Colaborar con la justicia, pero según quién 

Hay principios que hasta hace poco parecían sólidos, por lo menos hasta la llegada de esta ola de calor. Pero se deben estar derritiendo. Me refiero a la reacción que ha tenido buena parte del Gobierno, los socios y casi todos los corifeos, en relación con la sentencia del “caso mascarillas”. Cuando la moción de censura contra Rajoy – seguro que se acuerdan- dijeron venir a poner fin a la corrupción, a denunciar todos los desmanes y a sanear España. Y ahora resulta que no. Que lo importante ya no es la gravedad de los hechos ni la responsabilidad de quienes ocuparon las más altas posiciones del Estado. Lo denunciable, lo que irrita ahora, es que quien colabora con la justicia se vaya de rositas. 

Y es que la sentencia que deja libre a Víctor de Aldama ha supuesto para algunos una especie de pinzamiento en el nervio democrático lumbar que los ha dejado doblados. Que Ábalos tenga que pasar en la sombra (ahora ni tan mal) unos cuantos años, les duele mucho menos. A algunos nada. Y que la sentencia ponga en entredicho tanto al presidente del Gobierno como a todo el PSOE, ni cotiza. La controversia se concentra en los mecanismos que permiten reducir las consecuencias penales. Como si el problema no fuera la corrupción, sino la colaboración con la justicia. Como si escandalizara más quien habla que aquello de lo que habla. 

Hay que entender que en el Gobierno están en shock, y que en estas condiciones es difícil poder transmitir un mensaje coherente a los 61 sincronizados, pero alguien en el equipo de Félix Bolaños debería advertirle que no puede criticar ahora lo que hace no tanto ensalzaba como algo positivo. Y es que la hemeroteca, como el algodón, no engaña. No hay más que echar un vistazo hacia atrás para ver y escuchar al ministro de Presidencia animar a la colaboración con la justicia cuando los casos afectaban al Partido Popular. Entonces se insistía en que quien ayudaba a esclarecer los hechos merecía una consideración distinta por parte de los tribunales. La colaboración no era una trampa; era una herramienta útil para combatir la impunidad. 

Sin entrar en el fondo concreto de la sentencia, conviene recordar que la reducción de penas o los beneficios derivados de una colaboración eficaz no son una extravagancia española. Forman parte de numerosos sistemas jurídicos porque permiten obtener información que de otro modo sería inaccesible. El objetivo no es premiar al delincuente, sino favorecer el esclarecimiento de hechos más amplios y depurar responsabilidades mayores. Puede discutirse si la aplicación ha sido correcta o suficiente, pero resulta difícil sostener que el principio es legítimo por la mañana e intolerable por la tarde. 

Estas contradicciones no pasarían de ser un mal chiste del Gobierno, uno más, si no existieran otros ejemplos mucho más dolorosos para una parte importante de las víctimas del terrorismo. España sigue teniendo cerca de trescientos atentados de ETA sin resolver. Trescientas familias que desconocen quién asesinó a sus seres queridos o quién participó en aquellos crímenes. Sin embargo, numerosos dirigentes políticos han respaldado durante años progresiones de grado, acercamientos y beneficios penitenciarios para miembros de la organización terrorista sin exigir como condición efectiva una colaboración real para esclarecer esos asesinatos pendientes. 

La paradoja es difícil de ignorar. Se critica que un condenado obtenga ventajas por colaborar con la justicia, pero se considera perfectamente asumible que quienes podrían aportar información decisiva sobre centenares de crímenes sin resolver accedan a beneficios penitenciarios sin hacerlo. La colaboración parece imprescindible cuando afecta a unos y prescindible cuando afecta a otros. 

Por no hablar de otros colaboradores, los que gracias a mantener a Pedro Sánchez en el poder han podido obtener indultos, amnistías o interpretaciones jurídicas bochornosas sobre la malversación. Los independentistas catalanes han sido, y siguen siendo, socios colaboradores necesarios en la continuidad de este Gobierno, una fórmula que les ha servido para eludir la cárcel y obtener otras rentabilidades. 

Nadie les exigió nunca colaboración alguna con la justicia para irse de rositas. No se les pidió esclarecer delitos ajenos. No se les reclamó información que ayudara a perseguir otras conductas ilícitas. Bastó con una circunstancia mucho más determinante: su capacidad para aportar votos en el Congreso y asegurar la estabilidad de la mayoría que mantiene a Pedro Sánchez en la Moncloa. 

La cuestión no es defender a Aldama ni cuestionar la independencia de los tribunales. La cuestión es preguntarse si las reglas valen para todos o únicamente para quienes resultan políticamente incómodos.