Tragsa rompe la barrera de los 2.000 millones: récord a base de contratos a dedo, fondos europeos y la Dana
Tragsa dispara su facturación y beneficios gracias a encargos sin concurso, fondos del Plan de Recuperación y actuaciones urgentes por desastres naturales
Las administración públicas hacen un uso abusivo de los medios propios.
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Tragsa cerró 2024 como el mejor ejercicio económico de su historia. La empresa pública, dependiente del Ministerio de Agricultura, alcanzó una cifra de negocio de 2.020 millones de euros, un incremento del 17,4% respecto al año 2023.
La empresa se consolida así como uno de los principales ejecutores del gasto público en España, gracias a su modelo de encargos directos, especialmente alimentado este año por fondos europeos y actuaciones de emergencia, como la Dana ocurrida el pasado octubre del 2024.
La evolución de la cartera de negocio ilustra esta expansión: al cierre del ejercicio ascendía a casi 4.000 millones de euros, lo que representa un 41% más que el año anterior y un nuevo máximo histórico para la entidad.
En total, Tragsa recibió 2.732 encargos por un importe neto cercano a 3.292 millones, un crecimiento del 52% respecto al volumen de 2023.
Buena parte de esta actividad estuvo vinculada a la ejecución de proyectos financiados por el instrumento Next Generation EU, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También destacan las intervenciones relacionadas con la DANA que afectó al sureste peninsular a finales de año, lo que incrementó el número de actuaciones en régimen de urgencia.
El resultado consolidado del grupo se situó en 88,8 millones de euros, un incremento del 131% frente al ejercicio anterior. Esta cifra incluye un ingreso extraordinario de 29 millones procedente de la desinversión en CYTASA, su filial en Paraguay.
En paralelo, la empresa matriz Tragsa declaró un beneficio neto de 91,3 millones de euros. La Junta General de Accionistas aprobó destinar 67,5 millones al reparto de dividendos entre las distintas administraciones públicas accionistas, lo que supone un dividendo por acción de 2.280,40 euros, frente a los 1.071,92 euros del año anterior. El resto, 23,8 millones, se asignará a reservas voluntarias.
El crecimiento del grupo se explica, en buena medida, por su condición de medio propio instrumental de las Administraciones Públicas, lo que le permite recibir encargos sin necesidad de licitación pública.
Este régimen excepcional está amparado legalmente, pero ha sido objeto de críticas desde distintos ámbitos, incluidos informes del Tribunal de Cuentas, que ha advertido en varias ocasiones sobre los riesgos de falta de concurrencia efectiva y de solapamiento con operadores privados.
Desde Tragsa se defiende que todos sus encargos se realizan dentro del marco normativo, que sus precios están auditados y que ofrece una capacidad de ejecución inmediata que no está al alcance del mercado.
A mayo de 2025, Tragsa y su filial Tragsatec sumaban más de 28.700 profesionales, lo que supone una de las mayores plantillas del sector público empresarial en España. A lo largo de 2024, el grupo ejecutó más de 6.500 actuaciones en campos tan diversos como restauración ambiental, infraestructuras agrarias, sanidad animal, atención a emergencias y asesoramiento técnico a las administraciones.
Tragsa, motivo de enfado en las constructoras privadas
Tragsa ha intensificado su presencia en encargos que tradicionalmente gestionan las constructoras privadas, disparando un 89% el volumen adjudicado por administraciones públicas en 2024, hasta superar los 2.300 millones de euros, según datos recogidos por este diario.
Esta tendencia ha generado alarma en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que advierte que «se están dando los primeros pasos para nacionalizar la construcción», y denuncia que proyectos vinculados a edificios oficiales, emergencias o infraestructuras se están adjudicando a Tragsa a través de encargos directos, sin proceso competitivo.
Además, también ha alertado sobre las prácticas irregulares en la subcontratación: Mariano Sanz, secretario general de la CNC, afirma que Tragsa «ha empezado a subcontratar otras empresas, excediendo los límites que tienen marcados».
Según el informe, Tragsa absorbe encargos incluso cuando no encajan en su misión original —como la remodelación del Ministerio de Exteriores en la Plaza del Marqués de Salamanca por 84 millones—, mientras las constructoras privadas se ven expulsadas al asignarse estos proyectos sin licitación.
En respuesta, la patronal reclama una reforma urgente de la normativa de contratación pública y no descarta elevar el caso ante instituciones europeas para «garantizar una concurrencia real y proteger al sector».
