Tragsa crea comisiones para revisar costes y aumentar la vigilancia tras los enchufes de Ábalos
El nuevo decreto aprobado por el Gobierno refuerza la supervisión de Tragsa, en un intento por blindar su operativa ante posibles abusos y escándalos como el de la acompañante de Ábalos
Las administración públicas hacen un uso abusivo de los medios propios.
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Pedro Sánchez refuerza el control sobre Tragsa con la creación de dos nuevas comisiones que fiscalizarán los costes y las decisiones estratégicas del grupo público. El movimiento, articulado a través de un Real Decreto publicado este miércoles en el BOE, llega tras las críticas por varios episodios polémicos, como la contratación de Jessica Rodríguez, acompañante del exministro José Luis Ábalos, y el pago de 60.000 euros a un sindicalista de UGT, según ha publicado ABC.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca una mayor transparencia en la actividad de una empresa clave para la ejecución directa de obras y servicios públicos sin pasar por licitaciones.
El decreto, que deroga el marco vigente desde 2019, adapta la operativa de Tragsa y su filial Tragsatec a las nuevas exigencias legales en materia de contratación y responde al creciente escrutinio sobre el uso de recursos públicos.
La compañía, que actúa como medio propio instrumental de la Administración, seguirá recibiendo encargos directos, pero bajo condiciones más estrictas.
La principal novedad es la implantación de dos órganos internos de control. Por un lado, la Comisión de Control Conjunto, donde estarán representados el Estado y los entes territoriales accionistas, velará por la coherencia y legalidad de las decisiones del grupo.
Por otro, la Comisión para la Determinación de Tarifas se encargará de fijar y revisar los precios de los servicios ofrecidos, ajustándolos a costes reales y criterios de eficiencia económica.
El nuevo texto regula además los encargos en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales o licitaciones desiertas, e impone requisitos adicionales de justificación documental y control presupuestario. Se clarifica también que Tragsa no podrá asumir funciones que impliquen el ejercicio de potestades públicas.
En un contexto de mayor exigencia institucional y ciudadana, el decreto también contempla la posibilidad de que Tragsa participe en proyectos internacionales de cooperación y en la financiación de infraestructuras públicas, ampliando su marco de actuación siempre con supervisión específica.
Finalmente, la norma incorpora una disposición urgente para permitir la intervención directa del grupo en la reparación de parcelas afectadas por la Dana de octubre de 2024, dando respuesta a las reclamaciones de los afectados.
Tragsa logra el sueño de las constructoras
Mientras las empresas privadas enfrentan dificultades para incluir cláusulas de revisión de precios en sus contratos, Tragsa, como medio propio de la Administración, ha implementado una revisión automática de sus tarifas. Esta medida permite ajustar los costes en función de las variaciones del mercado, algo que las constructoras privadas llevan tiempo reclamando sin éxito.
Las patronales del sector señalaron que el coste de las obras es una de sus principales preocupaciones, argumentando que crea una competencia desleal. Tragsa, desde hoy, puede adaptar sus precios a las fluctuaciones del mercado, pero las empresas privadas deben asumir los riesgos derivados de los incrementos de costes, lo que puede afectar a su viabilidad económica.
Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advirtieron que esta práctica no solo excluye a las empresas privadas del proceso competitivo, sino que también pone en riesgo la eficiencia y transparencia en la ejecución de obras públicas.
