Migración: por qué España necesita pasar del melocotón a la sandía 

La política migratoria española centra hoy una parte importante del debate público. Lo que durante años fue un tema de baja conflictividad política y amplio consenso social se ha convertido en un elemento estructural de nuestro debate económico y demográfico. España ha pasado de ser un país emisor a convertirse en uno de los principales receptores de inmigración de la Unión Europea. Sin embargo, seguimos gestionando la migración con instrumentos pensados para otra época, sin datos sólidos y con estructuras institucionales fragmentadas. 

Hace unos días participé en un panel junto a Sergi Pardos-Prado (Universidad de Glasgow) y Gemma Pinyol-Jiménez (Universidad Pompeu Fabra) para analizar precisamente estos retos: cómo diseñar una política migratoria eficaz, legítima y basada en evidencias. El debate giró en torno a tres ejes: la arquitectura institucional, la integración económica y la necesidad de modernizar los instrumentos de política migratoria. 

Los datos de partida son claros. Hoy, casi 6,3 millones de personas con nacionalidad extranjera en España, lo que supone alrededor del 13 % de la población (INE 2024). Este cambio demográfico se combina con un envejecimiento acelerado —la tasa de dependencia de mayores supera ya el 30 % y podría alcanzar el 56 % en 2050— y con una economía que depende estructuralmente de la inmigración para sostener sectores clave como la agricultura intensiva, la logística, la hostelería o los cuidados. La migración, en otras palabras, no es coyuntural: es estructural. Y requiere una estrategia clara, no respuestas improvisadas. 

Uno de los grandes déficits es institucional. El Estado gestiona flujos y asilo; las comunidades autónomas, educación, lengua y sanidad; los municipios afrontan la presión inmediata sobre vivienda y servicios sociales; y Bruselas marca las directrices generales. Pero no existe un espacio estable para coordinar estas competencias. Establecer sistemas de gobernanza intergubernamental permanentes, acompañados de sistemas compartidos de datos y una financiación territorial clara, permitiría respuestas mucho más coherentes y eficaces. 

«El mercado laboral es el tercer eje. Nuestra economía depende de la inmigración, pero los canales de acceso siguen siendo lentos, rígidos y, en muchos casos, informales»

Otro déficit evidente es el informativo. A diferencia de esos países, España no dispone de estudios longitudinales con microdatos que midan la contribución fiscal neta de los migrantes a lo largo de su ciclo vital. En Dinamarca, el Ministerio de Finanzas publica periódicamente balances fiscales por cohortes y origen; en Holanda, estudios como Borderless Welfare State (van de Beek et al., 2023) ofrecen una imagen precisa del impacto económico según edad, cualificación y sector. Aquí seguimos debatiendo a ciegas, con percepciones, no con evidencia. 

El mercado laboral es el tercer eje. Nuestra economía depende de la inmigración, pero los canales de acceso siguen siendo lentos, rígidos y, en muchos casos, informales. Durante el panel subrayé la importancia de vincular la entrada a contratos laborales en origen y programas duales de integración lingüística y profesional, inspirados en experiencias del norte de Europa. Estos programas han demostrado acelerar la inserción, mejorar la productividad y reducir la precariedad. 

En este contexto, la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de implantar un sistema de puntos similar al canadiense o australiano ha reactivado un debate necesario. Este modelo, basado en criterios de edad, idioma o cualificación, aporta orden y previsibilidad, pero también presenta limitaciones: es rígido, responde lentamente a cambios económicos y puede dejar fuera perfiles esenciales para sectores estratégicos. Además, si no se acompaña de políticas de integración sólidas, corre el riesgo de generar una brecha entre expectativas y realidad. 

Aquí es útil la distinción conceptual introducida por Sergi Pardos-Prado: el modelo sandía frente al modelo melocotón. El “melocotón” representa fronteras blandas y políticas internas duras: entrada fácil, pocos derechos dentro. El “sandía”, en cambio, propone lo contrario: una regulación más firme y selectiva en la frontera (la corteza), combinada con derechos muy inclusivos y seguridad de estatus en el interior (la pulpa). Es decir, establecer criterios claros de acceso —normalmente mediante la exigencia de un contrato laboral o un acuerdo de formación previo— y garantizar plena igualdad de derechos una vez dentro. 

Cada vez hay más evidencia, tanto desde la economía como desde la ciencia política, que muestra que el modelo sandía es el que mejor favorece la integración económica y política. Establecer filtros razonables en la frontera mejora el ajuste inicial al mercado laboral; ofrecer derechos plenos y seguridad jurídica fomenta la inversión de los migrantes en aprendizaje de la lengua, capital humano y participación cívica. Los países que han adoptado este enfoque muestran mejores trayectorias laborales, fiscales y políticas que aquellos que aplican restricciones internas duras. 

Las políticas que combinan entradas más duras con aterrizajes más suaves aumentan los niveles de satisfacción democrática y confianza política de los inmigrantes en el país de acogida, lo cual constituye un buen factor disuasorio de la radicalización futura y el malestar social migratorio. Planificar flujos migratorios de forma proactiva, basada en análisis de datos, proyecciones demográficas y necesidades económicas reales. 

España necesita una política migratoria adulta. Eso implica coordinar niveles de gobierno, invertir en datos, actualizar instrumentos y, sobre todo, adoptar un marco normativo que combine filtros de mercado con igualdad de derechos dentro. El modelo sandía no es una metáfora simpática: es una hoja de ruta pragmática, basada en evidencia, para gobernar uno de los grandes vectores estructurales del país en las próximas décadas.