La comunidades activan un escudo de 2.300 millones contra el impacto de la guerra en Irán

El conflicto en Oriente Medio ha hecho saltar las alarmas en España por el temor a su impacto en los costes energéticos y en la cadena de suministro, algo que ya está ocurriendo con el encarecimiento de los carburantes que tiñen de rojo las bolsas europeas. Ante este escenario, los gobiernos autonómicos han puesto sobre la mesa 2.300 millones para mitigar los posibles efectos en la economía de la guerra en Irán. Se suman a las acciones desplegadas por el Ejecutivo central, con 80 medidas y la previsión de movilizar 5.000 millones.

Las comunidades que han destinado mayores recursos económicos son País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León, que han articulado planes orientados a reforzar la liquidez empresarial, sostener el empleo y proteger sectores especialmente vulnerables al encarecimiento energético. El mayor paquete corresponde al País Vasco, con 1.047 millones de euros destinados a conformar un «escudo industrial» orientado a la protección del empleo, el apoyo financiero a pymes y el refuerzo de la autonomía energética.

En un segundo puesto, Cataluña prevé movilizar 400 millones de euros para proteger el poder adquisitivo de las familias y garantizar la continuidad de la actividad económica en los sectores más afectados. Por su parte, la Comunidad Valenciana ha anunciado más de 300 millones de euros en medidas dirigidas al tejido empresarial, entre ellas una línea de créditos bonificados de 100 millones y ayudas específicas para sectores como transporte, logística y pesca.

También, Castilla y León ha aprobado un paquete cercano a los 170 millones de euros articulado en 28 medidas –25 de carácter autonómico– destinadas a apoyar la actividad económica y el empleo, reforzar el transporte colectivo mediante la ampliación de rutas del autobús gratuito Buscyl, respaldar a las familias y avanzar en eficiencia y ahorro energético.

Galicia moviliza más de 150 millones

Galicia puso en marcha un paquete superior a los 150 millones de euros para apoyar a los sectores más afectados, que se sumarán a los 120,6 millones que, según cálculos de la Xunta, dejarán de ingresar las arcas autonómicas como consecuencia de las medidas anticrisis estatales. En el caso de Baleares se destinará cerca de 161 millones de euros en ayudas directas, líneas de crédito y medidas estructurales dirigidas a sectores estratégicos como el transporte, la industria, el comercio o la agricultura.

A estos territorios se suma Navarra, cuyo Gobierno ha aprobado un decreto foral legislativo de armonización tributaria con medidas fiscales dirigidas a paliar los efectos del conflicto, entre ellas la rebaja del IVA del 21% al 10% en combustibles, electricidad y gas hasta el próximo 30 de junio.

Canarias, por su parte, ha aprobado medidas por valor de 29,8 millones de euros para un periodo inicial de cien días, ampliables –según han aclarado– hasta 60 millones si el conflicto se prolonga. Por último, Murcia ha movilizado un primer paquete de 11 medidas presupuestadas en 10 millones de euros dirigidas a sectores especialmente afectados por la subida del precio de los carburantes y la electricidad.

Sin planes propios

Ni la Comunidad de Madrid ni Asturias han concretado por el momento nuevas iniciativas específicas, aunque han señalado que analizarán la evolución de las necesidades de los sectores afectados. En el caso del Principado, el Ejecutivo autonómico estudia la adopción de medidas fiscales si el impacto económico del conflicto se intensifica.

Por su parte, el Gobierno de La Rioja se encuentra actualmente en «fase de análisis» de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros con el objetivo de evaluar su repercusión sobre la economía regional antes de adoptar decisiones adicionales. En el caso de Cantabria, se ha descartado la aprobación de actuaciones propias y se limitará a valorar si resulta necesario complementar las medidas estatales. A esta situación, se suman Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Andalucía, donde por ahora no se han anunciado paquetes autonómicos específicos vinculados directamente al impacto del conflicto en Irán.