España y el pacto industrial europeo: entre la oportunidad histórica y la inercia burocrática

En un momento de redefinición estratégica del proyecto europeo, la industria emerge como un pilar clave para garantizar la autonomía, la competitividad y la cohesión territorial de la UE.

Mientras Bruselas ultima los detalles del Clean Industry Deal y países como Alemania y Francia abogan por un fondo soberano industrial más ambicioso, España encara su propia transición con una nueva Ley de Industria, actualmente en tramitación parlamentaria, y un tejido productivo que reclama menos burocracia y mayor certidumbre para aprovechar esta oportunidad histórica.

La Comisión Europea, superando la austeridad de los años postcrisis, ha adoptado un enfoque más intervencionista.

En este contexto, el informe Draghi, presentado en junio de 2024, ha marcado un punto de inflexión.

El exprimer Ministro de Italia y exgobernador del BCE, advirtió que Europa debe abandonar su complacencia frente a la agresiva política de subsidios de Estados Unidos —a través de la Inflation Reduction Act (IRA)— y el dominio chino en tecnologías críticas, como baterías, semiconductores y energías renovables. Sin una respuesta decidida, Europa corre el riesgo de perder relevancia económica y política.

El peso de la industria en nuestro PIB ha caído del 26% en el año 2000 al 16% en 2023

El informe ha sido acogido como una hoja de ruta para el próximo ciclo legislativo de la UE. Tanto Ursula von der Leyen como Emmanuel Macron lo han tomado como referencia para impulsar un nuevo acuerdo industrial europeo que combine sostenibilidad, innovación y autonomía estratégica.

En este escenario, España debe decidir si está preparada para liderar o seguir en la periferia de esta transformación.

En diciembre de 2024, el Gobierno presentó el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, la primera gran reforma legislativa en este ámbito desde 1992.

La norma busca dotar al país de una arquitectura institucional más sólida para enfrentar futuras crisis y promover inversiones en sectores estratégicos como la digitalización, la defensa, la energía y la salud. Entre sus medidas destacan los Proyectos de Interés Estratégico Estatal (PIEE), una ventanilla única digital para agilizar trámites industriales y la creación de una Reserva Estratégica de Capacidades Productivas (RECAPI).

Jordi Llinares, director general de Programas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo, ha destacado que la ley persigue una reindustrialización inteligente y sostenible, que contribuya a la cohesión territorial y fortalezca la autonomía estratégica.

Sin embargo, Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria -que representa al 60% del PIB nacional y 4 millones de empleos-, advirtió que el éxito de la norma dependerá de su implementación efectiva: financiación estructural, personal técnico suficiente y una reducción significativa de la burocracia.

La industria lleva años reclamando una fiscalidad más favorable que elimine estas cargas adicionales

El peso de la industria en nuestro PIB ha caído del 26% en el año 2000 al 16% en 2023, según datos de Eurostat, muy lejos del objetivo del 20% que la Comisión Europea fijó hace una década.

A nivel europeo, la tendencia también es regresiva, aunque menos pronunciada: el peso industrial de la UE pasó del 24% al 19,1% en el mismo periodo. Esta erosión no es solo una cuestión estadística; implica menos innovación, menor productividad y una mayor dependencia de terceros países en sectores críticos, desde microchips hasta medicamentos. En un mundo donde la soberanía industrial define el poder geopolítico, este retroceso es especialmente preocupante.

Mario Draghi, en una imagen de archivo.

Uno de los principales obstáculos para la competitividad industrial española es el coste energético. Aunque los precios mayoristas del mercado eléctrico son competitivos, los peajes, cargos e impuestos -como el 7% a la generación eléctrica- encarecen la factura final para las empresas.

La industria lleva años reclamando una fiscalidad más favorable que elimine estas cargas adicionales.

La burocracia es otro freno estructural. A pesar de los avances en digitalización, los permisos industriales siguen siendo lentos, redundantes y, a menudo, desincentivadores. La ventanilla única propuesta en la nueva ley podría ser una solución, pero su eficacia dependerá de una mejor coordinación entre administraciones y de un refuerzo del personal técnico.

El Gobierno ha desplegado instrumentos como el PERTE de Descarbonización (140 millones en ayudas), el PERTE del Vehículo Eléctrico (1.250 millones previstos para 2025) y 600 millones para compensar emisiones industriales. Sin embargo, sin un fondo permanente y una política fiscal más competitiva, estos esfuerzos corren el riesgo de perder impacto frente a las estrategias más dinámicas de otros países europeos.

España tiene ante sí una oportunidad histórica para revertir su declive industrial

A escala comunitaria, la batalla por el liderazgo industrial está en marcha. La propuesta de un Fondo Europeo de Soberanía Industrial genera división: Francia y Alemania abogan por una gran movilización de recursos, mientras que los nórdicos y Países Bajos recelan de mutualizar riesgos. La presidencia húngara de la UE ha anunciado que priorizará este debate, aunque se anticipa un proceso complejo.

Para España, este debate es crucial. El Gobierno ha apostado por una narrativa de autonomía estratégica abierta, que combine el apoyo a sectores clave con una aproximación neutral tecnológicamente. Para que esta estrategia sea efectiva, España necesita una voz política fuerte en Bruselas, capaz de articular alianzas y condicionar las prioridades de la UE.

Como ha advertido el economista Ángel de la Fuente, “en política industrial, el calendario es tan importante como el contenido”.

España necesita plazos claros, objetivos cuantificables y una gobernanza que supere la volatilidad de los PERTE. Esto implica dotar de músculo técnico al Ministerio de Industria, profesionalizar las agencias ejecutoras y mejorar la coordinación con las Comunidades Autónomas, que gestionan gran parte de las ayudas europeas.

La reindustrialización no es solo un imperativo económico, sino una cuestión de soberanía, cohesión social y posicionamiento internacional.

España tiene ante sí una oportunidad histórica para revertir su declive industrial, pero el éxito dependerá de su capacidad para combinar visión política, instrumentos eficaces y un liderazgo coherente tanto en Madrid como en Bruselas.

En un mundo donde la industria define el poder, España debe actuar con urgencia para no quedarse atrás.