La patronal inmobiliaria acusa al Gobierno de «populista»

Después de poner a hibernar la economía, el gobierno de Pedro Sánchez anunció este martes el lanzamiento un paquete de 700 millones de euros en ayudas al pago de los alquileres​ que dará la posibilidad a los inquilinos a pedir aplazamientos. A pesar de contar con el visto bueno de la ministra Nadia Caviño –la visión más ortodoxa el Ejecutivo–, los representantes de Unidas Podemos lograron que los grandes tenedores de viviendas tengan que amoldarse de una manera u otra las demandas de los arrendatarios más vulnerables. “Son posturas populistas”, atacan desde la patronal de grandes propietarios.

La Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio de Alquiler (ASIPA) es la patronal que engloba a empresas como Colonial, Merlin Properties, Núñez y Navarro o Unibail-Rodamco. La agrupación no dudó en atacar las medidas lanzadas por la administración: “Lamentamos que las posturas populistas hayan introducido, para todo el que tenga más de 10 viviendas, el concepto de gran tenedor para discriminarlo injustificada y arbitrariamente”.

El mercado del alquiler español está formado en un 96% por particulares y en un 4% por grandes empresas. El Ejecutivo permite a los individuales negarse a aceptar el aplazamiento de los pagos, pero arrastra a los grandes arrendadores a aceptarlo. De no hacerlo, se ven obligados a escoger entre reestructurar la deuda en tres años o hacer una quita del 50% en el alquiler de un máximo de cuatro meses.

Blackstone: «Trabajamos para implementar las nuevas medidas y dar apoyo a los inquilinos»

Tras conocer la distinción, ASIPA recordó que algunas de sus afiliados son empresas cotizadas “que representan a millones de ciudadanos individuales que deciden unir sus ahorros para facilitar inversiones colectivas”. “Pone en riesgo el futuro del acceso a la vivienda de los españoles al atentar contra la necesaria seguridad jurídica”, añade.

Más allá de las críticas, la patronal también dijo en un comunicado que valoraba «positivamente» los microcréditos avalados por el Estado a los inquilinos a los que el Covid-19 haya golpeado económicamente.

Mucho más comprensivo se mostró el mayor propietario de viviendas de España. Un portavoz de Blackstone; accionista de Testa, Fidere, Anticipa y Aliseda; señala que ya trabajan «para implementar las nuevas medidas y dar apoyo a nuestros inquilinos en situación de dificultad, para que puedan superar esta situación». «Ya avanzamos hace unos días que prestaría especial atención a las familias vulnerables afectadas por el Covid-19 que no pudieran asumir el pago del alquiler», añade.

​Los alquileres se renuevan automáticamente

El ejecutivo socialista también aprobó que todos los contratos de alquiler que venzan durante el estado de alarma y los dos meses siguientes se prorrogarán automáticamente hasta un periodo máximo de seis meses en los que se seguirán aplicando los términos y condiciones vigentes en el anterior acuerdo.

El Gobierno también ha decidido aplazar las hipotecas de los inmuebles donde se lleven a acabo actividades económicas, así como la aplicación de la moratoria para los locales y oficinas de autónomos y se simplifican los criterios de vulnerabilidad para que no se den lugar a interpretaciones que limiten derechos. 

Por último, Sánchez decidió suspender los desahucios para todos los hogares con personas en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional durante seis meses. Será el inquilino el que deberá acreditar tal situación.