Clamor inmobiliario contra los 1.600 millones en vivienda pública en España: hace falta «siete veces más»
Fuentes del sector califican la cifra récord de "rehabilitaciones cosméticas" y alerta de que España invierte apenas el 0,1% del PIB en vivienda
Montaje realizado por Economía Digital.
Comentarios
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos han licitado en 2025 un total de 1.635 millones de euros en vivienda pública, un récord histórico que más que duplica los 747 millones de 2023. Pero para el sector inmobiliario estos números no cambian nada: la cifra es «pura inercia» y hace falta invertir siete veces más para que España empiece a corregir de verdad el problema de la vivienda.
«Estamos ante una cifra que, aunque récord, es financieramente irrelevante para corregir el ciclo de precios actual», señala una fuente del sector a preguntas de este medio.
Su argumento es sencillo pero devastador: la inversión pública actual en vivienda apenas roza el 0,1% del PIB. Para que España alcance los estándares de los países europeos líderes en vivienda social —Austria, Países Bajos o Francia, donde el parque público supera el 10-15% de las viviendas frente al 3% español— necesitaría inyectar de forma recurrente 7.000 millones de euros anuales durante la próxima década.
No todas las comunidades se esfuerzan por igual. País Vasco, Cataluña y la Comunidad de Madrid han licitado conjuntamente 761,5 millones de euros, prácticamente la mitad de todo el dinero nacional, según datos de Seopan.
El País Vasco lidera con 293,6 millones, de los que el 85% corresponde a obra nueva. Cataluña aporta 238,1 millones y Madrid cierra el podio con 229,8 millones.
La brecha es significativa: mientras estas tres comunidades invierten una media de 253,8 millones cada una, las otras 14 regiones no supera los 62,4 millones de media, exactamente cuatro veces menos. Fuera del podio, Canarias emerge como la gran historia de crecimiento, con 209 millones en 2025 tras partir de 82,9 millones en 2023.
Pero las fuentes consultadas van más allá de la cuantía total y apuntan a tres deficiencias estructurales que, en su lectura, convierten cualquier cifra de licitación en un parche.
Más inversión para vivienda pública
El primero es el gap de financiación ya descrito. Sin alcanzar el 1% del PIB en inversión pública en vivienda España simplemente no tiene capacidad real de producir un parque social comparable al europeo.
El segundo tiene que ver con la forma en que se gasta ese dinero. «Seguir licitando obra nueva bajo métodos tradicionales es una ineficiencia presupuestaria», argumentan las fuentes. La solución que propone es la industrialización de la construcción: pasar de los plazos de ejecución actuales, que oscilan en torno a los 21-24 meses, a 12 meses mediante construcción en fábrica.
El tercer pilar es quizás el más complejo y el que tiene más consecuencias inmediatas sobre el precio de la vivienda. «La paradoja española es que hay suelo, pero no hay producto«, señalan.
El coste del suelo representa hasta el 40% del valor de una vivienda y la burocracia urbanística, con sus impugnaciones y sus plazos dilatados, paraliza miles de millones en inversión potencial. La fuente aboga por una nueva Ley del Suelo que blinde los planes generales frente a recursos menores y por aplicar inteligencia artificial en la agilización de licitaciones.
«Un euro invertido en agilizar licitaciones mediante inteligencia artificial y silencio administrativo positivo genera más impacto que diez euros invertidos en ladrillo directo«, argumenta.
La conclusión de la fuente es clara. Sin una colaboración público-privada masiva, donde el Estado aporta el suelo en derecho de superficie y el sector privado la capacidad de ejecución, los 1.635 millones no representan un punto de inflexión real.
«Si no escalamos la inversión al 1% del PIB y profesionalizamos la gestión del suelo, seguiremos gestionando la escasez en lugar de producir abundancia», concluye. «2025 es un paso adelante, pero seguimos en el kilómetro cero de la maratón.»
