Urbas dice que tiene adhesiones suficientes para salir del concurso tras lograr el apoyo de Attijariwafa y Oak Hill

El banco marroquí Attijariwafa y el fondo Oak Hill cambian de opinión y deciden apoyar la propuesta de convenio presentada por Urbas.

Sede de Urbas

Sede de Urbas

Urbas asegura que cuenta con el apoyo suficiente de acreedores a su propuesta de convenio para evitar la situación concursal en la que se encuentra desde principios de año.

Sin embargo, es previsible que la administración concursal designada por el Juez en el concurso de la compañía, los despachos Auren y Kepler Karst, no valide las adhesiones que contabiliza Urbas.

La inmobiliaria y constructora española logró el miércoles a última hora del día, poco antes de que venciera el plazo, la adhesión a su propuesta de uno de sus mayores acreedores, el fondo Oak Hill, con cerca de 16 millones de euros de créditos ordinarios.

El fondo, que el pasado 7 de mayo formuló su oposición y no adhesión a la propuesta de convenio presentada por Urbas, informó sin embargo el miércoles a la administración concursal su «modificación del sentido del voto y, en consecuencia, su apoyo y adhesión» al plan de Urbas de pago a los acreedores.

Juan Antonio Acedo, presidente y primer accionista de Urbas
Juan Antonio Acedo, presidente y primer accionista de Urbas.

De igual forma, el banco marroquí Attijariwafa Bank, otro de los mayores acreedores de Urbas (25 millones), también informó, el martes, sobre su decisión de adherirse a la propuesta de convenio de la compañía, a pesar de que la había rechazado a principios del pasado mes de mayo.

El banco marroquí explicó al Juzgado Mercantil número dos de Madrid que había modificado su posición después de que el presidente de Urbas, Juan Antonio Acedo, comunicara por carta, el pasado 4 de mayo, una «mejora de las condiciones de pago de la propuesta de convenio».

La compañía, según el banco marroquí, mantiene su propuesta del pago íntegro de los créditos, sin quitas, con un periodo de espera de tres años, pero con la mejora se compromete a pagar el 10% el primer año, el 15% el segundo, y el resto el tercer año.

Urbas no ha presentado cuentas auditadas de los dos últimos ejercicios y su cotización lleva un año suspendida

Urbas logró el mes pasado autorización del Juez Andrés Sánchez Magro para ampliar el plazo de negociación con los acreedores para aprobar su propuesta de convenio, plazo que venció el miércoles a medianoche.

Entre los mayores acreedores que han rechazado la propuesta de Urbas se encuentran la Sareb, la aseguradora Asefa y la consultora McKinsey.

Fuentes del grupo consultadas por este diario aseguran que con las adhesiones de Oak Hill y Attijariwafa ha logrado ya el 61,57% del apoyo de los acreedores, lo que supondría que evitaría la situación concursal en la que se encuentra desde principios de año.

Sin embargo, las cuentas de la administración concursal previsiblemente no sean las mismas.

Urbas está contabilizando el apoyo a su propuesta de los dos mayores acreedores, las sociedades Germux y Larisa Promo. Pero la administración concursal considera que ambas sociedades en realidad están vinculadas a Juan Antonio Acedo.

Esos presuntos vínculos cuestionan la naturaleza de ambas empresas como acreedores de Urbas, así como su capacidad para votar a favor o en contra del convenio presentado por el grupo. Sin ese apoyo, la compañía no alcanzaría el 50% de apoyo de los acreedores, por lo que se vería abocada a la quiebra.

Urbas, administración concursal

La relación entre Juan Antonio Acedo y la administración concursal nombrada por el Juez en Urbas es de total enfrentamiento.

La compañía ha requerido la separación de los profesionales designados por el magistrado, convencido Acedo de que estos se han propuesto liquidar el grupo.

La administración concursal, que cuenta con el apoyo del Juez, ya ha advertido que el plan de reestructuración de Urbas es «inviable«. Y llama la atención sobre esa vinculación entre las sociedades Germux y Larisa Promo con Acedo.

Urbas, declarada en concurso a principios de año con un pasivo de 144 millones de euros, no ha presentado cuentas auditadas de los dos últimos ejercicios y su cotización lleva un año suspendida.

El grupo no solo está enfrentado con la administración concursal. También lo está con su auditor y con varios de los consejeros que han pasado por el consejo de administración los últimos años. Y batalla en juzgados de Madrid, Londres y Luxemburgo con el fondo Roundshield Partners.

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