Santiago Lago destaca en la OCDE los avances de Galicia “en la gestión de los riesgos con impacto en sus cuentas públicas”

La sede central de la OCDE en París acogió la presentación de Galicia como estudio de caso en gestión de riesgos fiscales subnacionales. La intervención corrió a cargo de Santiago Lago-Peñas, director de EconLabGalicia, quien expuso los resultados de un trabajo elaborado para la Organización junto a María Cadaval-Sampedro, Xoaquín Fernández-Leiceaga y Alejandro Domínguez-Lamela.

Durante su intervención, el director de EconLabGalicia, subrayó que Galicia cuenta con activos diferenciales para afrontar riesgos con impacto sobre las cuentas públicas. Entre ellos destacan una trayectoria de cumplimiento fiscal comparativamente sólida, un nivel de deuda reducido en comparación con otras administraciones subnacionales y un conjunto de mecanismos operativos que permiten identificar, monitorizar y mitigar riesgos presupuestarios relevantes. Sin embargo, también señala los factores de riesgo que condicionan las finanzas gallegas: su elevada responsabilidad de gasto, especialmente en sanidad, cuidados de larga duración y otros servicios públicos esenciales, combinada con una capacidad limitada para controlar sus principales fuentes de ingresos. La comunidad autónoma depende en gran medida de impuestos compartidos y transferencias del Estado, por lo que las perturbaciones macroeconómicas o los cambios normativos nacionales pueden tener efectos significativos sobre sus ingresos y obligaciones de gasto.

A estos riesgos se suman factores estructurales idiosincráticos como el envejecimiento de la población, la dispersión territorial y la despoblación rural, que elevan el coste unitario de prestación de los servicios públicos. El informe también identifica riesgos climáticos, como incendios, temporales e inundaciones.

La evaluación presentada ante la OCDE destaca que Galicia dispone de un marco de gestión fiscal razonablemente sólido. La Consellería de Facenda, a través de sus órganos presupuestarios y financieros, elabora escenarios de medio plazo, gestiona el fondo de contingencia y realiza seguimiento de la ejecución presupuestaria. A su vez, la Agencia Tributaria Autonómica (ATRIGA), la tesorería, la intervención general y los organismos sectoriales contribuyen al control de riesgos de ingresos, liquidez, garantías, litigios, contratos público-privados, riesgos sanitarios y emergencias naturales.

Entre las oportunidades de mejora, el estudio recomienda avanzar desde las competencias y capacidades parciales a la gobernanza integral para reforzar la resiliencia fiscal de la comunidad. El punto de partida debería ser una mayor integración de la información disponible mediante una declaración anual de riesgos fiscales que reúna, priorice y cuantifique los principales riesgos con impacto presupuestario. Esta herramienta permitiría conectar mejor la identificación de riesgos con la planificación presupuestaria plurianual y reforzar la transparencia ante la ciudadanía, el Parlamento y los mercados. Asimismo, se recomienda mejorar la cuantificación de escenarios de estrés fiscal asociados a shocks macroeconómicos, pasivos contingentes y eventos climáticos extremos. El estudio también subraya la importancia de reforzar la coordinación intergubernamental en España, especialmente en ámbitos como el sistema de financiación autonómica, las entregas a cuenta y la coordinación ex ante de decisiones con impacto fiscal sobre las comunidades autónomas.