La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, durante la junta general de accionistas del Banco Santander. /EFE

Los retos pendientes del Santander tras el ERE del Popular

stop

Los ERE de 2018 y 2019 completan el ajuste de plantilla en España derivado de la adquisición, pero los litigios legales y el conflicto con Allianz siguen

Cristina Triana

Economía Digital

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, durante la junta general de accionistas del Banco Santander. /EFE

Madrid, 14 de junio de 2019 (04:55 CET)

Los últimos 24 meses han sido intensos para el banco presidido por Ana Botín. En ese periodo, el Santander ha adquirido nuevos retos, como la compra del Banco Popular y los compromisos de un nuevo plan estratégico. También se ha enfrentado a situaciones complejas, como la renuncia al fichaje estrella del banquero de inversión Andrea Orcel, la inestabilidad por los efectos del Brexit, o la apertura de un litigio por recuperar la propiedad de su Ciudad Financiera con los Hermanos Reuben, pero ya ha comenzado a encontrar soluciones. 

El preacuerdo alcanzado con los sindicatos sobre el ERE que afectará a la red, que facilita que las condiciones de las bajas voluntarias se cierren antes del 30 de junio, ayuda a poder completar las salidas este año y reduce la lista de tareas pendientes del banco respecto a la integración del Banco Popular. Además, confirma al mercado que la hoja de ruta del banco avanza.

La futura reduccion de más de 3.000 empleados en su red, sumada al tijeretazo de 1.000 personas de 2018 en los servicios centrales del banco, allana el camino para que Santander cumpla con sus objetivos estratégicos en España.

De acuerdo con sus objetivos estratégicos, Santander espera ahorrar 250 millones de ahorros adicionales en España por la integración del Popular. Este ajuste es, además, una piedra angular de su plan de eficiencia en Europa, en paralelo al incremento de su digitalización.

Santander espera que el ERE de 2019 en España tenga un coste inferior a los 800 millones de euros, que podría compensar con plusvalías extraordinarias, y evitaría el impacto en el beneficio neto. Con este objetivo superado, el banco podrá centrarse en los dos siguientes problemas del Banco Popular: la ruptura del acuerdo en seguros con Allianz y, algo que se anticipa mucho más largo: los litigios legales por esa compra.

Por el momento, el banco ya ha evitado heredar la imputación penal en la causa Popular en España y se habría personado en Europa, donde algunos antiguos accionistas estarían tratando de anular la venta del Popular al Santander.

El Santander y el acuerdo roto con Allianz

El carpetazo al ajuste de red puede provocar que la entidad se fije ahora en gestionar su enfrentamiento con Allianz. La aseguradora alemana era socia de Banco Popular en el negocio de los seguros de vida y productos destinados al ahorro, como planes de pensiones y fondos de inversión, con una sociedad conjunta. 

El Santander optó por romper la alianza y ampliar a la red del Banco Popular el que mantenía el banco presidido por Ana Botín con Aegon. Desde entonces, mantiene una litigio con Allianz. La ruptura del acuerdo obligaría al Santander a pagar una indemnización millonaria a Allianz, pero las especulaciones dan cifras muy dispares, que van desde los 500 a los 2.000 millones-

Tras el acuerdo del ERE, las posibilidades de cerrar un acuerdo con Allianz se amplían. Según explicó la aseguradora alemana al presentar los resultados de 2018, la situación del Popular ya se dejaba sentir en su negocio. Esta circunstancia podría empeorar cuando Santander comience a cerrar oficinas. Menos centros venderían productos de Allianz y esto podría perjudicar todavía más el acuerdo.

Para el Santander las cifras de compensación sobre las que se especulan parecen demasiado altas como para no repercutir en sus resultados. La aseguradora prefiere llegar a un acuerdo para evitar un tedioso proceso de arbitraje.

La incertidumbre legal por la compra de Banco Popular

Banco Popular fue la primera entidad rescatada bajo el nuevo sistema de resolución bancaria europea. Esa prueba también ha convertido al Santander en un conejillo de indias de sus implicaciones legales, que se han traducido en numerosas causas abiertas.

Tanta ha sido la presión, que otras entidades financieras, como Caixabank, han pedido que Bruselas asegure que los posibles compradores quedan exentos de responsabilidades derivadas por la compra en caso de suscribir una resolución.

Para los accionistas y clientes de Banco Popular, el Santander ofreció en 2017 una compensación, conocida como los bonos fidelización. Los inversores que compraron acciones en la última ampliación del Popular, entre el 26 de mayo y el 21 de junio, y para los adquirieron obligaciones subordinadas en julio y octubre de 2011, pudieron aprovechar la oferta.

Quienes lo aceptaron, se comprometían a no tomar medidas legales contra el Banco Popular o el Santander en el marco de esta adquisición. Obtuvo una aceptación de casi el 80%, pero eso no ha evitado la pugna legal.

Por el momento, la Audiencia Nacional ha rechazado que Santander herede las posibles responsabilidades penales derivadas de la presunta mala gestión de los gestores del Popular. Pero está por ver si deberá asumir las consecuencias económicas, en caso de que el juez dictamine esa responsabilidad por los gestores.

Esta misma semana hemos visto como el Banco de España imponía al banco español una multa por hechos realizados por el Popular. Y en Europa algunos accionistas litigan contra la JUR (Junta Única de Resolución) contra la resolución del banco.  

Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad