El Supremo entra en la guerra de la AP-9 y pide el dictamen de Bruselas sobre la prórroga de Aznar
El Alto Tribunal solicita la documentación a la Comisión Europea para analizar si el Gobierno debe anular la ampliación de la concesión hasta 2048, justo cuando se está negociando la transferencia de la autopista a la Xunta
Imagen de archivo de Mariano Rajoy en la inauguración de la ampliación del puente de Rande en la AP-9 / EFE
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El Tribunal Supremo ha solicitado a la Comisión Europea el dictamen donde considera ilegal la prórroga de la autopista gallega AP-9 hasta 2048, concedida por el Gobierno de José María Aznar antes de la privatización de la vía. El Alto Tribunal quiere analizar el documento para decidir si el Ejecutivo central debe anular aquella ampliación del periodo concesional. La autopista está gestionada actualmente por Audasa, una filial del grupo de infraestructuras Itínere, a su vez, propiedad del fondo de pensiones APG y de Swiss Life. Desde que Bruselas consideró ilegal la prórroga, Itínere ha recalcado que una posible anulación de su concesión tendría que llevar aparejada una cuantiosa indemnización al grupo.
El Supremo, en un auto desvelado por Europa Press, explica que la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor) interpuso recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado a finales de 2025 por el que se inadmitió a trámite su solicitud de revisión de oficio de las prórrogas de la concesión. En dicho recurso, la asociación solicitaba una copia del dictamen motivado por la Comisión Europea en el procedimiento de infracción iniciado contra España precisamente por esa prórroga.
Pese a reconocer el Supremo que los dictámenes de la Comisión «no tienen el efecto jurídico directo de anular los actos objeto del procedimiento», considera que «ello no implica que dicho dictamen no sea relevante, pudiendo ser tomado en consideración como un elemento más que sirva para apreciar si existieron infracciones de las normas de la Unión Europea que pueden determinar la nulidad de pleno derecho de las normas revisión de oficio se solicita».
Cambio de idea
El pasado mayo, el Supremo admitió la negativa del Gobierno a facilitar el dictamen europeo con el argumento de que no formaría parte del expediente de revisión propiamente dicho, una información que avanzó Praza. en mayo el Supremo admitió la negativa del Gobierno a facilitar el dictamen europeo No obstante, ahora el Tribunal sí acepta la vía emplea por la asociación para poder conocer el contenido de dicho documento.
«Ahora bien, la apreciación de si concurren o no las excepciones que determinarían la imposibilidad de remitir dicho documento para incorporarlo a este proceso, corresponde realizarlas a la Comisión Europea y no a este Tribunal, por lo que procede remitir oficio a la Comisión Europea para que valore si procede o no remitir el Dictamen motivado que se solicita como medio de prueba«, añade el Supremo en su auto.
Transferencia de la autopista
El procedimiento judicial y europeo sobre la legalidad de la prórroga de la concesión de la AP-9 coincide con los movimientos para transferir la autopista a la Xunta, que ha pedido una comisión bilateral sobre el traspaso. PSOE, Sumar y BNG acordaron una propuesta para que la vía, que transcurre entre Ferrol y Tui, pase al Gobierno gallego, una petición unánime del Parlamento autonómico. El problema está en las condiciones. Alfonso Rueda y su equipo creen que las condiciones fijadas en la propuesta pactada por los partidos pueden acarrear penalidades económicas para la Xunta, que llegó a cifrar en 4.000 millones. Una de los riesgos que esgrimió en su momento el Ejecutivo autonómico fue, precisamente, la posible indemnización a Audasa por una eventual anulación de la concesión.
