Derrota de la CEOE, Cepyme y los constructores: el Supremo rompe el monopolio de la representación de las pymes

Durante demasiados años se ha aceptado una ficción institucional, y es que las pequeñas y medianas empresas podían ser representadas sin necesidad de escuchar directamente a quienes viven sus problemas, que bastaba con invocarlas, que bastaba con incluirlas en discursos, planes, informes y fotografías, que su voz podía quedar administrada desde estructuras empresariales generales, aunque esas estructuras no siempre compartieran sus urgencias, sus riesgos ni sus prioridades. 

Esa ficción acaba de recibir un golpe jurídico de primer nivel. 

El Tribunal Supremo ha dictado tres sentencias consecutivas sobre el Real Decreto 439/2024, que regula la composición del Consejo Estatal de la PYME y del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Tres recursos. Tres impugnaciones. Tres derrotas. Primero perdió la Confederación Nacional de la Construcción. Después perdió CEPYME. Y finalmente perdió CEOE. 

No estamos ante una resolución aislada, estamos ante una trilogía judicial que confirma una idea tan sencilla como incómoda para algunos, y que consiste en que la representación de las pymes no puede quedar monopolizada por las estructuras tradicionales de la representación empresarial. 

La cuestión no es menor, porque no se discutía únicamente una silla, una vocalía o una fórmula reglamentaria, lo que se discutía es quién tiene derecho a estar cuando se habla de pymes, y se discutía si las pequeñas y medianas empresas pueden tener una interlocución propia, plural y efectiva, o si deben seguir siendo representadas de forma indirecta por organizaciones que agrupan intereses empresariales mucho más amplios, heterogéneos y, en ocasiones, no coincidentes. 

El Supremo ha sido claro en lo esencial, que el modelo diseñado por el Real Decreto 439/2024 es conforme a Derecho, que el Consejo Estatal de la PYME y el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada pueden incorporar organizaciones representativas de la pequeña y mediana empresa, como Conpymes.

Y la Administración puede configurar órganos de participación con criterios de representatividad, eficacia, equilibrio y funcionalidad, así la representación institucional no puede convertirse en una estructura cerrada, capturada o inabarcable. 

La relevancia política y económica de estas sentencias es evidente. España no puede seguir hablando de pymes como si fueran un bloque decorativo dentro del discurso empresarial. 

Las pymes son la economía real; son empleo, territorio, innovación discreta, riesgo personal, crédito difícil, cobros tardíos, regulación acumulada, competencia desigual y esfuerzo diario; son la empresa que no tiene departamento jurídico para interpretar cada nueva obligación; son el autónomo empleador que anticipa IVA de facturas no cobradas.

La representación de las pymes no puede quedar en manos de quienes representan también a grandes empresas, multinacionales…

Son el proveedor que espera mientras el grande decide cuándo paga; son la fábrica, el taller, el comercio, el transportista, el instalador, la empresa familiar y la organización territorial que sostienen la actividad económica ordinaria del país. 

Por eso importa quién habla por ellas. 

La morosidad privada lo explica mejor que ningún otro ejemplo, porque para una gran compañía, cobrar tarde puede ser un problema financiero, pero para una pyme, puede ser una amenaza existencial, y puede significar no pagar nóminas, no renovar una línea de crédito, retrasar impuestos, perder proveedores o cerrar, y quien no vive esa presión difícilmente puede colocarla en el centro de la agenda con la misma intensidad. 

El Observatorio Estatal de la Morosidad Privada no es un adorno institucional, es un espacio donde se debe medir, denunciar y corregir una de las patologías más graves de la economía española, y precisamente por eso no puede construirse sin la presencia de quienes más sufren la morosidad. 

La pyme no puede ser objeto de estudio sin ser sujeto de representación. 

La trilogía del Supremo también tiene otra consecuencia relevante, y es que desmonta la idea de que la pluralidad representativa debilita el diálogo institucional, y es exactamente, al contrario, porque la pluralidad lo hace más creíble, lo acerca a la realidad, y obliga a incorporar matices, conflictos y prioridades que antes podían quedar ocultos bajo una voz única, cómoda y aparentemente ordenada. 

