Colón y Cervantes eran catalanes, el Tribunal de Cuentas no

La desacreditación del Tribunal de Cuentas busca seguir desgastando a España como concepto a ojos de los catalanes y conseguir eludir cualquier tipo de responsabilidad

En marzo de 2020 el periódico progresista inglés ‘The Guardian’ informó sobre el reconocimiento por parte de Pere Aragonés de que la Generalitat había concedido 3 millones en subvenciones al Institut de Nova Historia (INH), una organización que convierte a Jiménez del Oso (DEP) y a Iker Jiménez en rigurosos científicos. El INH afirma que las carabelas de Colón, que era catalán, salieron de Pals en Girona, no de Palos de Moguer en Huelva y que, entre otros, Leonardo Da Vinci, Teresa de Ávila, Cervantes y Americo Vespucio eran catalanes.

La Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya en su informe de 2017 constató que el servicio exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017 gastó 417 millones de €. Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en España en su libro “En el huracán catalán” (Ed. Planeta) describe como los altos cargos de la Generalitat le dejaron claro que su opinión como corresponsal era irrelevante y que su medio escribiría al dictado de la Generalitat a cambio de publicidad.

Más alucinantes son las subvenciones recibidas desde la Generalitat y la Diputación de Barcelona, según denunció en su día la CUP, a la fundación CATmón y la revista Catalan International Review, ambas dirigidas por Víctor Tarradellas, un sujeto que garantizó a Puigdemont que el ejército ruso desembarcaría en Cataluña para apoyar la independencia tal como aparecieron en Crimea y del que algunas fuentes apuntan que intentó, incluso, comprar un misil en algún país de la ExURSS. Por un momento cambiamos la Santa Espina por Kalinka y las espardenyes de los Mossos por gorras de plato del ejercito rojo.

El periplo de internacionalización del Procés incluye episodios grotescos, como la foto de Puigdemont con Jimmy Carter y el comunicado posterior del expresidente yankee desmintiendo que él apoyara la independencia, los contactos con el congresista Dana Rohrabacher, un fan de Putin que avaló la invasión de Ucrania o la visita a España de otro congresista peculiar, Brian Higgins, este experto en el sangriento conflicto de Irlanda del Norte -quien no recuerda el Sunday bloody Sunday de U2-, que acabó en borrachera nocturna que impidió al congresista seguir al día siguiente con su agenda por indisposición etílica.

El independentismo no ha reparado en gastos para que “el món ens miri” y ha tenido muy en cuenta el procedimiento administrativo para disimular esos gastos o mezclarlos con gestiones de apoyo a internacionalización a empresas con el fin de que ni los tribunales de justicia ni el tribunal de cuentas pudieran imputarles nada irregular.

Cuanto mayor es la fechoría más molestias se han tomado en mezclarlo y disimularlo todo. El ataque al Tribunal de Cuentas no presenta novedad alguna en la estrategia independentista, todo aquel que objeta algo a su proceder debe ser desacreditado y laminado. Lo ha sido el Constitucional, el Supremo, el Parlamento Europeo, el TSJC y todos los que en cumplimiento de la ley y su función se ha atrevido a observar el desajuste legal del proceder de los políticos independentistas.

Las cuestaciones populares, llamadas Caixa de Resistencia, para sufragar las fechorías contables de los líderes independentistas esconden en casi todos los casos una forma de desviar más dinero público en medio de microdonaciones, nunca de forma directa, siempre de forma interpuesta mediante organizaciones que reciben ayudas públicas o empresas y directivos siempre beneficiadas con contratos públicos.

La desacreditación del Tribunal de Cuentas tiene por objetivo seguir desgastando a España como concepto a los ojos de los catalanes presentado a una nueva institución como franquista y corrupta, sorprende el franquismo como método de longevidad de parte de la población española, y a la vez conseguir la exoneración de cualquier responsabilidad de aquellos que fueron perfectamente apercibidos por funcionarios públicos e interventores de las irregularidades que estaban cometiendo.

El embargo de bienes y las multas las vamos a pagar entre todos porque será el dinero público de la Generalitat, o sea, del Estado el que pague dichas sanciones y evite los embargos, y después de eso, libres de carga, como han quedado libres de condena, crecerá la sensación de impunidad y nos acercaremos a un nuevo “embat” democrático, que es el eufemismo de un nuevo golpe, que será cuando ellos crean que la situación está madura como bien expone Junqueras a todos los que deseen escucharle o leerle.

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Joan López Alegre