La CNMV ya cuestionó las cuentas del Popular de 2016. En la imagen, la sede del Popular en Madrid.

La CNMV señala a Botín: ocultó pérdidas del Popular con el ladrillo

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La CNMV cuestiona el descuento en la venta de la cartera inmobiliaria del Popular promovida por el Santander

Barcelona, 13 de julio de 2018 (09:53 CET)

La venta de 30.000 millones de activos inmobiliarios del Popular acordada por el Santander está en cuestión. La CNMV ha cuestionado los descuentos aplicados por la entidad presidida por Ana Botín al ladrillo del Popular, y así se lo ha hecho saber al juez Fernando Andreu, instructor de la causa contra los antiguos gestores del banco quebrado.

El regulador bursátil considera que la operación, aprobada el 8 de agosto de 2017, oculta pérdidas del Popular de 2016, según informa este viernes Expansión. En el escrito presentado al magistrado, el organismo se pregunta si "parte del descuento tan significativo no se trata en realidad de pérdidas no registradas anteriores al cierre de 2016".

El Santander, tras adquirir el Popular, optó por vender los activos inmobiliarios de forma acelerada, y justificó los descuentos porque la operación, "por su tamaño y rapidez", no era "comparable con otras de ventas de activos" que se hubieran producido con anterioridad, ya que solo la Sareb realizó operaciones de tal calibre. 

Descuento de 1.144 millones en el ladrillo del Popular

El descuento en la venta a Blackstone fue de 1.144 millones de euros, según la CNMV, que ha identificado como origen de la operación un deterioro de 2.650 millones de euros en el primer semestre de 2017. Sin embargo, el organismo presidido por Sebastián Albella ha explicado al juez que el Santander "no ha aportado evidencias concretas de cómo se han determinado descuentos tan significativos" en plena recuperación del sector inmobiliario.

La CNMV desconfía de que el deterioro de los activos se produjera en solo seis meses, según la información de Expansión, y sospecha que algunos de los ajustes de la cartera inmobiliaria deberían haber sido registrados en las cuentas del Popular del 2016. El regulador ya dudó de las cuentas del Popular de aquel año en otro escrito remitido a la Audiencia Nacional.

En concreto, el organismo alertó de “datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes” en el informe financiero anual consolidado de 2016 remitido por la entidad financiera. La entidad que presidieron Ángel Ron y Emilio Saracho afronta querellas por presuntos delitos de falsedades societarias, falsedad contable y estafa de inversores, entre otros.

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