Xunta y sindicatos piden un 'forensic' a las plantas de Alu Ibérica

Xunta y comité de empresa abogan por poner luz y taquígrafos sobre la situación en la que se encuentra la antigua planta de Alcoa en A Coruña, ahora en manos del Grupo Industrial Riesgo.

El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, se ha reunido este martes con los representantes de los trabajadores en un encuentro en el que han acordado exigir al Gobierno central que realice una auditoría «financiera y técnica» de la empresa para garantizar la producción de aluminio primario y el mantenimiento de los más de 300 empleos de la planta de A Coruña.

El acuerdo de Alcoa y Parter

Según Conde es «necesario» que se estudie «el grado de cumplimiento de los compromisos» alcanzados en julio de 2019 entre Partner y Alcoa y también que se «garantice el cumplimiento del acuerdo hasta julio de 2021», al tiempo que ha vuelto a pedir al Ejecutivo estatal que se establezca un precio de la energía «competitivo, en igualdad de condiciones con el resto de países europeos» que permita la producción de aluminio primario y un proyecto industrial de futuro. «No solo hasta 2021», ha subrayado Conde.

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Después de tres horas de encuentro entre representantes del Gobierno gallego y de los trabajadores, el responsable autonómico también anunció la decisión de pedir a la mesa del diálogo social a nivel estatal que negocie las condiciones para «garantizar» el futuro de las industrias electrointensivas, al tiempo que ha descartado que la Xunta sea la encargada de realizar esta auditoría porque, ha remarcado, «el Ministerio de Industria fue el garante del acuerdo así que es el que conoce su alcance, no solo en la planta de A Coruña sino también en la de Avilés». De este modo, el conselleiro cree que solo el Gobierno estatal tiene «legitimidad» para hacer el estudio.

“Problema empresarial”

El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica, Juan Carlos López Corbacho, ha advertido de que la situación es «bastante crítica» y «muy peligrosa» y culpa de la misma «a la falta de un precio de la electricidad competitivo» y a un «problema empresarial», por lo que exige al Gobierno «clarificarlo».

Según el representante de los trabajadores, con la auditoría que exigen habría «toda la información posible para determinar las distintas responsabilidades que haya en esta situación«. Es necesario, ha agregado, que el proceso vuelva «al kilómetro cero» para que, dijo, «el perjuicio no recaiga solo en los trabajadores», al tiempo que ha exigido que el proyecto industrial se «ancle» en Galicia y, para ello, considera que es fundamental el «compromiso» del Gobierno central y la «colaboración» de la Xunta. «La industria electrointensiva es estratégica para el país y más en estos momentos», ha zanjado.