Ley de Vivienda o barra libre de suelo: la batalla por el alquiler y la compra marca el futuro de Aragón
Las elecciones enfrentan dos modelos antagónicos: intervención pública y control de precios frente a liberalización de suelo y aumento de la oferta de vivienda
Montaje realizado por Economía Digital.
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Este 8 de febrero, Aragón acude a las urnas en unas elecciones autonómicas marcadas por la ruptura entre PP y Vox y por un debate que ha eclipsado casi cualquier otro: la vivienda. Comprar, alquilar o simplemente acceder a un techo digno se ha convertido en la gran preocupación de miles de aragoneses, y los partidos lo saben.
Las propuestas sobre la mesa dibujan dos modelos antagónicos: intervenir el mercado para controlar precios o liberalizar suelo para aumentar la oferta. Entre medias, un abanico de medidas que van desde avales públicos para jóvenes compradores hasta la creación de bancos de vivienda rural.
El escenario electoral es inédito. Hasta quince papeletas distintas en función de la provincia, y en todas ellas las casas aparecen como eje vertebrador.
Jorge Azcón, el candidato del Partido Popular, ha puesto sobre la mesa un plan de vivienda pública en alquiler con opción a compra futura. Su estrategia pasa por facilitar el acceso mediante incentivos fiscales y colaboración público-privada.
La medida estrella: avalar el 15% del crédito hipotecario para jóvenes de entre 18 y 39 años que quieran adquirir su primera casa en Aragón. Una propuesta dirigida a un segmento de población con dificultades para reunir la entrada que exigen las entidades financieras.
Pero el PP no se queda ahí. Propone reducir a la mitad el impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra, pasando del 8% al 4% para inmuebles de hasta 225.000 euros, con especial énfasis en los compradores jóvenes.
Frente al modelo de Azcón, el PSOE defiende un patrimonio público permanente. Su propuesta es clara: la vivienda construida con fondos públicos no debe privatizarse jamás.
Los socialistas establecen además un tope de 500 euros mensuales para el alquiler público y respaldan la aplicación de la Ley estatal para regular precios en zonas tensionadas, aquellas donde el acceso se ha vuelto particularmente difícil por la escalada de rentas.
El programa socialista incluye también la construcción de residencias y viviendas para estudiantes, la reutilización de solares y edificios en desuso, y un mayor control sobre los pisos turísticos, reforzando las competencias de los ayuntamientos para regular un fenómeno que ha disparado los precios en algunos cascos históricos.
En el extremo opuesto, Vox plantea una liberalización radical. Su apuesta pasa por desbloquear suelo urbanizable para construir al menos 7.000 casas nuevas cada año. La premisa es sencilla: más oferta, precios más bajos. Una lógica de mercado sin intervención estatal sobre las rentas.
La formación de Santiago Abascal complementa su propuesta con una reforma fiscal dirigida a jóvenes y familias, y sitúa la okupación en el centro de su discurso, proponiendo endurecer la normativa autonómica para agilizar desalojos y proteger a los propietarios.
Podemos propone una nueva Ley de Vivienda aragonesa y destinar un 2% del presupuesto de inversión a políticas. Su objetivo: crear 5.000 casas públicas en diez años y combatir la especulación limitando los pisos turísticos e impidiendo la compra de viviendas que no sean para uso residencial habitual.
Izquierda Unida, por su parte, defiende el alquiler social obligatorio como alternativa al desahucio para personas vulnerables y la calificación permanente de la vivienda protegida. Su apuesta pasa por garantizar el derecho constitucional a una casa digna mediante regulación estricta, especialmente de la vivienda turística.
Los regionalistas aragoneses también centran su campaña en la vivienda
El partido de Tomás Guitarte, Aragón Existe, pone el foco en el mundo rural y en un problema evidente: miles de viviendas vacías. Su propuesta estrella es un Banco Público de Vivienda Rural que movilice estas casas mediante contratos garantizados con la Administración, asegurando a los propietarios un ingreso estable y al inquilino un alquiler asequible.
Aragón Existe apuesta además por la rehabilitación exprés, la eficiencia energética y la reducción de impuestos en pequeños municipios. Y en zonas turísticas, defiende topes al alquiler. El compromiso presupuestario: elevar el gasto en vivienda hasta el 1% del presupuesto autonómico.
La Chunta Aragonesista defiende una Ley Aragonesa de Vivienda propia y el refuerzo de Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) como agente central. Su objetivo: desbloquear suelo público y promover vivienda, especialmente en municipios en riesgo de despoblación.
El 8 de febrero, Aragón decidirá entre intervenir o liberalizar, entre proteger el patrimonio público o fomentar la compra, entre regular precios o aumentar la oferta. Dos modelos enfrentados para un problema compartido: el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los aragoneses, y las urnas dirán qué camino tomar.
