Los dueños de Urbas, ante el Juez 10 años después de una ampliación de 383 millones bajo sospecha
Juan Antonio Acedo y Juan Antonio Ibáñez, los dos principales accionistas de Urbas, acuden a la Audiencia Nacional investigados por la ampliación de capital de 383 millones realizada por la compañía en 2015.
Sede de Urbas.
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Juan Antonio Acedo y Juan Antonio Ibáñez, los dueños del grupo Urbas, declarado recientemente en concurso de acreedores con un pasivo de 120 millones de euros, acuden el lunes a la Audiencia Nacional como imputados por el caso en el que se investiga la ampliación de capital de 383 millones de euros realizada por la compañía en 2015.
La ampliación de capital fue denunciada por la Fiscalía Anticorrupcion en 2017, por entender que en la misma se había inflado artificialmente el valor de los activos inmobiliarios aportados en la operación.
Las sedes de la compañía en Madrid y Guadalajara fueron registradas y se imputó a los dueños de Urbas y a otros directivos presuntos delitos de estafa y administración desleal, entre otros.
La ampliación se efectuó mayoritariamente mediante aportaciones no dinerarias de la sociedad Aldira Inversiones Inmobiliarias, en la que se habían integrado una serie de inmuebles. La operación fue indispensable para evitar la quiebra del grupo, que entonces se encontraba en causa de disolución.
Con motivo de la acusación de Fiscalía, la CNMV suspendió en Bolsa al grupo inmobiliario y de construcción.
La compañía presentó nuevas valoraciones y auditorías confirmando, incluso elevando, las tasaciones que avalaron la ampliación de capital. Aun así, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, a instancias de Fiscalía, impidió que el regulador del mercado permitiera la cotización de las acciones afectadas por la ampliación.
Los abogados de Acedo (el despacho de José Antonio Choclán, abogado de Víctor de Aldama), y de Juan Antonio Ibáñez (el abogado Ángel Galindo, exconcejal de Boadilla del Monte y que pleiteó contra el PP en el caso Gurtel) solicitan la libre absolución de sus representados, para quienes Fiscalía ha solicitado penas de ocho años de cárcel.
El Juicio Oral tendrá lugar los días 9,10, 11, 12, 23, 24, 25 y 26 de febrero, en San Fernando de Henares (Madrid).
Urbas, de la ampliación al concurso
La ampliación de capital de 2015 y la investigación en curso sobre la operación en la Audiencia Nacional han marcado los últimos diez años de Urbas.
La investigación abierta en la Audiencia Nacional ha cerrado el grifo de la financiación tradicional a Urbas. «Ningún banco ha querido desde entonces negociar nueva financiación; tampoco otras entidades alternativas«, cuentan fuentes cercanas a la compañía. «En cuanto salía el caso de la Audiencia Nacional se acababan las conversaciones», lamentan.
Ante el cierre de la banca, Urbas cayó en manos de un agresivo fondo de inversión, Roundshield Partners, domiciliado en Luxemburgo.
El fondo aportó financiación a Urbas para crecer inorgánicamente, adquiriendo una serie de empresas inmobiliarias y constructoras que se encontraban también en situación delicada, a cambio de la aportación como garantía prenda sobre las acciones de las sociedades del grupo.
Tras esas inversiones, en 2024, Urbas registró pérdidas de 137 millones de euros. La compañía trató de negociar con Roundshield Partners una ampliación de las fechas de vencimiento, pero el 18 de diciembre de 2024 el fondo ejecutó las garantías, ocasionando una pérdida de 98,6 millones.
Durante 2025 Urbas y el fondo se han enzarzado en una batalla judicial con demandas y querellas interpuestas en Juzgados españoles, británicos y de Luxemburgo, reclamándose uno a otro cerca de 200 millones de euros.
Ante la posición del fondo, principal acreedor de Urbas, la compañía presidida por Juan Antonio Acedo se acogió al preconcurso de acreedores para tratar de negociar un convenio.
El pasado 1 de diciembre Roundshield Partners instó la declaración de concurso de acreedores de Urbas, dejando al grupo como única alternativa la presentación de concurso de acreedores.
Como ha publicado este diario, el Juzgado Mercantil número dos de Madrid ha declarado en concurso voluntario de acreedores a Urbas, designando como administración concursal al binomio compuesto por los despachos Auren y Kepler Karst.
