El deber no escrito de injerencia

Las recientes intervenciones de Estados Unidos en Ucrania, Venezuela e Irán –también, las que puedan llegar- plantean la cuestión de la injerencia. No del derecho de ingerencia, sino del deber de ingerencia. Para unos, la injerencia es una práctica inadmisible. Para otros, no solo es perfectamente admisible, sino que es necesario legalizarla.

Tres argumentos a favor de la legalización del deber de injerencia: jurídicamente, existen acuerdos internacionales que lo justificarían; éticamente, porque llegados a un punto la injerencia sería el único método de pacificar la situación; políticamente, porque existen determinados conflictos que, de no detenerse, devienen peligrosamente endémicos y globales.

Al respecto –desde hace unas décadas-, se oyen las opiniones de juristas que afirman que en determinadas circunstancias o coyunturas –por ejemplo: cuando es necesario mantener el orden internacional, cuando se trata de salvaguardar los derechos humanos, cuando se trata de derribar un régimen tiránico y genocida y un largo etcétera- es lícito hablar de un deber de injerencia que se proponga defender la legalidad democrática y asegurar la vida y la dignidad de las personas.

Gracias a este deber no escrito, se han ejercitado ya diversas injerencias que han salvado la vida –empezando por los maronitas, alauitas, drusos, etc.- a diversos pueblos del norte de África y Oriente Medio. Un deber de injerencia no escrito que ha encontrado en los últimos años su expresión escrita –es decir, la legalidad- en los acuerdos del Consejo de Seguridad de la ONU. Un Consejo que, de acuerdo con la legalidad vigente, afirma que la injerencia es posible y aconsejable cuando se trata de proteger la paz o la integridad territorial y la independencia política o cuando se trata de evitar la violación masiva de los derechos humanos.

Desde hace un tiempo, ya se habla –un eufemismo del deber de injerencia- de la “intervención de humanidad”. Cosa que hace que el hecho en sí adquiera un estátuto ético. ¿Cómo negar las virtudes de una injerencia que puede restablecer la paz, la soberanía o los derechos humanos? Alguien hablará de la paradoja de una paz conseguida a través de prácticas violentas. Cierto. Pero, ¿hay alguien ahí que que tenga una alternativa mejor? El realismo tiene su servidumbre.

Una servidumbre (la injerencia política y económica o la intervención militar, por ejemplo) de la cual resulta muy difícil librarse si lo que se quiere conseguir es el arreglo –aunque con frecuencia sea de forma relativa o provisional- de algunos problemas que afectan al hombre.

Una penúltima consideración sobre el tema: quien no crea en la necesidad del deber de injerencia corre el riesgo de convertirse en el portavoz –conscientemente o no- de la ética del esclavo. Cruzarse de brazos equivale a dejar la pista libre al verdugo o al genocida de turno. A veces –realidad obliga- hay que “ensuciarse” las manos.

La última consideración: ¿cuántas vidas humanas se habrían ahorrado de haber intervenido antes, por poner un ejemplo, en los Balcanes? ¿Cómo ocultar la responsabilidad europea en el genocidio yugoslavo? ¿Cómo es posible que no vieran, o aceptaran, que a veces se puede pecar por omisión? ¿Acaso hay muertos de primera y de segunda categoría? ¿Para qué sirvieron los pacifistas además de molestar? Afortunadamente, les Estados Unidos estaban ahí para detener la masacre. Pero, ¿qué ocurre si no nos abandonan? A ver, ¿cómo defenderemos y nos defenderemos?

El deber de injerencia, controlado y limitado, va tomando –pese a todo y contra el progresismo reaccionario de izquierdas- cuerpo y forma. Si somos capaces de instaurar una suerte de código deontológico del deber de injerencia, la humanidad habrá dado un paso adelante. Los tiranos y los genocidas lo tendrán un poco más difícil.