Sanahuja sobornó con 4 millones a Sa Princesa y su tropa
Estos días se ventila en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca otro episodio de corrupción en el que está implicada toda la cúpula del partido Unión Mallorquina, con la célebre Maria Antònia Munar a la cabeza. En el banquillo le hace compañía el empresario barcelonés Román Sanahuja Pons, quien hasta no hace mucho era el principal promotor inmobiliario de Catalunya y uno de los más destacados de España.
El asunto se remonta a 2006, cuando salió a concurso el mejor solar de Palma, conocido como Can Domenge, de titularidad pública. Se presentaron las promotoras de Sanahuja y de Josep Lluís Núñez Clemente, ex presidente del FC Barcelona. La primera ofreció 30 millones de euros; la segunda, 61. Increíblemente, no se adjudicó al mejor postor, sino al peor, o sea, a Sanahuja.
El apaño era tan descarado que menudearon las denuncias, entre ellas una del propio Núñez. En el curso de la investigación el juez ordenó el registro de las oficinas de Sacresa en Barcelona y se incautó de unos papeles manuscritos en los que figuraban todas las claves de la subasta. El documento estaba fechado varios meses antes de su convocatoria pública.
Item más. Sacresa encargó al arquitecto Jean Nouvel los planos del proyecto, consistente en levantar sobre el predio medio millar de viviendas. Nouvel empezó su trabajo siete meses antes de que los pliegos de condiciones se publicaran en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
Serial interminable
Por si semejantes indicios no bastaran, el capitán del yate de Sanahuja reveló al juez que por las fechas de la dichosa puja, había transportado en la espectacular embarcación de 44 metros de eslora “cinco o seis bolsas similares a las del Mercadona, llenas de fajos de billetes”.
“Las cargamos en un coche en Barcelona, las metimos en el barco, atracado en el Port Vell, y a las nueve de la noche zarpamos hacia Palma. Fue una singladura rarísima por la hora y porque habitualmente cuando la familia se traslada a las Baleares suele hacerlo con todos sus miembros a bordo”.
A la mañana siguiente el barco llegó a Palma y acogió una reunión a puerta cerrada. El capitán identificó entre los asistentes “a un político mallorquín y a uno de los hijos de Román Sanahuja”.
Dada la acumulación de pruebas en su contra, no tiene nada de extraño que Sanahuja acudiera a los fiscales y les cantara la Traviata. A cambio de una rebaja de las penas, confesó de plano sus manejos y admitió que altos cargos de Unión Mallorquina le habían filtrado anticipadamente las bases de la licitación.
El culebrón se completó hace pocas semanas cuando Bartomeu Vicens, que fue consejero de Territorio del Govern balear y lleva tres años en prisión, envió al juzgado un mortífero escrito donde explica con todo lujo de detalles la gestación y cuantía de la mordida. Para resumir, Sanahuja desembolsó 4 millones. Maria Antònia Munar, a quien en la isla llamaban “Sa Princesa”, se apropió de 3,1 millones; Miquel Nadal, alto jerarca de Unión Mallorquina, de 450.000; y el propio Vicens, del resto.
Por fin, tras innumerables dilaciones y lances procesales, ahora se está celebrando el juicio oral. Durante las sesiones de esta semana, Vicens destapó con pelos y señales otro soborno, relativo a un polígono de las cercanías de Palma, en el que Munar puso también su mano pecadora. La expresidenta del Consell insular tiene por delante un largo via crucis judicial.
El asunto salpica también a Joan Maria Pujals, ex consejero de Enseñanza y Cultura de la Generalitat catalana entre 1992 y 1999. Cuando se produjo el embrollo de Can Domenge, Pujals era alto directivo de Sacresa. Ha reconocido ante el tribunal que medió entre la empresa y Unión Mallorquina, es decir, que fue quien negoció la comisión de los políticos. En el juicio Sanahuja lo calificó gráficamente de “conseguidor”.
Ladrilleros arruinados y encartados
La vida da muchas vueltas. En 2006, mientras se fraguaba el cambalache de Can Domenge, donde esperaba dar un buen pelotazo, Román Sanahuja andaba enzarzado en una guerra sin cuartel contra el empresario jerezano Joaquín Rivero por el control de Metrovacesa, a la sazón la mayor inmobiliaria española. En su titánica pelea, Sanahuja llegó a disponer de créditos bancarios por 5.000 millones de euros para el asalto a la compañía. Finalmente, pactó con Rivero repartirse equitativamente los activos de Metrovacesa.
Luego la burbuja pinchó, Sanahuja fue incapaz de devolver los créditos y la banca se apoderó de Metrovacesa. El último coletazo de esta descomunal batalla se vivió hace muy pocos días, cuando la empresa Bami Newco, donde Rivero había concentrado parte de los activos segregados de Metrovacesa, se declaró en suspensión de pagos con 600 millones de pasivo.
Previamente, a finales de 2012, el propio Rivero y su histórico socio Bautista Soler, ex presidente del Valencia Club de Fútbol, instaron el concurso de acreedores de otras sociedades de su pertenencia con deudas de 1.600 millones de euros. A su vez, Sacresa y algunas filiales suspendieron pagos en el verano de 2010.
La pelea por el control de Metrovacesa es una de las peripecias más apasionantes que se vivieron durante la pasada burbuja inmobiliaria. Hoy los ladrilleros hispanos ya no compran edificios. Ahora se encuentran en situación de insolvencia o en la banqueta de los juzgados por haber satisfecho sobornos.
