La patronal de DomusVi carga contra la reforma de las residencias

El acuerdo sobre un nuevo modelo de residencias aprobado este martes por el Ministerio de Derechos sociales y las comunidades autónomas no ha sido bien acogido por las Patronales de Dependencia. Jesús Cubero, secretario general de la  Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), ha destacado que «el Gobierno ha perdido una excelente oportunidad de diseñar el modelo de atención a las personas mayores para los próximos años».

 «Prueba de ello es que es un documento que nace con la oposición de sindicatos, familias, profesionales del sector y del 72% de la población española (ya que las CCAA que han votado en contra de este modelo representan ese porcentaje de población)», ha señalado Cubero.

Por otra parte, el secretario general ha advertido de que el documento «carece del estudio diagnóstico que justifique las medidas a adoptar, carece de un estudio económico que cuantifique el impacto que van a tener las comunidades autónomas, y carece de una memoria económica que asegure la viabilidad del modelo que se quiere implementar».

Para Cubero es necesario reformar el modelo de atención, pero «escuchando a quienes son los destinatarios: las personas mayores» algo que, según ha dicho, no se ha hecho. «En todo este proceso no se ha consultado con las principales organizaciones de mayores de nuestro país», ha denunciado.

El acuerdo «nace muerto»

El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, ha incidido en que el acuerdo «nace muerto» por la oposición que ha suscitado entre patronales, sindicatos y CCAA.

«Nace muerto porque nace con la oposición de las patronales, de los sindicatos y de ocho CCAA más Ceuta, que son más de dos tercios de la población de este país. Es un acuerdo muerto, nace muerto. No sé por qué tanta satisfacción de la ministra», ha apuntado el presidente de la FED.

 A su juicio, habría que preguntarse si España puede «permitirse» este modelo y «sobre todo, si es sostenible». «Queremos lo que no podemos, nos fijamos en un modelo nórdico que aplican los países más ricos de Europa», ha apostillado.

Fernández-Cid considera que se pretenden cambios «de lo más radicales» que van a suponer que para «más de 181.000» residentes que ocupan plazas privadas «se incremente el precio en un 50%, de media, 1.000 euros más al mes».

En cuanto a las medidas concretas, ha calificado de «absurdo» que se prohíba construir residencias de más de 120 plazas porque «si se tienen que imputar todos los costes entre menos residentes, los precios van a subir». Además, en su opinión, da igual que la residencia tenga más plazas si los centros se dividen en plantas independientes. «No hay ninguna masificación», ha defendido.

Incremento de precio

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS), Cinta Pascual, ha advertido de que adaptarse a los ratios que el acuerdo exige ya para 2023 va a suponer «un incremento de precio muy importante», aunque ha confiado en el «criterio» de las CCAA y en su «fuerza para conseguir el dinero necesario» para aplicarlo.

«Celebramos que consideren que tienen el dinero, que esta financiación existe y vamos a trabajar para mejorar y poder aplicar las nuevas ratios en las residencias de mayores de España», ha precisado Pascual.

Si bien, ha pedido que no se olviden de las personas que en estos momentos están «en el limbo o pagando de su bolsillo la plaza porque están esperando las ayudas o porque les han dado una prestación muy por debajo de lo que tendrían que tener». A ellos, según ha dicho, hay que ayudarles a pagar las plazas.

«Para todas estas personas que calculamos en unas 180.000 en residencias y unas 33.000 en centros de día, hay que hacer una prestación excepcional ligada al acuerdo de acreditación para poder soportar los incrementos del coste», ha subrayado Pascual.