Esperando una bala perdida
Las reformas para endurecer las penas vinculadas al narcotráfico y a las organizaciones criminales siguen congeladas
La violencia armada asociada al crimen organizado se dispara en Cataluña. En lo que llevamos de año seis personas han sido asesinadas en ajustes de cuentas y otras dieciocho han resultado heridas. La última escena tuvo lugar ante una comisaría en el centro de Barcelona. A plena luz del día. A cara descubierta. Con una impunidad creciente que avanza al mismo ritmo que la sensación de indefensión de los ciudadanos.
Los ajustes de cuentas, el narcotráfico y las plantaciones de marihuana han alcanzado unas dimensiones que hace apenas unos años parecían impensables. Las mafias ya no se esconden. Han comprendido que el riesgo es bajo, que las consecuencias son escasas y que quienes gobiernan prefieren mirar hacia otro lado antes que reconocer la gravedad del problema.
Porque esto no ha sucedido de la noche a la mañana. Es el resultado de años de dejadez política y de una concepción ideológica según la cual la delincuencia siempre tiene una explicación social. Primero se normalizaron los pequeños desórdenes. Después llegaron las okupaciones. Más tarde la multirreincidencia. Luego las redes de narcotráfico. Y ahora las pistolas. Se confirmó, una vez más, la teoría de la ventana rota: cuando el Estado renuncia a imponer orden en lo pequeño, acaba perdiéndolo también en lo grande.
Y si nada cambia, las balas seguirán silbando en las calles de Barcelona. Más pronto que tarde una bala perdida acabará matando a un transeúnte cualquiera, a un ciudadano que simplemente pasaba por allí sin saber nada de clanes, bandas o narcotraficantes. No es una hipótesis alarmista. Hace apenas unas semanas una bala perdida hirió a una niña de diez años en Cataluña. La diferencia entre un susto y una tragedia fue cuestión de centímetros.
Ante esta situación cabría esperar una reacción contundente de los gobiernos. Más medios policiales. Más recursos judiciales. Reformas penales. Más presencia del Estado. Pero ocurre exactamente lo contrario. El socialismo arrastra los pies cada vez que debe enfrentarse a la delincuencia. Lo vimos con la necesaria reforma del Código Penal para combatir la multirreincidencia.
Durante dos años las propuestas impulsadas por el Partido Popular y Junts permanecieron secuestradas en el cajón de la presidenta del Congreso. El PSOE decidió que ni siquiera debían debatirse. Prefirieron dejar impunes a los delincuentes antes que permitir una victoria parlamentaria de la oposición. Así, durante dos años, cientos de multirreincidentes siguieron actuando libremente en nuestras calles. Ese es el nivel de irresponsabilidad política que ha alcanzado nuestra izquierda.
Conviene recordar que María Jesús Montero llegó a calificar de “accidente laboral” el asesinato de guardias civiles a manos del narcotráfico en Andalucía
Lo mismo sucede ahora con el crimen organizado. Las reformas para endurecer las penas vinculadas al narcotráfico y a las organizaciones criminales siguen congeladas. Otra vez en el congelador de Armengol. Otra vez bloqueadas por quienes parecen considerar que cualquier iniciativa útil es inaceptable si no lleva las siglas del PSOE. La irresponsabilidad es de tal magnitud que cabe preguntarse qué interés tiene el Partido Socialista en retrasar sistemáticamente todas aquellas medidas que permitirían combatir con mayor eficacia a los delincuentes. Porque resulta difícil encontrar una explicación racional a tanta pasividad.
Mientras tanto, las organizaciones criminales avanzan. Se fortalecen. Se profesionalizan. Se internacionalizan. Y encuentran en Cataluña un terreno cada vez más atractivo. No solo por la rentabilidad del narcotráfico, sino también por la progresiva retirada del Estado. Durante años se ha debilitado la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se ha transmitido el mensaje de que la autoridad era poco menos que un problema. El resultado está a la vista: menos Estado, más impunidad; menos autoridad, más delincuencia.
No ayuda tampoco la actitud de algunos dirigentes socialistas. Conviene recordar que María Jesús Montero llegó a calificar de “accidente laboral” el asesinato de guardias civiles a manos del narcotráfico en Andalucía. Una frase que retrata a todo un partido. O están extraordinariamente desconectados de la realidad o están demasiado ocupados en otros asuntos. Más pendientes de sus propias cloacas que de las que se extienden por nuestras calles. Más preocupados por sobrevivir políticamente que por garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La consecuencia de todo ello es que España empieza a recorrer una senda peligrosa. La de los países que creyeron que el deterioro de la seguridad era un fenómeno pasajero. La de las sociedades que se acostumbraron poco a poco a convivir con la violencia. Hasta que un día la noticia ya no sea un ajuste de cuentas entre delincuentes. Hasta que un día la víctima sea un ciudadano inocente. Hasta que llegue esa bala perdida que todos sabemos que acabará llegando si nadie lo remedia.