Mokyr, la universidad española y el fantasma del mandarinato

Joel Mokyr, premio Nobel de Economía, lleva años dándole vueltas a la misma pregunta: por qué el progreso técnico dejó de ser un chispazo aislado y se convirtió, solo en Europa, en un proceso que se acumula sobre sí mismo. Su nuevo libro con Avner Greif y Guido Tabellini, Dos caminos hacia la prosperidad: cultura e instituciones en Europa y en China, intenta dar respuesta incómoda para quien piense la universidad española desde dentro. No fue la pólvora ni el carbón. Fue una forma de organizarse.

Europa aprendió a cooperar entre desconocidos. Gente sin lazo de sangre ni de clan se agrupó en estructuras que se daban sus propias reglas: gremios, monasterios, ciudades autónomas y universidades. China canalizó ese mismo impulso —proveer bienes públicos locales— a través del clan extendido, cada vez más entrelazado con la burocracia imperial. Un camino llevó a la estabilidad interna; el otro, a la convicción de que el mundo siempre podía mejorarse.

De todas las corporaciones medievales, la universidad ha sido la más persistente. Gremios y monasterios se debilitaron; ella sigue en pie ocho siglos después. El historiador económico Mark Koyama tiene una explicación plausible: la fragmentación geográfica europea impidió que ningún poder central la capturase por completo. En China, la unidad imperial acabó subordinando cualquier corporación intermedia al examen y al escalafón burocrático. Al mandarinato.

España tiene motivos de sobra para reconocerse en esa historia, y no siempre para bien. Salamanca, fundada en 1218, fue una de las primeras universidades europeas con estatutos propios y fuero reconocido por la Corona y el Papa. El país que llegó pronto a ese modelo de autogobierno académico es hoy uno de los que peor lo conserva. Solo la Universidad de Barcelona figura entre las 200 mejores del mundo según el ranking de Shanghái; la primera española en el Times Higher Education, la Pompeu Fabra, aparece en el puesto 143. Suiza, con nueve millones de habitantes, coloca cuatro instituciones entre las cien mejores del planeta. No es solo un problema de dinero. Es un problema de gobierno.

Tampoco faltan diagnósticos. La comisión Tarrach de 2011 y la comisión Miras de 2013 apuntaron en la misma dirección que ya habían marcado, unos años antes, Philippe Aghion y Andreu Mas-Colell en su informe para Bruegel, Higher Aspirations. Su argumento, respaldado con datos de universidades europeas y estadounidenses, era simple: cuanta más autonomía real tiene una universidad —para fijar salarios, seleccionar estudiantes, diseñar sus planes de estudio y gestionar su propio presupuesto—, mejor es su rendimiento investigador, siempre que esa autonomía venga acompañada de un consejo de gobierno con participación externa que la haga responsable de los resultados.

Pedían un Estado que financiara con condiciones y dejara de gestionar el día a día. Ningún gobierno, ni del PSOE ni del PP, ha tocado el statu quo, protegido por la CRUE, la Conferencia de Rectores: un cártel inmovilista. 

Ningún hospital deja votar a enfermos y celadores para elegir a su director, en la universidad se da por normal que un estudiante de dieciocho años decida quién dirigirá la política de doctorado los próximos años

El síntoma más claro del mandarinato es la manera de elegir a los órganos de gobierno. El rector no responde ante un consejo externo con capacidad real de exigirle cuentas, sino ante un censo interno de profesores, estudiantes y personal administrativo cuyo interés dominante es la reproducción del propio cuerpo, no la excelencia del centro.

Ningún hospital deja votar a enfermos y celadores para elegir a su director; en la universidad se da por normal que un estudiante de dieciocho años decida quién dirigirá la política de doctorado los próximos años. El resultado premia la conformidad antes que la disrupción intelectual, como el examen imperial chino.

Estados Unidos, Reino Unido, Austria, Dinamarca, los Países Bajos y Portugal han roto con ese esquema: confían la elección del rector a un consejo externo e independiente, por concurso abierto a candidatos internacionales. Nada impide que España tenga rectores extranjeros, salvo la misma lógica de clan que Mokyr sitúan del lado equivocado de la historia.

La lección de Mokyr no tiene nada de nostálgico. La universidad que produjo la revolución científica europea fue una corporación autónoma real, capaz de gobernarse a sí misma y de competir por el talento sin que la política decidiera quién entra y quién sale. Recuperarla no es importar un modelo ajeno. Es volver al modelo que Salamanca puso en marcha hace ochocientos años, antes de que el poder político aprendiera a administrarlo desde dentro.