El coste de la reputación y los call centers en catalán 

Los resultados de una empresa no son solo una cuestión financiera. La reputación no es un intangible, hoy las empresas tienen que hacer informes no financieros y dedican a ellos cada vez más recursos.  

El acuerdo entre el PSOE y Junts, según el cual las grandes empresas deberán atender en catalán indistintamente del lugar de España donde se ubique la sede de la compañía, es algo que todas las empresas que operan en Cataluña ya hacen. En consecuencia, la medida no la ha pedido nadie porque ya está vigente y, lejos de hacer un favor, es un golpe reputacional a las empresas catalanas víctimas de una asimilación simplista, por una parte, de los consumidores que tienden a equiparar las tesis de Puigdemont con las de los empresarios catalanes. Y eso genera antipatía no solo en dieciséis comunidades autónomas sino también en parte del mismísimo mercado catalán donde no son pocos los consumidores hartos de la apropiación que Puigdemont ha hecho de su representatividad, sin ser una fuerza ni de lejos mayoritaria, y del reconocimiento de dicha posición realizada por Sánchez.    

Un banco con sede en Almería o Zaragoza, un centro comercial con sede en Madrid o una aseguradora con sede en Bilbao hoy ya atienden a sus clientes en catalán si estos los desean. Incluso las multinacionales que operan en Cataluña tienen call centers con atención en catalán, no hay novedad alguna, les obliga la ley y las empresas tienen la sensibilidad e inteligencia suficiente para contar con ese servicio. 

La cuestión pactada por Junts y el PSOE no tiene nada que ver con los derechos lingüísticos de los catalanohablantes, sino que está relacionado con demostrar a ojos de los votantes nacionalistas catalanes que en realidad quien manda en la relación entre Puigdemont y Sánchez es el de Waterloo y es ahí donde reside el problema para las empresas.  

Fue José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, y ex directivo de Freixent el que explicó que su empresa era sometida a un doble boicot, el de los consumidores catalanes afines al nacionalismo que creían que sus burbujas no eran suficientemente catalanas y la de los clientes del resto de España convencidos de que la empresa cavista estaba excesivamente identificada con Cataluña.  

Boicot, un error

El gobierno ha promovido un boicot a empresas israelís en el que incluye a empresas españolas que hacen negocios con la start up nation, cuando uno empieza a hacer listas de buenos y malos abre la puerta a que él, y sus amigos, también puedan ser clasificados. ¡Un error!.

Todos haremos un mal negocio si empezamos a normalizar que la gente mire la sede de un producto antes de comprarlo, no estamos hablando de un alimento kilómetro cero, sino de abandonar conceptos tradicionales de compra como calidad o precio para substituirlo por neuras pueblerinas.  

Es muy posible, como viene sucediendo afortunadamente a lo largo de la presente legislatura, vistas las barbaridades que se lanzan como propuestas, que esta medida acabe como otras tantas, un gran anuncio que luego jamás llega a ponerse en práctica.  

El portavoz parlamentario socialista, Patxi López, fue incapaz de explicar en que consistía el acuerdo y Míriam Nogueras, delegada de Puigdemont en Madrid, dejo claro que el anuncio estaba dirigido a su consumo interno al responder a la prensa, que la abordo en los pasillos del congreso, en catalán. Garamendi ha tachado la medida de barbaridad, los patronales catalanes han mantenido un prudente silencio que en realidad lo dice todo.