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Acedo desafía la estadistica concursal en Urbas: busca convenio y dejará la presidencia cuando salga del concurso
Juan Antonio Acedo, presidente de Urbas, confía en alcanzar un convenio con los acreedores y evitar la liquidación de la compañía
Juan Antonio Acedo, presidente y primer accionista de Urbas.
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Juan Antonio Acedo, presidente y primer accionista de Urbas, desafía la estadística concursal según la cual más del 90% de empresas que se declaran en concurso de acreedores en España acaba en liquidación.
Acedo pretende alcanzar un convenio de pago con los acreedores y se compromete a dejar el cargo una vez la compañía supere la situación concursal en la que se encuentra.
El Juez Andrés Sánchez Magro, al frente del Juzgado Mercantil número dos de Madrid, declaró la pasada semana en Auto el concurso voluntario de acreedores de Urbas, con un pasivo de 120 millones de euros.
El heterodoxo magistrado, que ya se encargó en la época del pinchazo de la burbuja inmobiliaria de grandes concursos de acreedores, como el de Nozar, ha designado como administración concursal de Urbas a una terna compuesta por los despachos Auren y Kepler Karst.
De acuerdo a fuentes conocedoras del proceso concursal de Urbas, el presidente de la constructora e inmobiliaria con sede en Madrid, a pesar de la delicada situación financiera y judicial en la que se encuentra la compañía, confía en poder alcanzar un convenio con los acreedores, y se ha comprometido a dar un paso atrás una vez el grupo salga del concurso.
«Urbas tiene activos suficientes para negociar un convenio de acreedores, sin quitas«, subrayan las fuentes consultadas.
Pero para ello, la empresa, los juzgados y la administración concursal tendrán que aclarar la relación entre Urbas y su principal acreedor y fuente de financiación en los últimos años, el fondo Roundshield Partners.
En 2024 Urbas, tras reestructurar una serie de empresas adquiridas en situación cercana al concurso, registró pérdidas de 137 millones de euros. El grupo financió ese crecimiento inorgánico con apoyo del fondo luxemburgués, aportando como garantías prenda sobre las acciones de sus filiales.
Urbas trató de ampliar la extensión del plazo de terminación del contrato llegado el momento, pero el 18 de diciembre de 2024 el fondo ejecutó la prenda sobre las participaciones en las sociedades de la compañía española, generando una pérdida de 98,6 millones.
Acedo, Urbas y Rondshield Partners
En el último año, el fondo y Urbas se han cruzado varias demandas.
Roundshield Partners reclama en los juzgados británicos 184 millones de euros a Urbas, valorando el pasivo de los activos ejecutados por encima del activo.
Además, el fondo instó el pasado 1 de diciembre la declaración de concurso de acreedores de Urbas, cuando el grupo estaba ya en preconcurso, dejando a la compañía como única alternativa el concurso voluntario.
El Juez Juan Carlos Peinado investiga querella de Urbas contra Rondshield Partners
Si el Juez hubiera aprobado la solicitud de concurso presentada por el fondo contra Urbas, el concurso habría sido declarado como necesario, lo que hubiera supuesto la retirada de las funciones de los actuales administradores de la compañía.
Por su parte Urbas ha presentado querella por estafa procesal contra el fondo luxemburgués, admitida por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, del Juez Juan Carlos Peinado, el mismo que investiga a la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
También ha interpuesto demanda en Luxemburgo contra Roundshield Partners reclamando 189 millones de euros, y se ha opuesto a la demanda presentada por el fondo en Reino Unido «por prejudicialidad de la reclamación».
A la actual situación financiera y concursal de la empresa se le suma la petición de ocho años de cárcel requerida por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente, Juan Antonio Acedo, y el segundo mayor accionista y anterior presidente, Juan Antonio Ibáñez, por presuntos delitos societarios y contra el mercado en la ampliación de capital de 384 millones realizada por Urbas en 2015.
A pesar de los frentes judiciales y financieros abiertos, las fuentes consultadas insisten en que Acedo se ha propuesto alcanzar convenio de acreedores.
Y relativizan el proceso en la Audiencia Nacional por el que Fiscalía pide ocho años de cárcel contra los dos principales accionistas del grupo. «Si el juicio se hubiera celebrado antes, no se habría llegado a este punto, todo se aclarará», sostienen.
