España y la trampa de la intervención: por qué liberar los factores de producción importa más que subvencionar sectores

Empecemos por la energía. Según el barómetro de marzo de 2026 de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), el coste final de la electricidad para un consumidor electrointensivo se situó en España en 66,50 €/MWh, frente a 32,05 €/MWh en Francia. Dicho de otro modo, la factura española es 2,1 veces la francesa. La paradoja es que España genera electricidad barata gracias a las renovables —el primer trimestre de 2026 cerró con el precio mayorista más bajo de toda Europa, 44,18 €/MWh— pero esa ventaja se pierde antes de llegar a la fábrica: los servicios de ajuste del sistema han pasado de apenas 3,8 €/MWh en 2020 a 20,31 €/MWh en 2026, un recargo regulador que Francia y Alemania apenas soportan.

Con el suelo y el urbanismo sucede algo parecido, e incluso peor. En Singapur, la referencia mundial en rapidez administrativa, obtener un permiso de construcción es cuestión de semanas. En España, aunque la ley fija un plazo de tres meses para una licencia de obra mayor, la tramitación real se demora entre seis meses y un año, y en numerosos municipios se alarga aún más según la carga de trabajo del área de urbanismo. Ese desajuste entre la norma y la gestión administrativa sitúa a España muy lejos de las ubicaciones más ágiles del planeta, y encarece cualquier proyecto industrial, logístico o residencial antes de que se coloque el primer ladrillo.

Un análisis reciente del McKinsey Global Institute mide el coste de instalar una planta nueva en distintos países, tomando como referencia la ubicación más barata. Su conclusión para los países europeos es clara: los costes de montaje —permisos, construcción, energía— resultan entre un 50% y un 300% más altos que en China, Taiwán y Corea del Sur. En España, los plazos de tramitación de licencias de construcción oscilan entre 128 y 553 días, contra los 30-40 días en Singapur o Malasia, o los 58 de Dinamarca.

La respuesta política dominante en los últimos años ha sido la contraria a la que sugieren estos datos: más ayudas sectoriales y un discurso creciente sobre soberanía industrial que rara vez menciona el permiso de obra o el recargo eléctrico. Esto no descarta toda intervención: si España quiere proteger cadenas críticas, es legítimo hacerlo. Pero cada euro de coste estructural que se elimina mediante reforma —agilizando permisos, revisando los cargos regulados de la factura eléctrica, simplificando la fiscalidad a la inversión productiva— es un euro menos a gastar en subvención o arancel sectorial.

España cuenta, además, con una ventaja natural que pocos países comparten: energía renovable abundante y barata en origen. El reto no consiste en generarla, sino en dejar que ese ahorro llegue íntegro a la factura industrial, y en que un permiso de obra no tarde más que la propia construcción. Antes de diseñar el próximo plan sectorial, convendría

preguntarse cuánto crecimiento puede desbloquearse simplemente dejando que la inversión circule con menos trabas.