Un bloque de pisos en Barcelona. La nueva ley catalana de alquileres tendrá afectos perniciosos sobre la economía y los colectivos más vulnerables. /EFE

La ley catalana de alquileres desplazará las inversiones a Madrid

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Los efectos perversos de la nueva ley catalana para limitar los alquileres de viviendas: incentivará el dinero negro y perjudicará a los más vulnerables

Economía Digital

Un bloque de pisos en Barcelona. La nueva ley catalana de alquileres tendrá afectos perniciosos sobre la economía y los colectivos más vulnerables. /EFE

Barcelona, 08 de septiembre de 2020 (04:55 CET)

La asociación de propietarios de viviendas en alquiler ASVAL y la patronal Foment del Treball advierten que se producirá un traslado de inversiones inmobiliarias de Cataluña hacia otras comunidades autónomas, especialmente a Madrid, si este miércoles se aprueba la ley catalana para limitar el precio de los alquileres.

La asociación de propietarios que dirige Beatriz Toribio recalca que, de aprobarse esta nueva ley, generará “enormes desequilibrios” en el mercado del alquiler en Cataluña y ahuyentará la inversión necesaria para desarrollar un sector profesionalizado ante la falta de seguridad jurídica. Además, el desarrollo del mercado inmobiliario catalán puede verse “seriamente perjudicado”, al provocar que el interés de los inversores se traslade a otras comunidades autónomas, especialmente a Madrid.

En el mismo sentido, la patronal que preside Josep Sánchez-Llibre indica que esta ley provocaría que los inversores pierdan interés por el mercado inmobiliario catalán y, por lo tanto, que se decanten por otras autonomías. Desde Foment se insiste en que esta medida legislativa “hundirá” a medio plazo el sector inmobiliario en Cataluña.

En sendos comunicados, tanto ASVAL como Foment coinciden en señalar que las inversiones se frenarán en Cataluña. En la junta directiva de la patronal catalana de este lunes, Sánchez Llibre tomó la palabra para detallar los perjuicios que causará esta ley si finalmente se aprueba este miércoles, tanto para los propietarios como para los inquilinos.

Efectos perversos

Aunque parezca una herramienta legal que beneficie a los inquilinos, Foment insiste en que los acabará perjudicando. Las limitaciones de precios harán que la oferta sea más pequeña, que los posibles inquilinos queden insatisfechos y, por tanto, perjudicará a las personas que solo puedan optar al alquiler. Encima, si hay diferencias significativas entre el precio de mercado y el límite que marque la ley, facilitará que se realicen pagos en negro.

La inmensa mayoría de las viviendas de alquiler en Cataluña son de pequeños propietarios que verán afectada la renta. En muchos casos, optarán por la venta con el objetivo de obtener liquidez, con lo que descenderá el parque de vivienda en alquiler.

En un mercado globalizado, con libertad de capitales, las restricciones al rendimiento inmobiliario harán que los inversores busquen otros activos o localizaciones fuera de Cataluña, según advierte Foment. Por tanto, dejará de tener sentido el objetivo de la norma, ya que supondrá la disminución de la oferta de vivienda de alquiler a medio plazo.

Incentivará la venta, pero no el alquiler

Los particulares decidirán vender en lugar de alquilar a causa de la limitación de las rentas. Por lo tanto, disminuirá la oferta en alquiler y, en consecuencia, previsiblemente subirán los precios hasta el límite regulado. Los precios tenderán a incrementarse hasta alcanzar el límite legal.

Estos no son los únicos afectos perversos de la normativa que se someterá a votación en el parlamento catalán. ASVAL enfatiza que esta ley “incentivaría la economía sumergida”, ya que muchos propietarios podrían verse tentados a compensar ilegalmente la diferencia entre el precio regulado y el de mercado. “Esto generaría graves consecuencias para los inquilinos, la salud de la economía catalana, sus ingresos fiscales y para el grueso de los propietarios, ya que la mayoría actúa conforme a la ley”.

La ley perjudicaría a los colectivos más vulnerables a los que precisamente pretende proteger. En un mercado con falta de oferta, el propietario tenderá a favorecer a los inquilinos con mayor solvencia frente a quienes tienen rentas más bajas. Las familias con menores ingresos tendrán grandes dificultades para encontrar una casa. Hay que tener en cuenta que en Cataluña el stock de vivienda social es bajo.

Tanto ASVAL como Foment también coinciden en que la nueva ley de limitación de alquileres, tal como esta planteada, vulnera la Constitución y el Estatut. Además, la Generalitat no tienen competencias para regular los alquileres, tal como constató el Consejo de Garantías Estatutarias. La asociación de propietarios de viviendas de alquiler no descarta plantear a las formaciones políticas la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

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