Aldesa, la constructora salpicada en la trama de Zapatero, acumula pérdidas por 580 millones
Aldesa ha acumulado un agujero de más de 577 millones de euros entre 2021 y 2024, obligando a su accionista mayoritario a actuar como pulmón
Montaje realizado por Economía Digital.
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Aldesa, una de las constructoras con más solera del mercado español, lleva cuatro años sostenida sobre una muleta que llega directamente desde Pekín. China Railway Construction Corporation (CRCC), el gigante estatal de la ingeniería que controla el 99%, ha tenido que inyectar cerca de 577 millones de euros en la compañía entre 2021 y 2024 para evitar que unas pérdidas por el mismo importe.
Los pliegos de licitación a precio cerrado, adjudicados en un contexto de costes estables, se convirtieron en una trampa cuando la crisis de suministros global, el estallido de la guerra en Ucrania y la espiral inflacionaria dispararon el precio de los combustibles, los ligantes asfálticos y los materiales de construcción. Aldesa, con una cartera significativa de obra pública civil en España y Latinoamérica, encajó el golpe de frente.
En 2021, cuando el sector aún confiaba en una recuperación rápida tras el shock del Covid-19, el grupo cerró el ejercicio con unas pérdidas consolidadas de 62,9 millones de euros.
Un año después, con la crisis energética ya en velocidad de crucero, los números rojos se ampliaron hasta los 82,7 millones.
Fue en 2023 cuando llegó el momento más crítico: las cuentas consolidadas certificaron unas pérdidas de 201,5 millones de euros, la cifra más abultada del ciclo y un registro que encendió todas las alarmas internas y externas. Los auditores de PwC no se quedaron callados e incluyeron en sus informes de ese ejercicio un severo aviso por «riesgo de liquidez».
El último ejercicio conocido, el de 2024, ofreció el primer atisbo de mejora relativa: las pérdidas se redujeron en 71 millones hasta los 130,3 millones de euros, una cifra que sigue siendo muy elevada pero que los gestores del grupo interpretan como el primer síntoma de estabilización de los costes de producción.
El acumulado de los cuatro años, en cualquier caso, asciende a 577,4 millones de euros.
Una constructora convencional, sin el respaldo de un accionista con los bolsillos de un Estado detrás, habría activado hace tiempo la causa legal de disolución cuando el patrimonio neto de una empresa cae por debajo de la mitad de su capital social.
CRCC ejecutaba las inyecciones de capital en dos tiempos. En una primera fase, formalizaba aportaciones monetarias directas mediante ampliaciones de capital y abonos en la cuenta de prima de emisión.
Con ello, o bien entraban recursos líquidos frescos en las cuentas del grupo, o bien se capitalizaban los préstamos intercompañía que Aldesa había ido acumulando con su matriz asiática.
En una segunda fase, y ya con el respaldo unánime de la junta de accionistas, que en la práctica se reduce a la propia CRCC, se aprobaba el traspaso de esos saldos positivos de la prima de emisión para absorber contablemente las pérdidas de ejercicios anteriores.
El resultado de esta operativa, replicada con precisión quirúrgica durante cuatro ejercicios consecutivos, es que la suma total de las inyecciones de la matriz china ronda ya los 600 millones de euros.
Aldesa tiene un salvavidas chino
Más allá del saneamiento contable, el respaldo de CRCC ha tenido un efecto colateral determinante para la continuidad del negocio: ha mantenido intacta la capacidad de Aldesa para acceder a avales bancarios y fianzas, los instrumentos sin los cuales es imposible presentar una oferta en cualquier concurso público de infraestructuras.
Las entidades financieras, con la garantía implícita de una de las mayores corporaciones de ingeniería del planeta —y, en última instancia, del Estado chino— detrás de la compañía, han mantenido abierta la financiación del circulante sin la que la operativa diaria de cualquier constructora resulta inviable.
Lo que está en juego no es menor. Aldesa tiene presencia activa en obras de infraestructura civil en varios países y mantiene una plantilla y una estructura que, de haberse precipitado un concurso de acreedores en el peor momento del ciclo, habrían generado un impacto considerable en el tejido subcontratista español.
Un sueldo mensual para la trama de Zapatero
La situación financiera de Aldesa adquiere una dimensión aún más compleja cuando se cruza con la investigación abierta en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Calama.
Entre 2021 y 2023, Adif adjudicó a la constructora china contratos por valor aproximado de 150 millones de euros, repartidos en tres grandes obras ferroviarias: la plataforma intermodal de Vitoria-Gasteiz, el incremento de capacidad del tramo Nudo de Pinar de Las Rozas-Las Matas en la línea Madrid-Hendaya, y la Variante de Rincón de Soto en La Rioja. Todos ellos bajo la tutela del Ministerio de Transportes.
El magistrado Calama describe con precisión quirúrgica el esquema de pagos que Aldesa mantuvo activo en paralelo a esa actividad contractual. No se trató de comisiones puntuales, sino de una tarifa plana mensual de 5.000 euros más IVA, formalizada el 1 de octubre de 2021 y renovada en septiembre de 2022, que el juez califica abiertamente como un «sueldo» periódico destinado a mantener operativa una red de influencias vinculada al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Para blindar el flujo de dinero frente a cualquier rastreo, Aldesa no realizaba los pagos de forma directa. Los canalizaba a través de Análisis Relevante SL, una sociedad sin trabajadores, sin maquinaria y sin estructura real alguna relacionada con la construcción o la consultoría.
Una carcasa jurídica, en palabras del propio auto judicial, cuya única función era dar apariencia de legalidad a transferencias que, de otro modo, habrían resultado imposibles de justificar ante cualquier auditoría.
La prueba más contundente del esquema la encontraron los investigadores de la UDEF en el ordenador personal de Julio Martínez, pieza clave de la red: un archivo Excel que controlaba mes a mes el cobro de las facturas de Análisis Relevante.
El registro documentaba 127.050 euros efectivamente cobrados entre 2021 y 2023, sobre un total facturado de 133.100 euros. Los supuestos trabajos de consultoría que justificaban esos pagos eran, según el juez, «simulados o inexistentes».
