El fisco perfecto en el Estado imperfecto 

Hay una paradoja que define con precisión quirúrgica el carácter de la administración española: el Estado recauda como un reloj suizo y gasta como un adolescente con la primera nómina. España ha construido una de las administraciones tributarias más eficientes del mundo. Lástima que el talento organizativo se haya detenido en la ventanilla de cobros.  

El informe Paying Taxes 2019, elaborado por PwC para el Banco Mundial, sitúa a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) entre las ocho instituciones recaudadoras más eficientes del planeta. Por encima de Alemania, Francia, Italia o Estados Unidos. Para un país que lleva décadas debatiendo su supuesta ineficiencia estructural, la noticia debería celebrarse con fanfarria. Pero conviene leer la letra pequeña: ser campeón mundial en exprimir al contribuyente y campeón europeo en despilfarro presupuestario no son logros que se cancelen mutuamente.  

Esta eficiencia es el resultado de una genealogía institucional muy particular. La historia de la hacienda española tiene nombre propio, y ese nombre es casi desconocido fuera de los círculos especializados. Antonio Barrera de Irimo, Ministro de Hacienda y Vicepresidente del Gobierno en los años finales del franquismo, fue el arquitecto silencioso de la modernización fiscal española.

Tecnócrata antes que político, profesor de Hacienda Pública en Deusto, desde la presidencia de la Compañía Telefónica Nacional anticipó sin saberlo el vocabulario de la globalización: joint ventures con la italiana Telettra, alianzas con la sueca Ericsson para conmutación, acuerdos con General Cable.

Y fue él quien, mucho antes de que Felipe González descubriera las bondades del capitalismo popular en los años noventa, logró que más de doscientas mil españoles se convirtieran en pequeños accionistas de Telefónica. Dimitió en otoño de 1974 en solidaridad con Pío Cabanillas cuando Franco lo cesó por permitir, según los custodios del régimen, “demasiada libertad a la prensa”. Le llamaron traidor, liberal y masón. La historia tiene sus ironías. 

Pero el otro ingrediente de la receta fue tecnológico, y llegó con etiqueta azul. En los años setenta, IBM consolidó su dominio en España introduciendo la serie System/370: mainframes de silicio que procesaban datos con una velocidad entonces inimaginable para una administración acostumbrada al papel carbón. Hacienda fue uno de los grandes beneficiarios de aquella revolución silenciosa. Los ordenadores de IBM no transformaron solo la velocidad del cómputo; transformaron la concepción misma de lo que un Estado podía saber sobre sus ciudadanos. La modernidad llegó al fisco antes que al resto. 

Cincuenta años después, la AEAT se prepara para un salto de escala comparable. Su Plan Estratégico incorpora la inteligencia artificial como herramienta central de gestión. El lenguaje del documento es pulcro y tranquilizador: la IA se alineará con los valores institucionales, priorizará el servicio al ciudadano, respetará el marco normativo. Lo que no dice el documento con la misma claridad es lo que implica en la práctica: un sistema capaz de utilizar deep learning para analizar el ingente volumen de datos que la administración acumula sobre cada contribuyente y tomar decisiones –o recomendaciones vinculantes– de manera casi autónoma. 

«España tiene una de las administraciones más eficientes del mundo: la que cobra»

Esto va mucho más allá del «cruce de datos» con el que la AEAT ha operado hasta ahora. No se trata de buscar discrepancias entre la declaración de la renta y los movimientos bancarios. Se trata de un sistema que razona, pondera y anticipa. Que puede detectar comportamientos sospechosos antes de que el contribuyente haya cometido ninguna irregularidad. Minority Report aplicado al IRPF. 

La pregunta que nadie formula con suficiente insistencia es esta: ¿por qué el Estado español ha destinado su mayor talento organizativo y su mayor ambición tecnológica al brazo recaudador y no al brazo ejecutor del gasto? La AEAT es una institución de primer orden mundial. El resto de la administración pública española –sanidad desbordada, justicia lenta, infraestructuras irregulares, burocracia kafkiana– no aparece en ningún ranking de eficiencia global. 

Barrera de Irimo construyó un fisco moderno porque entendía que la Hacienda pública es la columna vertebral del Estado. Lo que nadie se molestó en construir con el mismo rigor fue el resto del esqueleto.  

España tiene, pues, una de las administraciones más eficientes del mundo: la que cobra. Y una de las menos eficientes en lo que hace con ese dinero. Una proeza técnica al servicio de una disfunción estructural. Eficiencia en la extracción, mediocridad en la devolución. Un modelo que la inteligencia artificial no va a corregir, porque los algoritmos optimizan lo que se les pide que optimicen. Y aquí, desde hace décadas, solo se les pide una cosa: que no se escape ni un euro.