El problema no es que existan organizaciones empresariales fuertes.  El problema aparece cuando esa fortaleza se convierte en pretensión de exclusividad.

CEOE y CEPYME tienen el papel que legalmente les corresponda, y nadie discute su existencia ni su relevancia, ahora bien, lo que el Tribunal Supremo rechaza es otra cosa, y es que esa posición pueda utilizarse para impedir la presencia de organizaciones específicamente representativas de las pequeñas y medianas empresas en órganos llamados a tratar problemas específicos de las pymes. 

Las sentencias del Supremo marcan un criterio de higiene institucional

Ahí está el punto de ruptura, en que la representación empresarial no es una propiedad privada, tampoco es una concesión heredada, o un espacio cerrado, es una función institucional que debe responder a la realidad económica y social que pretende representar. 

La tercera sentencia, además, aporta una pieza especialmente importante como es la lucha contra la sobrerrepresentación. 

El Supremo valida que existan reglas para evitar duplicidades, acumulaciones y presencias indirectas que distorsionen el equilibrio representativo. 

No se trata de castigar a nadie por asociarse, tampoco de limitar la libertad de organización, de lo que se trata es de impedir que una misma realidad asociativa pueda estar varias veces en el mismo espacio por distintas vías, ocupando una posición superior a la que le correspondería en términos de equilibrio institucional. 

La sobrerrepresentación no fortalece la representación, la deforma. 

Cuando una organización, o un conjunto de organizaciones conectadas entre sí, puede proyectarse simultáneamente por varias vías, el resultado no es más pluralidad, es menos pluralidad. Se reduce la voz de quienes no forman parte de esa arquitectura, se altera la composición real del órgano, y se convierte la participación en una apariencia de diversidad bajo una misma lógica de control. 

Por eso estas sentencias son importantes más allá del Consejo Estatal de la PYME y del Observatorio, porque marcan un criterio de higiene institucional. 

La representación debe ser plural, pero también proporcionada, además de que debe ser abierta, pero no caótica, e incorporar a quienes tienen legitimidad, pero sin permitir acumulaciones que conviertan el pluralismo en una fachada. 

Fachada del Tribunal Supremo.

La pyme necesita una voz propia porque sus problemas no son una versión reducida de los problemas de la gran empresa, son problemas distintos, y tienen otra intensidad, otra escala y otras consecuencias. 

Esta es la verdad incómoda que subyace a la trilogía del Supremo, y la representación de las pymes no puede quedar en manos de quienes representan también a grandes empresas, multinacionales, grandes contratistas, operadores dominantes o estructuras sectoriales con intereses que no siempre coinciden con los de la pequeña y mediana empresa, porque a veces coincidirán, otras veces no, y cuando no coinciden, la pyme debe tener quien la defienda sin pedir permiso. 

Las tres sentencias no deben leerse como una victoria contra nadie, así deben leerse como una victoria de la realidad frente a la inercia, y como una corrección jurídica a una forma cerrada de entender la interlocución empresarial, y una llamada a actualizar el mapa representativo de España conforme a la estructura real de su economía. 

Eso es lo que hace fuerte a una democracia económica, que las instituciones escuchen a quienes realmente soportan las consecuencias de sus decisiones. 

CEOE ha perdido. CEPYME ha perdido. La Confederación Nacional de la Construcción ha perdido, pero lo verdaderamente relevante es que ha perdido una idea, y es la de que la representación de las pymes podía seguir cerrada, absorbida o administrada desde estructuras que no siempre reflejan su autonomía. 

Ahora toca aplicar la consecuencia política de esas sentencias. 

Si las pymes son el corazón de la economía española, deben estar donde se decide sobre su futuro, no como invitadas, no como argumento retórico, no como sector menor dentro de una representación ajena, por eso deben estar con voz propia, con legitimidad propia y con capacidad real de influir. 

Porque una economía que habla mucho de sus pymes, pero no las escucha directamente está haciendo algo más que cometer un error de representación. Está fallando a su propia realidad.