La España de Pedro Sánchez (y III)
La situación económica media de los ciudadanos es hoy más favorable que ocho años atrás; una evolución en la que han intervenido las políticas de los distintos niveles de gobierno, pero también las empresas, los trabajadores y el resto de los agentes sociales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez – Jesús Hellín / Europa Press
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Continuamos y cerramos esta serie de tres artículos sobre la evolución de España en términos económicos durante los últimos ocho años. Advertíamos al comienzo que el título de la serie implicaba una sinécdoque porque, para lo bueno y para lo malo, la marcha de un país depende de las políticas y decisiones de muchas personas e instituciones, no solo del presidente del Gobierno central. Entre ellas ocupan un lugar destacado los gobiernos autonómicos. Por eso, los avances y los retrocesos deben entenderse siempre como resultados compartidos.
En la segunda entrega, tras delimitar las responsabilidades entre administraciones central, autonómicas y locales, analizamos la evolución macroeconómica de España durante estos años. La conclusión fue difícil de cuestionar: la economía española ha mejorado de manera notable en la totalidad de los ámbitos analizados. En esta tercera y última entrega cambiaremos el foco. Trataremos de comprobar hasta qué punto esa mejora macroeconómica se ha trasladado a las economías familiares y, en definitiva, a la vida cotidiana de los ciudadanos.
Gastos e ingresos
La evolución de los precios ofrece una primera referencia para valorar cómo ha variado el poder adquisitivo en España. Entre 2018 y 2025, el índice armonizado de precios IPCA acumuló un incremento en torno al 21% en España, frente al 22,7% del conjunto de la Unión Europea y aproximadamente el 28,3% de Estados Unidos. En un periodo marcado por fuertes tensiones inflacionistas a escala internacional, España registró, por tanto, una evolución de los precios algo más contenida que la media europea y claramente inferior a la estadounidense.
La vivienda exige una consideración adicional porque el IPC no recoge completamente su coste. Los alquileres sí forman parte del índice de precios, pero no ocurre lo mismo con la compra de una vivienda ni con las cuotas hipotecarias. Para aproximarnos a esta realidad podemos utilizar la relación entre precio de la vivienda y renta disponible por habitante que calcula la OCDE. En España, este indicador ha aumentado aproximadamente un 14% entre 2018 y 2025, lo que significa que acceder a una vivienda en propiedad exige al final del periodo un esfuerzo económico sensiblemente mayor en relación con la renta disponible.
Por la parte de los ingresos, tomaremos el salario medio como primera referencia. Según la serie publicada por Datosmacro, pasó de 26.922 euros anuales en 2018 a 35.076 euros en 2025, un incremento nominal del 30,3%. En ese mismo periodo, el IPC general acumuló una subida del 23,2%. En consecuencia, el salario medio creció por encima de los precios. La evolución resulta mucho más favorable entre quienes perciben las rentas laborales más bajas ya que el salario mínimo interprofesional ha pasado de 735,90 euros mensuales en 2018 a 1.221 euros en 2026, un incremento nominal próximo al 66%.
También los pensionistas han mejorado su posición de forma reseñable. La pensión media de jubilación pasó de 1.107,49 euros mensuales a finales de 2018 a 1.576,10 euros en septiembre de 2026, un incremento superior al 42%. De esta forma, se puede confirmar que la pensión media ha aumentado también en términos reales durante el período.
Junto a ingresos y precios, debemos tener en cuenta la evolución de la carga fiscal. Para medir su incidencia sobre el trabajo podemos utilizar la llamada cuña fiscal, que mide la diferencia entre el coste laboral total soportado por la empresa y la remuneración neta que finalmente recibe el empleado. Para un trabajador soltero sin hijos con salario medio, este indicador pasó en España del 39,7% en 2018 al 41,4% en 2025. El aumento se explica fundamentalmente por una mayor incidencia del impuesto sobre la renta, mientras las cotizaciones sociales, tanto del trabajador como de la empresa, apenas variaron.
Conclusiones de síntesis
Para completar la fotografía conviene observar cómo han evolucionado la pobreza y la desigualdad. La tasa AROPE, que mide la población en riesgo de pobreza o exclusión social, ha descendido del 27,3% en 2018 al 25,7% en 2025. En paralelo, el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de la renta disponible, ha bajado de 33,2 a 30,8 puntos. La evolución agregada de ambos indicadores es, por tanto, favorable, aunque una cuarta parte de la población continúe todavía en riesgo de pobreza o exclusión.
Con el fin de aportar una visión integrada, acudiremos a una variable que sintetiza buena parte de los movimientos anteriores: la renta disponible real de los hogares. En términos nominales, la renta neta media por hogar pasó de 28.417 euros en 2018 a 38.994 euros en 2025, un incremento del 37,2%, apreciablemente superior al 23,2% acumulado por el IPC general en el mismo periodo. Así pues, descontando el efecto de los precios, la mejora real de la renta media por hogar se sitúa en torno al 11,4%, una cifra nada desdeñable.
El recorrido ofrece, por tanto, resultados de distinto signo. El acceso a la vivienda en propiedad se ha hecho sensiblemente más difícil y la carga fiscal sobre el trabajo ha aumentado. En sentido contrario, han mejorado las rentas laborales —de manera especialmente intensa las más bajas— y las pensiones, mientras los indicadores generales de pobreza y desigualdad presentan también una evolución favorable. Como resultado agregado, una vez considerado el efecto de impuestos y cotizaciones y descontada la inflación, la capacidad adquisitiva media de los hogares españoles ha mejorado durante estos años.
Los promedios, naturalmente, no describen todas las realidades ni permiten concluir que los problemas hayan desaparecido. Pero el conjunto de los datos sí permite sostener que, junto a la mejora macroeconómica observada en la entrega anterior, la situación económica media de los ciudadanos es hoy más favorable que ocho años atrás. Una evolución en la que han intervenido las políticas de los distintos niveles de gobierno, pero también las empresas, los trabajadores y el resto de los agentes sociales.
Cerrábamos la primera entrega recordando precisamente ese carácter compartido de los éxitos y los fracasos. Qué gran noticia sería que gobiernos y administraciones asumieran también que muchos de los problemas pendientes exigen menos enfrentamiento y más colaboración. Cabe suponer que ese objetivo sí debería interesarnos a todos.
