Ceuta pone al descubierto las contradicciones políticas de Mónica García  

La crisis migratoria de Ceuta ha situado a Mónica García ante varias de las contradicciones que acompañan su gestión al frente de Sanidad. En apenas unos días, la ministra ha rechazado hablar de colapso frente a las denuncias de los médicos, ha protagonizado un duro enfrentamiento con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y ha tenido que defender la actuación de un sistema sanitario que recurre a proveedores privados pese a que ella ha convertido la crítica a la colaboración público-privada en una de sus principales banderas políticas. 

Ceuta tiene además una particularidad fundamental: su sanidad depende directamente del Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). A diferencia de lo que ocurre en Madrid, García no puede atribuir aquí las decisiones sanitarias a un Gobierno autonómico. 

La entrada masiva de más de 70.000 migrantes desde finales de julio —alrededor de 80.000 según las estimaciones del Gobierno ceutí— ha sometido a una enorme presión los servicios públicos. Sanidad reconoce unas 5.800 asistencias a migrantes en quince días y un incremento cercano al 50 % de las urgencias. Sin embargo, durante su visita a Ceuta el pasado domingo, García admitió que el sistema estaba “tensionado”, pero rechazó que estuviera “colapsado”. 

Primera contradicción: García niega el colapso que denuncian sus propios médicos 

La versión de la ministra choca con la ofrecida por quienes trabajan en el sistema sanitario que dirige su departamento. El Sindicato Médico de Ceuta ha hablado de una “auténtica catástrofe asistencial” y de “colapso absoluto” desde el comienzo de la emergencia. Los facultativos han denunciado falta de recursos humanos y dificultades para responder a una presión asistencial extraordinaria. 

El enfrentamiento tampoco comenzó con la crisis migratoria. Los médicos ceutíes llevan meses cuestionando al Ministerio por sus condiciones laborales, la falta de profesionales y la negociación del Estatuto Marco. Las dificultades para atraer y retener especialistas constituyen, además, uno de los problemas estructurales de la sanidad de la ciudad. 

La contradicción resulta especialmente significativa: mientras García rechaza públicamente la palabra “colapso”, los profesionales de la sanidad que ella misma gestiona directamente utilizan precisamente ese término para describir la situación. 

Segunda contradicción: responsabilizar a Vivas de una sanidad que depende del Ministerio 

La visita de García abrió un segundo frente político. La ministra reprochó al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, no haber habilitado espacios suficientemente seguros y salubres para los migrantes y vinculó parte de las necesidades asistenciales con las condiciones de hacinamiento. Vivas respondió acusando al Gobierno central de “pasividad absoluta” y llegó a advertir de que acudirá a la Justicia si el Estado no ofrece soluciones en un plazo de 30 días.   

El Gobierno local puede tener responsabilidades sobre alojamiento, servicios sociales u otros aspectos de la emergencia, pero la capacidad hospitalaria, los profesionales sanitarios y la planificación asistencial corresponden al Estado

El intercambio de reproches tiene un elemento especialmente incómodo para Sanidad: Juan Vivas no gestiona la sanidad ceutí. La asistencia sanitaria depende de INGESA y, por tanto, directamente del Ministerio que dirige García. El Gobierno local puede tener responsabilidades sobre alojamiento, servicios sociales u otros aspectos de la emergencia, pero la capacidad hospitalaria, los profesionales sanitarios y la planificación asistencial corresponden al Estado. 

La crisis dificulta así trasladar a una administración autonómica la responsabilidad sobre las carencias sanitarias, como ocurre habitualmente en el debate político nacional. 

Tercera contradicción: contra la colaboración público-privada en Madrid, pero necesaria en Ceuta 

Es probablemente la contradicción de mayor calado político. García ha hecho de la crítica al modelo sanitario madrileño y de la participación de empresas privadas una de sus principales señas de identidad. Desde su etapa en la Asamblea de Madrid ha denunciado reiteradamente la relación de la Comunidad con operadores privados y ha situado a grupos como Quirón en el centro de su discurso contra el modelo de Isabel Díaz Ayuso. 

Ya como ministra, ha impulsado la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, cuyo objetivo es reforzar la gestión directa y restringir las externalizaciones. Sin embargo, INGESA mantiene en Ceuta contratos con empresas privadas para garantizar distintas prestaciones sanitarias. 

Según informaciones publicadas en los últimos meses, desde 2020 se habrían destinado alrededor de 31 millones de euros en Ceuta y otros 19 millones en Melilla a externalizaciones y servicios contratados, entre ellos pruebas diagnósticas como ecografías, mamografías, TAC, colonoscopias o densitometrías. 

INGESA rechaza que esas cifras permitan hablar de una privatización de la sanidad y sostiene que el recurso a medios externos representa una parte minoritaria de su presupuesto. 

Pero el debate político permanece: si recurrir a una empresa privada para complementar la capacidad pública es legítimo cuando lo hace INGESA, resulta más difícil presentar esa misma fórmula como intrínsecamente perjudicial cuando la utiliza Madrid. 

De la oposición a la gestión 

Ceuta introduce así un elemento que García no tenía cuando ejercía la oposición en Madrid: la responsabilidad directa de gestionar. Cuando faltan especialistas, cuando aumenta de forma extraordinaria la demanda o cuando el sistema público no dispone temporalmente de determinados medios, INGESA debe garantizar que los pacientes reciban asistencia. Y para hacerlo recurre, cuando lo considera necesario, a recursos externos. 

La cuestión no es si esa colaboración es legal o puede resultar útil. La actuación del propio Ministerio demuestra que puede serlo. La contradicción aparece al comparar esa realidad con un discurso político que durante años ha identificado la colaboración público-privada madrileña con el deterioro de la sanidad pública. 

Ceuta obliga ahora a introducir los matices que García apenas concedía a sus adversarios: no toda contratación externa implica necesariamente privatizar un servicio y, en determinadas circunstancias, el sector privado puede complementar al sistema público. 

En Ceuta no gobierna Ayuso ni existe una consejería autonómica de Sanidad a la que responsabilizar de las decisiones. Es el Ministerio quien gestiona, contrata y responde por la asistencia sanitaria. 

Por eso la cuestión que plantea Ceuta trasciende los contratos concretos con una u otra empresa. Obliga a Mónica García a explicar por qué determinadas fórmulas que presenta como parte del problema cuando las utiliza un adversario político se convierten en soluciones complementarias cuando la responsabilidad de garantizar la asistencia recae directamente sobre ella.