FCC pierde la batalla de la basura de Ourense y deja a Copasa como favorita en un contrato de 140 millones

El mayor contrato que licita el Concello de Ourense ha dado un disgusto a FCC, que se quedó fuera del concurso por un error en la presentación de la documentación. El grupo que preside Esther Alcocer Koplowitz, y que tiene como mayor accionista a Carlos Slim, recurrió la exclusión en la contratación del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de la ciudad, pero el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ha rechazado sus argumentos en una resolución del pasado 13 de febrero. El dictamen del tribunal de contratos tiene dos consecuencias: permite reanudar el concurso, con lo que se procederá a la adjudicación de un contrato presupuestado en 147 millones; y deja como última vía a FCC para impugnarlo el contencioso administrativo en los juzgados.

En este escenario, la favorita para hacerse con el servicio es la alianza formada entre Copasa y Setec, una filial de Valtalia. Su oferta fue la mejor valorada por la mesa de contratación, superando a Acciona, Extraco y Valoriza, que también compitieron en el concurso. La propuesta de la UTE ourensana es de 13,83 millones por año, lo que supondría unos 138 millones durante los 10 años de vigencia del contrato.

Copasa y Setec, con una rebaja del 6,15% respecto al presupuesto de licitación, no solo presentó la oferta más económica, sino que también obtuvo la mejor valoración técnica. Acciona, en alianza con Opain, ofreció 14,3 millones anuales; y Extraco alcanzó los 14,28 millones. La que más cerca se quedó fue la UTE encabezada por Valoriza, la antigua división de servicios medioambientales que Sacyr vendió a Morgan Stanley. Junto a Ingeser y Prodemex ofertó 14,19 millones, con una rebaja del 3,7%, pero todavía lejos de los números de Copasa y Setec.

FCC había prestado el servicio durante los últimos años, antes de la celebración del nuevo concurso.

La «falta de diligencia» de FCC

FCC Medio Ambiente fue excluida del procedimiento «por no presentar correctamente la totalidad de la documentación exigida en la licitación». Aunque la empresa presentó recurso, alegando que se trataba de un «error enmendable», el Tacgal señala en su resolución que «no se pueden obviar» las normas de la apertura de ofertas y la configuración básica del proceso. Advierte también que el recurrente pretende que la licitación «se adecúe a sus intereses individuales», de manera que pueda aportar la totalidad de su propuesta de forma «extemporánea», al margen de la normativa y en perjuicio del resto de licitadores. «Es decir, un procedimiento de licitación ad hoc, ajeno a lo establecido en la propia Ley de Contratos del Sector Público, y en perjuicio evidente del resto de licitadores, y motivado única y exclusivamente por su falta de diligencia en la conformación de su oferta, incumpliendo las reglas fijadas con claridad en los pliegos», dice el documento.

Añade la resolución que es imposible aceptar el recurso pues llevaría a modificar las puntuaciones obtenidas por el resto de licitadores y porque solicita la anulación de todo el procedimiento a causa, únicamente, «de su incorrecta actuación».