La Izquierda española ‘NIMBY’ y el asalto al mercado de la vivienda

La nueva ley de vivienda acordada por el gobierno de coalición parece, a primera vista, el esperable batiburrillo contradictorio y confuso de medidas presuntamente preservadoras de derechos, pero alineadas cuidadosamente con la habitual narrativa política: ganamos todos, salvo los malos.

Se congelan o reducen los alquileres, pero sólo en algunas zonas, y sólo a los grandes caseros, cuya definición excluirá a los cuadros de la izquierda con aspiraciones inmobiliarias. 

Menos atención se le ha prestado a la desconfianza, cuando no hostilidad abierta, con que el borrador trata a la única solución sostenible a largo plazo para la escasez de fondo: la construcción de nuevas viviendas en las zonas tensionadas.

Lo propuesto va desde el mero obstruccionismo hasta medidas que podrían resultar en la congelación de facto de la producción de nuevas viviendas, como la obligación de destinar el 15% de las viviendas de cualquier nueva promoción al “alquiler social”. El diablo estará en los detalles, pero parece claro que la mentalidad NIMBY ha saltado el charco y ha infectado de lleno a las clases dirigentes del progresismo patrio.

Las siglas NIMBY (literalmente, not in my back yard) vieron la luz en 1979, en el contexto de la oposición de los vecinos a la construcción de vertederos tóxicos en el estado de Virginia. Partiendo de unos orígenes modestos y comprensibles, el concepto evolucionó rápidamente.

Los propietarios de viviendas situadas estratégicamente (la isla de Manhattan o los vecindarios de San Francisco, por ejemplo) vieron cómo sus viviendas se convertían en eficientísimos vehículos de acumulación de riqueza, y entendieron bien que esta revalorización dependía en gran medida de la preservación de una escasez artificial.

La mentalidad NIMBY ha saltado el charco y ha infectado de lleno a las clases dirigentes del progresismo patrio

El movimiento NIMBY utilizó las potentes herramientas políticas y legales disponibles para las clases medias con recursos en los Estados Unidos para crear un marco legal en el que la construcción de viviendas resultaba poco menos que legalmente imposible, precisamente en aquellas ciudades donde más necesaria era.

El resultado ha sido ecosistemas locales que presentan una mezcla curiosa de desarrollo puntero y disfunción medieval. Sueldos altísimos en industrias de alto valor añadido, como tecnología o finanzas, que resultan sin embargo en una pésima calidad de vida porque los trabajadores tienen que elegir entre dedicar horas al transporte diario o gastar la mayor parte de sus sueldos en el alquiler o la hipoteca.

Al principio, lo NIMBY, sin tener una adscripción política clara, tenía connotaciones claramente conservadoras. Hace unas décadas aún costaba enmarcar políticas encaminadas a paralizar el desarrollo económico y proteger los privilegios ligados a la propiedad del terreno como algo progresista.

Sin embargo, parece que la desaparición paulatina de la clase trabajadora de entre los cuadros de la izquierda occidental ha cambiado el panorama. La nueva izquierda, capitaneada por clases medias funcionarizadas, con rentas fijas, o en cualquier caso, desacopladas de la economía local y regional, tiene unos intereses materiales muy diferentes a los antiguos sindicalistas, anclados en el mundo del trabajo y la producción.

Sus intuiciones económicas les llevan a desconfiar del desarrollo económico, del cual no se beneficiarán, y que, muy posiblemente, empeorará su estatus relativo. Con este contexto se entiende mejor, por ejemplo, la aparente paradoja de ver a los Democratic Socialists of America en Nueva York o San Francisco trabajar brazo con brazo con la pequeña nobleza terrateniente de la zona para sabotear la construcción de viviendas.

El impacto de la cosmovisión NIMBY es particularmente fuerte en la vivienda. Se trata de un bien de primera necesidad, cuya provisión requiere de planificación a largo plazo sujeta a restricciones políticas. Además, esa necesidad es puramente local, ya que no es posible trasladar excedentes allá donde sean necesarios.

Todo esto hace que su precio sea susceptible a la existencia de cuellos de botella en su producción, tanto reales como, cada vez más, políticos: la especialidad de la política NIMBY. Como ejemplo, la lucha desesperada de la izquierda madrileña contra la construcción de viviendas en general cabe enmarcarla como protección de los intereses del pequeño casero-propietario inmorentista, la clase social a la que pertenecen o aspiran a pertenecer sus cuadros.

Estos intereses materiales son muy poco estéticos, así que se barnizan como esfuerzos contra la especulación (nunca definida con claridad) y la carestía.

La  idea de que la producción de viviendas adicionales de alguna forma causa un aumento de su precio es una de las falacias más fascinantes en circulación, y su aceptación generalizada entre el electorado de izquierdas es sin duda un gran hito de la comunicación política moderna.

La  idea de que la producción de viviendas adicionales de alguna forma causa un aumento de su precio es una de las falacias más fascinantes

En los EEUU, donde se puede asumir una mínima cultura económica entre la población alfabetizada, la falacia chirría más, y hace falta aderezarla de conceptos como gentrificación, desplazamiento de los habitantes existentes, cambios (presumiblemente a peor) en el carácter de los vecindarios, segmentación de mercados etc.

En España, donde el pensamiento económico aún está en gran medida anclado en torno a justiprecios y quehaydelomiiismo, la narrativa es más sencilla: los alquileres en Madrid son caros porque hay caseros malvados que los suben, y la solución es prohibirles que lo hagan.

Me gusta acabar estas columnas en una nota de optimismo, y esta vez no tengo que esforzarme demasiado. En España, las competencias en asuntos de vivienda están nítidamente delegadas a la comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por lo general, las zonas con escasez acuciante de vivienda están gobernadas por la derecha, con una notable excepción.

Tanto la comunidad de Madrid como el ayuntamiento se han apresurado a asegurar que, en la capital al menos, el plan es resolver la escasez de viviendas mediante el procedimiento ortodoxo de aumentar la producción. Las perspectivas son menos halagüeñas en otras ciudades donde gobiernan NIMBYs convencidos, que rechazan la construcción de viviendas con el mismo entusiasmo que sabotean la ampliación de aeropuertos o anulan proyectos de museos.