El espíritu de las leyes (electorales)

Si somos capaces de observarlos de forma seria y desapasionada, nos daremos cuentas de que los cimientos sobre los que se construyó nuestro edificio jurídico-constitucional fueron realizados por una experta cuadrilla de encofradores que, además, estuvo especialmente acertada a la hora de ahormar los mecanismos de elección y funcionamiento del poder local, probablemente el que más dolores de cabeza les acarreó dada su dispersión geográfica, su variedad política y sobre todo la multiplicidad de actores e intereses -políticos y de los otros- en juego.

A pesar de que teóricamente el régimen franquista estaba construido sobre la tríada “familia, municipio y sindicato”, el salto desde un modelo de nombramiento directo de los alcaldes y sus corporaciones por parte de un estado con poderes absolutos a hacerse mediante elecciones libres generaba algunas dificultades que fueron estupendamente resueltas mediante dos piezas jurídicas magistralmente construidas y sincronizadas al menos en este terreno, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Dos piezas de orfebrería jurídica que, juntas, buscaban garantizar la puesta en marcha de un poder local que pudiera compatibilizar una elección y funcionamientos profundamente democráticos con una estabilidad a prueba -literalmente- de bombas. Un elemento -las bombas, me refiero, tanto las políticas como las otras- que lamentablemente estaban casi a la orden del día en aquellos tiempos.

Así, mientras con la primera ley (la LOREG) se forzaba la formación de mayorías sólidas de gobierno permitiendo la elección de alcalde a la lista más votada en caso de falta de acuerdo entre los diversos grupos municipales, con la segunda (la LRBRL) se dotaba a los alcaldes electos de amplísimas capacidades ejecutivas en el manejo de los asuntos municipales, dificultando además el transfuguismo con mecanismos reforzados para la obtención de mayorías de gobierno alternativas.

Dos leyes sin las cuales no se puede explicar la enorme porción de poder que consiguió el PSOE tras las pasadas elecciones municipales gracias a ser la primera fuerza -por los pelos- en una enorme cantidad de capitales de provincia y ciudades de más de 50.000 habitantes de la españa interior como consecuencia de la división del centro- derecha en tres candidaturas competitivas (PP, Cs y Vox) y que tras la virtual desaparición de Cs y el trasvase directo de más de la mitad de sus votos al PP, va a significar una casi automática pérdida de alcaldías para los socialistas incluso en el impensable caso de que lograsen mantener todos los votos obtenidos hace cuatro años.

Porque miren, a pesar de que el día 28 de Mayo, (en el mejor de los casos para el PSOE), los resultados no parezcan ser los de una debacle histórica sino los de un digna derrota a los puntos, estos corren el riesgo cierto de convertirse un mes más tarde, el día de constitución de los ayuntamientos, en una dolorosa e irreparable pérdida de poder real que puede mandar a sus casas a decenas de alcaldes, centenares de concejales y miles de cargos de libre designación socialistas.

Un hecho que produciría de forma automática un inmediato corrimiento de tierras a favor del Partido Popular, que de esta forma se encontraría en puertas de acceder por la puerta grande al palacio de la Moncloa en las elecciones generales subsiguientes.

Mucho ojo pues a la composición de fuerzas que salga de las próximas elecciones municipales porque, como en el caso del aleteo de la mariposa que generó un huracán al otro lado del mundo, un pequeño giro de tendencia electoral casi imperceptible puede ser capaz de desatar un ciclón político de incalculables consecuencias si quienes compiten en las próximas elecciones no son capaces de comprender la importancia del marco jurídico en el que estas tienen su origen y desarrollo.