El silencio de Bruselas antes de la tormenta por los 2.000 millones que España gasta en Correos
Comentarios
Hace tres meses, de forma silenciosa, el Gobierno aprobó una reforma postal que canaliza 400 millones anuales a Correos hasta 2030, y son 2.000 millones en cinco años, que se entregarán sin auditorías previas que lo justifiquen, sin licitación competitiva, sin que la mayoría de los españoles tenga idea.
Cuando la Comisión Europea descubra realmente lo que pasa, y no duden que a instancias de ASEMPRE lo descubrirá, Correos podría verse obligada a devolver parte de ese dinero. Curiosamente nadie está hablando de ello.
La Ley 6/2025 fue aprobada el 29 de julio de 2025 bajo el nombre de ‘Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias’. ¿Quién leería eso? Nadie. Por eso pasó desapercibida.
En realidad, era una reforma postal encubierta, porque dentro de ese texto sobre Canarias se escondía la designación directa de Correos como prestador único del SPU hasta 2030 (sin licitación competitiva), creación de cuatro nuevos “Servicios de Interés Económico General” (SIEG), asignados todos a Correos, y un aumento exponencial de compensación pública.
¿El resultado? Correos pasaría de recibir 85 a 128 millones anuales de media histórica a 400 millones. No porque haya justificación económica verificable. Porque la reforma cambió las metodologías de cálculo del coste neto del SPU de forma que lo inflan automáticamente.
Cualquier empresa que contrate con Correos paga automáticamente un 21% menos que si acudiera a un operador privado, recibiendo idéntico servicio
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) tiene experiencia verificando costes de Correos desde 2011. En su informe de julio de 2025, advierte: los ajustes metodológicos introducidos por la reforma suben el coste neto reconocido en al menos un 41% respecto de lo que debería ser.
En este sentido y con relación a lo que la reforma llama “Servicios de Interés Económico General” (SIEG) asignados a Correos son, en realidad, una ficción jurídica en fraude de ley. La ley europea es clara, porque establece que un SIEG solo existe si el mercado no puede prestar ese servicio. Aquí, el mercado ya lo hace.
El servicio financiero básico (200 millones anuales) ya lo prestan obligatoriamente los bancos. Las notificaciones administrativas ya las gestiona Correos comercialmente. Las entregas rurales ya existen en el mercado privado. No hay fallo de mercado. No hay razón de interés público no cubierto.
La reforma los rebautiza como SIEG para poder, primero, asignarlos directamente a Correos sin licitación; segundo, sacar su supervisión de la CNMC (independiente) y pasarla a la IGAE (ministerial, controlable); tercero, crear 200 millones de compensación adicional sin auditoría de costes reales.
Es lo que en derecho administrativo europeo se llama un posible error manifiesto, que yo considero una simulación para ejecutar un fraude de ley, porque crear SIEG para servicios que el mercado ya presta satisfactoriamente, es evidente que se salta la normativa comunitaria.
La Comisión Europea prohíbe explícitamente esto. La Audiencia Nacional ya ha advertido que compensar a Correos por servicios que ya prestaba comercialmente es una compensación doble.
Cuando Bruselas investigue, y lo hará, encontrará exactamente eso, un SIEG de papel, designados para canalizar dinero público sin control. Eso no es política postal; es fraude regulatorio.
Eso significa que la reforma no descubre nuevos costes. Los crea artificialmente. Los parámetros de cálculo se manipularon para inflar la cifra.
¿Un ejemplo concreto? Usa el promedio de absentismo de Correos entre 2021-2024. Años de crisis. Años en los que la empresa gestionó mal. La reforma incorpora esa ineficiencia histórica como justificación para financiarla hoy. Es como si una empresa privada pidiera subvención porque trabajó mal hace cinco años, y un regulador dijera “claro, los financiamos”.
La CNMC lo ve claramente. La Comisión Europea también lo verá.
Escándalo fiscal en Correos
El escándalo fiscal silenciado no es otro que Correos cobra sin IVA donde sí debería aplicarse.
Voy a ser claro, Correos está exento del IVA (tipo cero) en una serie de servicios que, por ley y sentido común, no deberían gozar de ese privilegio.
Hablamos de notificaciones administrativas, envíos postales de paquetería, correspondencia bancaria o campañas de mailing para grandes empresas. Son servicios negociados individualmente con cada cliente, también llamados servicios postales especiales, que Correos negocia caso a caso, fuera del ámbito del Servicio Postal Universal.
La Comisión Europea ya sancionó a España en 2020 sobre ayudas a Correos
Mientras tanto, cualquier operador privado que preste exactamente los mismos servicios está obligado a añadir el 21% de IVA a sus facturas. Correos, en cambio, se lo ahorra y lo traslada al cliente al 0%. La diferencia es brutal de un mínimo de un 17 puntos porcentuales menos.
No hay que darle muchas vueltas, para ver la evidencia de que esto es una ayuda de Estado encubierta, una ventaja fiscal selectiva y prohibida por la normativa europea. Y lo más grave, la reforma no solo no corrige este trato de favor, sino que lo perpetúa.
¿Consecuencia directa? Cualquier empresa que contrate con Correos paga automáticamente un 21% menos que si acudiera a un operador privado, recibiendo idéntico servicio.
No es porque Correos sea más eficiente, ni porque asuma menos costes. Es lisa y llanamente un trato fiscal discriminatorio que distorsiona la competencia de raíz. Y esto, insisto, no puede sostenerse ni jurídica ni económicamente.
La Comisión Europea ya sancionó a España en 2020 sobre ayudas a Correos. Fijó márgenes. Pasado eso, no puede haber cambios salvajes sin notificación previa y supervisión.
La reforma triplicaría la compensación. Sin notificación a Comisión. Sin justificación previa. Sin auditoría independiente.
Esto fuerza investigación formal por ayudas de Estado incompatibles. El artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea lo prohíbe. La Comisión puede suspender cautelarmente pagos, ordenar devoluciones con intereses, abrir procedimientos de infracción contra España.
Mientras tanto, Correos habrá gastado el dinero. El mercado privado postal, destrozado. Imposible recuperar.
El daño colateral es que pymes postales echadas del mercado mientras el Gobierno lo financia. Los operadores privados españoles medianos llevan de 20 a 30 años en servicios postales.
Otros países europeos hacen licitaciones competitivas para el SPU cada 5 años. España no
Cuando anuncian planes de expansión, descubren que Correos ofrece precios que no pueden igualar sin subvención pública. No es competencia de mercado. Es expulsión regulada.
Algunos están ya reduciendo empleos. Otros pausaron inversiones. Algunos cerraron filiales regionales. No porque su modelo sea inviable. Porque compiten contra un operador financiado con 400 millones anuales de dinero público. Eso es lo que se llama “distorsión de competencia”. La UE lo castiga.
La pregunta que ningún político responde es ¿Por qué NO a la Licitación Competitiva?
Otros países europeos hacen licitaciones competitivas para el SPU cada 5 años. España no. Designación directa. Sin concurso. Sin presión competitiva.
¿Por qué? Porque licitación significaría que otro operador podría presentarse. Podría ganar. Correos perdería su poder en el mercado postal español. Algo inaceptable para un Gobierno que ve a Correos como activo público que controlar.
