La factura de Ceuta no puede acabar en el bolsillo del contribuyente

La crisis de Ceuta no terminó cuando regresaron a Marruecos la mayoría de las personas que habían entrado irregularmente. Para los comerciantes, los hoteles, los restaurantes y las familias ceutíes, sus consecuencias continúan. La frontera puede cerrarse en unas horas; recuperar la seguridad, la actividad económica y la reputación de una ciudad necesita mucho más tiempo.

Las primeras estimaciones publicadas hablan de más de 33 millones de euros en pérdidas para el sector privado, alrededor de 80 millones de gasto público extraordinario y un daño reputacional que la Cámara de Comercio de Ceuta ha cifrado en 170 millones. El turismo llegó a registrar una caída cercana al 90% de la demanda y algunos establecimientos perdieron hasta el 70% de su facturación.

El Gobierno ha respondido anunciando un paquete de 309 millones de euros. Es necesario auxiliar a una ciudad española sometida a una situación extraordinaria. Ceuta no puede cargar sola con el coste de proteger una frontera que también es española y europea. Pero conviene formular una pregunta incómoda: ¿quién va a pagar finalmente esta factura?

La respuesta inmediata es sencilla: la pagaremos todos los contribuyentes españoles. Pagaremos el despliegue de seguridad, la acogida, los servicios públicos, las ayudas empresariales y la recuperación de la imagen turística. Marruecos, mientras tanto, continuará recibiendo cooperación, inversiones y respaldo europeo para controlar una frontera que utiliza, cuando le conviene, como instrumento de presión.

España debe ayudar a Ceuta, pero no puede limitarse a entregar ayudas y regresar después a la diplomacia de las fotografías. La obligación del Estado no consiste únicamente en reparar los daños. También debe exigir responsabilidades políticas, económicas y diplomáticas a quien contribuyó a provocarlos.

Marruecos tiene capacidad para controlar sus fronteras cuando decide hacerlo. Dispone de fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y una Administración fuertemente centralizada. Por eso resulta difícil aceptar que decenas de miles de personas puedan alcanzar la frontera en un periodo muy breve sin que se produzca, al menos, una quiebra deliberada o gravemente negligente de la cooperación fronteriza.

No se trata de criminalizar a los jóvenes utilizados en estas crisis. Muchos buscan trabajo, seguridad o un futuro mejor. Las responsabilidades corresponden a quienes permiten, impulsan o instrumentalizan esos movimientos para obtener ventajas políticas. Confundir al régimen marroquí con los ciudadanos marroquíes sería tan injusto como conveniente para el propio régimen.

España debe abandonar la extraña doctrina según la cual defender sus intereses supone “enfadar a Marruecos”. Los países serios cooperan, pero también establecen límites. La buena vecindad no consiste en aceptar que la inmigración, el comercio o la seguridad se conviertan periódicamente en mecanismos de chantaje.

La respuesta debe comenzar con una auditoría pública y detallada del coste de la crisis: daños empresariales, gasto sanitario, seguridad, acogida, educación, limpieza, infraestructuras y pérdida de actividad. Los españoles tienen derecho a conocer cuánto ha costado y quién tomó cada decisión.

A continuación, el Gobierno debe llevar esa factura a Bruselas. Ceuta no es solamente una frontera española: es una frontera exterior de la Unión Europea. Europa no puede delegar su seguridad en terceros países y sorprenderse después cuando esa dependencia se utiliza políticamente.

También deben revisarse las ayudas, los acuerdos comerciales y la cooperación económica con Marruecos. No para iniciar una guerra comercial perjudicial para ambos países, sino para introducir un principio elemental: la colaboración debe ser verificable y la deslealtad debe tener consecuencias. No puede recibir el mismo trato quien cumple sus compromisos que quien los suspende cuando quiere presionar a su vecino.

El plan de recuperación tampoco debería convertirse en una lluvia indiscriminada de subvenciones. Hay que compensar con rapidez los daños acreditados, sostener a las empresas viables y reforzar sectores capaces de reducir la dependencia de Ceuta. La ciudad necesita más inversión privada, mejores conexiones, seguridad jurídica y una estrategia económica estable, no vivir permanentemente pendiente de una frontera que otro país abre o cierra.

Ceuta representa algo más que una emergencia migratoria. Es la prueba de la capacidad de España para defender su soberanía, proteger a sus ciudadanos y hacerse respetar por sus socios.

Ayudar a Ceuta es una obligación nacional. Exigir responsabilidades también. Lo que no resulta aceptable es que Marruecos pueda ejercer presión, que el Gobierno español anuncie después cientos de millones y que la historia termine, una vez más, con la factura depositada silenciosamente en el buzón del contribuyente.