su posición. La patronal subraya que estas medidas no buscan debilitar la figura del medio propio, sino garantizar que su uso se mantenga dentro de los límites legales y responda a criterios objetivos de necesidad, proporcionalidad y eficiencia, evitando distorsiones en el mercado.
«Un sistema de contratación pública equilibrado y competitivo mejora la ejecución de las políticas públicas y optimiza los recursos», defienden desde la confederación, que también se ofrece a colaborar con la Administración en el análisis de posibles soluciones normativas y de gestión.
La batalla de la construcción española no se libra solo en Madrid. La CNC está en contacto con instancias europeas, en el marco de la revisión de las Directivas de la UE sobre contratación pública, para trasladar que la utilización creciente de los medios propios —especialmente cuando se convierte en práctica habitual— dificulta la concurrencia de empresas privadas, afectando en particular a las pymes y a la generación de empleo.
Ineco y Tragsa, las grandes empresas públicas
La patronal advierte en sus cartas de que la extensión y reiteración de estos encargos, así como la amplitud de su objeto, generan una preocupación fundada por la ruptura del mercado y la limitación de los principios de libre concurrencia e igualdad de trato.
Según la CNC, el uso indiscriminado de determinados medios propios por todas las Administraciones, independientemente de su ámbito territorial o funcional, amplifica el daño y agrava el cierre del mercado en sectores estratégicos como la ingeniería o la arquitectura, cuyas empresas también ven cómo las licitaciones se evaporan ante el avance de la contratación directa.
La consecuencia más temida a medio plazo es la que ya viene advirtiendo la patronal desde hace meses: la reducción drástica del número de empresas que concurren a las licitaciones, lo que puede terminar frenando la actividad económica y la creación de empleo en uno de los sectores con mayor capacidad de tracción sobre el conjunto de la economía española.
