Derrumbe de la A-6: el BNG dice que el Gobierno “protege” a FCC y ACS
El diputado Néstor Rego asegura que los informes encargados por el Ejecutivo sobre las causas de la caída son “inaceptables” y anuncia que solicitará una comisión de investigación en el Congreso
Operarios y grúas trabajan durante el desmontaje del tercer y último vano del viaducto de la A6. Carlos Castro – Europa Press
El BNG vuelve a la carga con los informes encargados por el Gobierno a dos consultoras para analizar las causas del colapso en el viaducto de O Castro, en la A-6. El diputado nacionalista Néstor Rego asegura que las dos compañías que recibieron el encargo del Ministerio de Transporte “trabajan de forma habitual con las constructoras implicadas” en las obras. Asegura que es necesario “depurar responsabilidades” y, por eso, solicitará una comisión de investigación en el Congreso.
Los informes de las consultoras EMC2 e Idea indican que fue la concatenación de varios factores distintos lo que derivó en el colapso del viaducto. “No se puede establecer una causa única, ni principal, que haya dado origen a los colapsos, que sólo pueden ser justificados por la concomitancia de varios efectos que, aplicados de forma independiente, en ningún caso hubieran dado lugar a un fallo de la estructura, pero que, actuando de forma simultánea, pueden dar lugar a una situación compatible con el colapso”, exponía, por ejemplo EMC2.
Rego asegura que ambas consultoras trabajan con las empresas que realizaron las obras del viaducto colapsado, FCC y ACS, un hecho que considera “escandaloso”. Así, aludió a obras llevadas a cabo por estas empresas de modo conjunto, como la ampliación del estadio madrileño Santiago Bernabéu.
«Depurar responsabilidades»
Rego ha subrayado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) «está protegiendo a las empresas constructoras» y ha destacado en que el informe revela «defectos de construcción» de la infraestructura y que «esto debería llevar a que se depuren responsabilidades».
En esta línea, ha señalado que ya han solicitado que la ministra Raquel Sánchez Jiménez comparezca para dar explicaciones y que solicitarán una comisión de investigación parlamentar para «depurar las responsabilidades políticas». Así, pedirán que se encargue un nuevo estudio «a empresas independientes, sin condicionantes ni presiones».
