La Xunta carga contra el Constitucional por su veto a la ley del litoral: «Va contra los intereses de Galicia»

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha calificado de "muy rprecipitada" la decisión del Constitucional de mantener suspendida la práctica totalidad de la ley de gestión del litoral denunciada por el Gobierno central

El presidente de Iberconsa, Alberto Freire, y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda, Ángeles Vázquez, firman la adhesión del grupo empresarial a la Alianza Galega polo Clima / Europa Press

El presidente de Iberconsa, Alberto Freire, y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda, Ángeles Vázquez, firman la adhesión del grupo empresarial a la Alianza Galega polo Clima / Europa Press

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«Sorpresa» en la Xunta de Galicia por la decisión del Tribunal Constitucional de mantener suspendida la práctica totalidad de la ley de gestión del litoral impulsada por la Xunta y, tras calificar la decisión de «muy precipitada», ha insistido en la normativa «protege la costa y la economía» de la comunidad.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha reconocido en declaraciones a los medios durante una visita a las instalaciones de Iberconsa en Vigo, que el auto del TC ha cogido «por sorpresa» al gobierno gallego.

A su juicio, la decisión «es muy precipitada» porque no figuraba en el orden del día del pleno del tribunal y ha apuntado que, a la espera de recibir el auto, «deberían repensarlo un poco y dictar sentencia cuanto antes» porque su decisión «va en contra de los intereses de Galicia».

En todo caso, la conselleira ha insistido en que esta ley «protege la costa y la economía» gallega. «No alcanzamos a saber por qué se dice que, lejos de proteger nuestra costa, va sufrir consecuencias de carácter medioambiental», ha afirmado.

Por otra parte, Ángeles Vázquez también ha reclamado «explicación de los motivos» por los que se abordó esa cuestión por parte del Tribunal Constitucional sin estar en el orden del día y, asimismo, ha mostrado su extrañeza porque queden suspendidos «casi todos los artículos» de la ley, a excepción de tres de ellos, entre los que está el relativo a la necesidad de que el Gobierno pida a Galicia informe socioeconómico y de afectación a las aguas, en caso de querer realizar cualquier inversión en dominio público marítimo terrestre.

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