Los familiares de las víctimas de Angrois suspenden las movilizaciones para el 24 de julio

Los familiares de las 79 víctimas mortales del Alvia accidentado en Angrois vivirán en este 2025 su primer 24 de julio sin movilizaciones. El presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, ha avanzado a la agencia Europa Press que este aniversario solo habrá un encuentro de familiares el 23 de julio de carácter privado, con el homenaje a los que ya no están, así como una convocatoria pública el 24 en la que se dará lectura a un comunicado y se ofrecerán declaraciones, en la estación de tren compostelana.

El colectivo ha tomado esta decisión en una última asamblea en la que ha decidido no marchar tras una pancarta y llevar hasta la Catedral de Santiago sus reivindicaciones. En esa asamblea, con participación más reducida que en anteriores ocasiones -buena parte de los afectados son y residen en otras localidades y solo algunos viven en la capital gallega-, varias fueron las voces que apuntaron al cansancio y a la necesidad de pasar página.

A la fatiga tras años de lucha -la que motivó reaperturas por el pronunciamiento de la Unión Europea, entre otras victorias- se suma el dolor que cada año han vivido los familiares de fallecidos en el campo da festa de Angrois, en un acto que durante 11 años hicieron coincidir con la hora en la que se produjo la tragedia en 2013, a pocos minutos de la celebración del día grande de Galicia (25 de julio).

De este modo, el 24 de julio no habrá ni manifestación por las calles de Santiago ni el ya tradicional acto de homenaje a las víctimas junto a las vías, en la curva de A Grandeira.

La batalla judicial

Tras una larga instrucción con varios cierres y reaperturas, el juicio para determinar responsabilidades penales por el siniestro ferroviario que acabó con 80 vidas y dejó a más de un centenar de heridos comenzó en octubre de 2022. Duró 10 meses, y no fue hasta el 26 de julio del año pasado, en 2024, habiendo pasado ya 11 años del descarrilamiento, cuando hubo una sentencia: la que considera culpables de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones por imprudencia grave al ex director de seguridad de Adif (la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes que administra la infraestructura ferroviaria y debía encargarse de velar por la seguridad en la vía) y al maquinista de Renfe.

Ahora, los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña no tienen plazo para resolver sobre los 108 recursos interpuestos contra la sentencia y algunas partes personadas en el caso cuentan con que el fallo no llegue hasta 2026.

Además, las víctimas todavía están pendientes de otro tribunal, el Europeo de Derechos Humanos, que será el que someta a examen la demanda con la que la plataforma sigue reclamando que el Estado español haga una investigación independiente sobre el siniestro.

En este procedimiento, los afectados combaten la versión de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), que se define como independiente y está adscrita al ministerio, y que en su día realizó un informe que determina que únicamente hubo responsabilidad por parte del maquinista, debido al exceso de velocidad.

La propia CIAF, que rechaza repetir esa investigación, incorporó a ese documento toda una serie de recomendaciones para incrementar las medidas de seguridad en la red ferroviaria, con la vista puesta en que no se volviera a repetir algo igual.

Por eso, para exigir una nueva investigación e «independiente», la plataforma interpuso una demanda por lo contencioso que es la que llegó a Europa. En un escrito del pasado 5 de febrero, la secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos informó a la asociación de víctimas que «el caso será sometido a examen tan pronto como sea posible» y que «en el momento oportuno» informará «de las decisiones adoptadas».

El tribunal también apuntó que tiene la intención de «agilizar al máximo el proceso de examen de las demandas» y que podrá solicitar información a lo largo del procedimiento. Un tribunal que, según subrayaron las víctimas en un comunicado de prensa en el que informaron de esta noticia, «admite menos del 5% de las demandas presentadas», según datos que cita del Consejo General de la Abogacía Española.

La denuncia, en concreto, fue interpuesta en julio de 2021 ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), frente al Gobierno y al comité que investigó la tragedia. «Solicitábamos que se llevara a cabo una nueva investigación independiente que cumpliera con los requisitos legalmente establecidos: el trámite de audiencia a las víctimas y que atendiera las graves deficiencias señaladas por la Comisión Europea, en un informe de la Agencia Ferroviaria Europea», recuerda la plataforma.

Agotadas todas las vías que el derecho interno español ofrece (Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional), la plataforma acudió al Tribunal Europeo, que deberá pronunciarse sobre la vulneración del derecho a un proceso equitativo y verificar si el Estado español respetó y tuteló los derechos de las víctimas y sus familiares.