Rajoy demuestra que teme un 'multazo' de Bruselas

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El Gobierno adelanta a julio el cierre presupuestario de los ministerios, una medida extraordinaria que trata de explicitar el compromiso del ejecutivo con la reducción del déficit

Economía Digital

Mariano Rajoy, acompañado por Fernando Martínez-Maíllo y Rafael Hernando, sale del Congreso tras la reunión con Pedro Sánchez. / EFE/Juan Carlos Hidalgo
Mariano Rajoy, acompañado por Fernando Martínez-Maíllo y Rafael Hernando, sale del Congreso tras la reunión con Pedro Sánchez. / EFE/Juan Carlos Hidalgo

Barcelona, 14 de julio de 2016 (19:25 CET)

En Moncloa hay nervios. Las amenazas explícitas de Bruselas con multar a España por el incumplimiento en los compromisos del déficit público han hecho reaccionar al Gobierno. A la subida del impuesto de sociedades se une ahora la decisión de adelantar a julio el cierre presupuestario de los ministerios, un trámite que en los últimos años se venía realizando en octubre o noviembre.

El objetivo, dada la delicadísima situación de las cuentas del Estado, es evitar por todos los medios que el gasto suba. Así lo explica la nota hecha pública este jueves por el Ministerio de Hacienda, que anticipa una orden ministerial durante el mes en curso que oficializará el cierre de la caja del Estado, más allá de los gastos ya contemplados en los presupuestos de 2016.

Así, ni el ejecutivo en funciones ni el hipotético nuevo Gobierno recién investido –si llega a haberlo, los plazos no dan para más— podrán licitar nuevos contratos ni caer en gastos más allá de los esenciales para el funcionamiento del Estado (salarios de los funcionarios, pago de la deuda, suministros, etc.).

Alegaciones contra la posible multa

La medida ha sido incluida por el ejecutivo de Mariano Rajoy en las alegaciones presentadas ante la Comisión Europea para tratar de defenderse de una sanción que podría oscilar entre el 0,2% del PIB (en torno a 2.200 millones) y cero euros.

El Gobierno en funciones ha calculado que la subida en el Impuesto de Sociedades permitirá recaudar 6.000 millones adicionales en un año. A ello une ahora esta medida de contención del gasto y una batería de nuevos instrumentos en la lucha contra el fraude fiscal con la que pretende sumar otros 1.000 millones a las cuentas del Estado. 
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